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El rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, admite que hubo un “un sesgo alevoso” en las informaciones que presagiaban recortes en becas estudiantiles ante la decisión de destinar ¢35.000 millones del Fondo Especial para Educación Superior (FEES) a infraestructura y equipamiento.
Salom atribuye dicha tergiversación a “cabezas calientes” que, según dice, pretenden perjudicar a los rectores, aunque acepta que el tema de las becas formaba parte de la convocatoria oficial a una marcha que movilizó a miles de estudiantes este martes.
El jerarca también reconoce que, desde setiembre pasado, asesores de las universidades identificaron junto con asesores de Casa Presidencial, partidas presupuestarias del FEES del 2020 que se pueden reclasificar para cubrir la obligación de destinar esos ¢35.000 millones a gastos de capital.
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De hecho, sostiene que, en el caso de la UNA, las becas nunca estuvieron en peligro
Salom alega que, aunque ya conocian la posible salida, se mantuvo el llamado a la marcha porque "era necesaria esa fuerza para constituir un hecho político y decir ‘no, un momentito, con las universidades no se juega’”.
A continuación, un extracto de la conversación sostenida este miércoles por el rector de la UNA con La Nación:
–En la reunión de este martes ustedes llevaron la propuesta al Ejecutivo, de renombrar gastos corrientes y pasarlos a gastos de capital y así juntar ¢35.000 millones que tenían que destinar del FEES a inversión. ¿Cómo fue?
–No es que no supiéramos que teníamos partidas que a unos u otros nos parecían que estaban mal clasificadas, pero como habíamos acordado en la Comisión de Enlace que esos recursos de inversión los íbamos a sacar de los pluses (superávit) no fue necesario en ese momento revisar eso. Resulta que al Gobierno la propuesta nuestra no les servía; a ellos no les sirve clasificar superávits que vienen de presupuesto de atrás, porque ya los teníamos específicamente como inversión, entonces ellos no ganan nada en el sentido de buscar partidas nuevas.
"La mayoría estaban en gastos de operación, pero consideramos que teníamos hasta más de ¢70.000 millones para invertir (con superávit), y eso es cierto, y los seguimos teniendo, pero el Gobierno nos dijo ‘esa inversión no nos sirve porque ustedes ya la tienen clasificada como inversión’.
“Todo lo que hicimos fue un acto generoso a petición decente del (ex)ministro de Educación Pública (Édgar Mora) porque Rocío (Aguilar, exministra de Hacienda) se ausentó de las conversaciones en vez de haberlo planteado ahí. ¿Por qué no lo planteó, por qué no usó la vía del diálogo?¿Sabe por qué? Porque ella nos quiere estrujar, pues ya ha dicho en otros contextos que no cree en las universidades públicas y nos quiere estrujar, pero nos quiere estrujar más de la cuenta”.
¿Cuándo se dieron cuenta de que tenían rubros mal clasificados?
–Cuando Rocío Aguilar manda el presupuesto el 30 de agosto, a nosotros nos alerta Eduardo Sibaja, director de OPES (Oficina de Planificación de la Educación Superior) y nos dice: ‘Estamos en problemas, Rocío Aguilar mandó un clasificador de Hacienda de egresos que nos obliga a presupuestar del FEES, ¢70.00 millones en infraestructura’. ‘Cómo’, dijo todo el mundo, jamás nos podríamos haber comprometido con algo así.
¿Cuándo fue que ustedes empezaron a hacer esa reclasificación de gastos?
–Hablamos con el presidente el 9 de setiembre, nueve días después de que Rocío lo había mandado (el presupuesto) , Aprovechamos la visita de él al Conare. Recibió la noticia de nosotros que Rocío Aguilar se había saltado el acuerdo de la Comisión de Enlace sobre los ¢70.000 millones y mandó un clasificador unilateralmente.
“Después, el presidente se preocupó muchísimo. Estaba Guiselle Cruz, la ministra de Educación, que le dijo delante de nosotros ‘así como dicen los rectores, así fue el acuerdo, no como dice Rocío Aguilar’. (Contestó el presidente) Ayyy, Guiselle pero qué torta, ya teníamos todo cuadrado para nivelar el presupuesto de educación con la ayuda de esos ¢70.000 millones. Nosotros le dijimos ‘esos ¢70.000 millones así como lo quiere Rocío Aguilar, nos mete a nosotros en un problema grande’”.
Entonces, van a la Asamblea, y allí recortaron los ¢70.000 millones a ¢35.000 millones.
–Habíamos planteado ante la Comisión que investiga el FEES que Rocío Aguilar había ido a esa comisión y no dijo la verdad. Ella manifestó: ‘Los obligamos a presupuestar, luciéndose con los diputados, ¢70.000 millones del FEES como gastos de inversión’. Sentíamos que la Asamblea Legislativa no era la vía para resolver eso, era a través del presidente de la República, y seguimos trabajando con él.
"En eso se presentó, como en la segunda quincena de setiembre, la inquietud de algunos diputados de que podrían cambiar el clasificador y se dieron cuenta de que variar los ¢70.000 millones era muy difícil. Entonces, presentaron tres mociones, dos para cambiar los ¢70.000 millones (a ¢35.000 millones) y una para modificar ¢35.000 millones, porque consideraban que eso podía ser más aceptable.
“El 9 de setiembre hablamos con el presidente, nos volvimos a reunir una vez más con él, conversaciones iban y venían, él dijo que él hablaba con la contralora (Marta Acosta)”.
–¿Cuando se anunció, el 16 de octubre, que los diputados recortaron a ¢35.000 millones la inversión del FEES en capital, ahí ustedes sabían que se iba a reclasificar partidas?
–Ya nuestros asesores en los programas de gestión financiera nos alertaron que en el FEES del 2020 habían bastantes recursos, mal clasificados a juicio de ellos, que podrían ser clasificados como inversión de capital en vez de gasto corriente. Eso fue en la segunda quincena de setiembre. Ellos empezaron a trabajar con asesores del presidente en agudizar la lente para ver cuáles partidas de los presupuestos universitarios podrían ser susceptibles de ser clasificadas
-¿Desde cuándo estaban trabajando los asesores del presidente con sus asesores?
–Los asesores con ellos, a grosso modo, después de la segunda quincena de setiembre. Apenas el 9 de setiembre abordamos al presidente; ahí nos dimos cuenta de lo que había hecho Rocío. Seis días después de la reunión con el presidente, de estar conversando y buscándolo, se empezó a trabajar.
–¿Después de la segunda quincena de setiembre, los asesores de Casa Presidencial con los asesores de las universidades empezaron a reclasificar rubros mal distribuidos?
–Reclasificamos nosotros por Constitución y les estuvimos pasando. Eso sí, antes de la reunión de ayer (miércoles), les estuvimos pasando la investigación que estábamos haciendo, mucha de la cual fue sugerida por los propios funcionarios de la Contraloría (General de la República) que nos dijeron ‘esa partida está mal clasificada, la tienen como gasto de operación y es inversión de capital’.
–¿Por qué estaba mal clasificado?
–Porque eso es un asunto muy técnico y la regla fiscal es muy reciente. Todo eso viene a partir de la obligación que impone la regla fiscal de controlar el crecimiento del gasto corriente, antes a nosotros qué nos importaba que estuviera mal clasificado si no tenía ninguna consecuencia, pero ahora sí la tiene.
–¿Por qué los rectores alertaron a los estudiantes que habría afectación en las becas?
–Que podríamos... (tener afectación). El problema era es que si metemos una acción de inconstitucionalidad, cuánto va durar eso. Mientras tanto, tenemos que encajar el golpe, entonces el 30 de noviembre que sale el presupuesto aprobado de la Asamblea, si salía con ese clasificador de ¢70.000 millones, nosotros decíamos ‘así no podemos funcionar’. Los rectores, en ese momento, no teníamos tan claro (la reclasificación); probablemente ya los funcionarios que nos asesoran habían identificado algunas partidas, pero ni ellos sabían que había tanto (¢41.000 millones de partidas de inversión que estaban clasificadas como gastos corriente).
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–¿Por qué, entonces,convocaron a la marcha? Los estudiantes hablaban de reducción en las becas, ¿por qué se dio ese discurso?
–Creo que ahí hubo en parte una información que se sesgó. Había algunas universidades que decían ‘si nos obligan a invertir ¢70.000 millones contra el FEES, no tenemos cómo hacerle frente a las becas de los estudiantes’, lo cual, digamos en teoría es cierto, pero yo dije ‘cualquier cosa rebajo menos las becas de los estudiantes, si llegamos a ese punto’. Es que hemos estado a punto de llegar ahí.
–A los estudiantes se les dijo que se iban reducir becas.
No, no que se iban a reducir, o sea, algunos de nosotros pusimos (en redes) la cifra como que ¢70.000 millones equivale a siete veces el presupuesto que la UNA invierte en becas, equivale a tanto por ciento del salario de los profesores. Muchos entendieron ese ejemplo como, pienso yo, no sé de dónde salió, eso, también de cabezas calientes que siempre andan viendo donde agarran a los rectores porque son la autoridad.
–¿Las becas nunca estuvieron en peligro?
En la UNA no, porque lo que estaba en peligro era el presupuesto de la universidad como un todo. Yo le digo a Pedro, mi vicerrector de Administración, vea a ver cómo hace sin tocar becas y sin tocar salarios de profesores. Qué difícil, el salario de los profesores representa el 87% del FEES en la UNA.
–¿Por qué mantuvieron la convocatoria de ayer (miércoles)?
–Ahhh, porque era necesario esa fuerza para constituir un hecho político y decir ‘no un momentito con las universidades no se juega, aquí hay una ilegalidad que es una inconstitucionalidad’. Nosotros queríamos que la reunión de este martes saliera bien.
–Pero ustedes sabían que la reunión del martes con el presidente iba a salir bien, porque ya tenían esa reclasificación de gastos desde antes y que ya cumplían con los ¢35.000 millones.
–Ahhh no, pero no sabíamos que iba a salir bien, porque desconocíamos con quién nos íbamos a encontrar. Qué hubiera pasado si hubiera estado Rocío Aguilar ahí. El presidente sabe por qué pone a los que pone, por qué a otra persona y cuál es el problema, no le está serruchando el piso, nada más está diciendo ‘Rocío aquí no porque se va a agarrar con los... y me interesa que surja un acuerdo, porque viene gente de Puntarenas desfilando y viene gente de Limón’
–Pero cuál acuerdo si ustedes ya se sabían desde antes que los ¢35.000 millones se iban a reclasificar. ¿Qué ocupaban para que quedara en firme?
–Que el presidente firmara el acuerdo y que la ministra de Educación firmara y que también lo hiciera el ministro de la Presidencia delante de diputados, de todos nosotros, y de todos los estudiantes y que reconociéramos que las cosas no son como se han venido haciendo y que una ministra no se puede alzar en un momento determinado. No puede interpretar que su acuerdo emanó de la Comisión de Enlace.
–Considera que hubo tergiversación de que los estudiantes se iban a quedar sin becas y de que iban a despedir profesores.
–Sí, fue un sesgo y un sesgo alevoso que a mí me parece, no sé si alguien lo uso para intimidar al presidente.
–Pero desde Conare (Consejo Nacional de Rectores) se mandó un comunicado (el 14 de octubre) de que las universidades estaban en problemas, las becas y docentes
–Eso sí, porque le acabo de explicar que el 87% del FEES del 2020 se va en salarios, cómo hacíamos si nos clavaban ¢70.000 millones que teníamos que convertir en presupuesto de inversión, de dónde los sacó. El susto mayúsculo nuestro es que cuando Eduardo nos alertó, yo decía ‘Pedro y qué’, (y él contestó) ‘diay, don Alberto, el 87% del FEES son salarios’.
