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Un estudio actuarial advirtió a la Universidad Nacional (UNA) que a partir de 2028, las remuneraciones de sus 3.300 trabajadores se comerán todos los recursos que recibe del Estado.
Alberto Salom, rector de la Universidad, reconoció ese riesgo, este lunes, durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en la Asamblea Legislativa.
“Si nosotros siguiéramos gastando el presupuesto laboral al ritmo en el que lo hicimos entre 2005 y 2015 vamos a tener problemas. Probablemente, la totalidad del presupuesto por transferencias (FEES) tendría que utilizarse para pagar salarios, no quedaría nada para investigar, nada para extensión y eso es parte de un modelo irrenunciable de la Universidad, de manera que estamos avisados”, afirmó Salom.
Según datos de las autoridades universitarias, actualmente consumen el 83% de la transferencia del Estado en obligaciones patronales.
La Universidad de Costa Rica (UCR), Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) corren con la misma suerte, según el Ministerio de Hacienda.
Todas esas instituciones de enseñanza superior gastarán todos sus recursos del FEES en salarios y pluses a partir de 2030, de acuerdo con los señalamientos de Hacienda.
El rector de la UNA reconoció que algunos privilegios excesivos que gozan los profesores, funcionarios y trabajadores de la universidad, como las anualidades, ponen en peligro el futuro financiero de la institución.
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Sin embargo, afirma estar amarrado de manos por un artículo de la convención colectiva que le impide renegociar los privilegios de los funcionarios ahí contenidos, si el Sindicato de Trabajadores de la UNA (Sitún) no está de acuerdo. Algo que según dice, ha ocurrido hasta ahora.
En julio anterior, el rector presentó una acción ante la Sala IV para que declare inconstitucional el mencionado artículo.
“Tendríamos que lograr que la Sala Constitucional le dé recibo a la acción contra el artículo 185, mediante el cual se nos impide a nosotros denunciar la convención colectiva”, señaló Salom.
Aunque afirma que el principal problema del acuerdo laboral son las anualidades, hay otros privilegios que desordenan las finanzas de la UNA, como por ejemplo, los 34 días de vacaciones a los catedráticos con 20 años o más de ejercer en la Universidad.
“Yo creo que son excesivos. Las vacaciones se hicieron para disfrutarlas con la familia, no para acumularlas ¿y cómo se gastan esas vacaciones después?”, afirmó Salom.
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) le repartió más de ¢117.000 millones a la UNA el año anterior, pero de esos recursos, ¢48.000 se gastaron en remuneraciones y otros ¢34.000 se repartieron en pluses salariales, según el sistema de información presupuestaria de la Contraloría General de la República.
‘Cumplimos la regla fiscal’
Durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el rector de la UNA también sostuvo que todas las instituciones públicas de educación superior cumplirán la regla fiscal el año entrante, aunque mantienen su oposición a dicha medida.
La norma contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal, establece que ninguna institución pública puede elevar sus gastos corrientes para el 2020 en más de un 4,67% en comparación con su presupuesto del presente año.
“Todas las universidades tienen un porcentaje de (aumento en) inversión en gasto corriente que está por debajo del aumento que se ha establecido por la regla fiscal. Todas estamos por debajo, nos hemos cerciorado”, aseveró Salom.
El jerarca universitario compareció ante los diputados de la comisión que analiza el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según dijo, hablaba a nombre de los rectores de los centros estatales.
“Todas las universidades estamos por debajo del 4,67%. Ninguna de las universidades tiene un gasto mayor”, sostuvo. Según datos de la Universidad Nacional, sus gastos corrientes para el 2020 apenas aumentarán en un 1,03%.
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Durante la comparecencia, Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó al rector: “Si todas cumplen con lo establecido por la regla fiscal ¿por qué no retira la acción de inconstitucionalidad?”.
Salom respondió que no echarán para atrás con esta diligencia pues sostienen que las universidades públicas no están entre las entidades que cubre la reforma fiscal, aprobada en diciembre anterior.
“Hemos interpuesto una apelación porque, tal y como está planteada (la regla fiscal), es inconstitucional”, señaló el rector universitario.
Sin embargo, Salom aceptó que para poder cumplir con el aumento en el pago de salarios y pluses establecidos a los más de 3.300 trabajadores de la Universidad Nacional, tendrán que echar mano a montos subejecutados en años anteriores.
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“El superávit es inversión que nosotros no podemos utilizar en gasto corriente, pero hay una subejecución laboral que hemos recogido y eso nos ha permitido redistribuir entre las universidades académicas para poder hacerle frente al incremento vegetativo del FEES”, señaló.
Para el próximo año, los recursos con los que las universidades públicas financian la mayor parte de su funcionamiento crecerá 2,3%, como acordaron con el Poder Ejecutivo los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de la UNA.
En total, el FEES ascenderá a ¢512.782 millones, de los cuales a la UNA le tocará un 23,4% de los recursos, es decir, más de ¢119.990 millones.
