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"Hace un tiempo hubo un muerto contiguo a la escuela. Entonces, los maleantes tiraron balas y una ingresó al comedor y se incrustó en una pared, por dicha no había niños", relató Jenny Prado, directora de la Escuela La Capri.
"Lo que más nos preocupa es la seguridad de los estudiantes; por lo menos dos veces al mes hay enfrentamientos por armas de fuego. Hoy, justamente, (el jueves pasado) a las 11 a. m., se dio otro enfrentamiento", aseveró Prado.
La falta de un muro que proteja de las balaceras a los 805 niños y maestros que asisten a esa primaria, ubicada en San Miguel de Desamparados, es uno de los principales motivos por los que ese centro tiene una orden sanitaria.
"Se ocupa cambiar la malla perimetral por una tapia para que, en caso, de que haya un evento violento no pasen tan fácil las balas", aseguró la directora.
En realidad, esa escuela tiene cuatro órdenes sanitarias. Todas se giraron en el 2016, por el tema de la seguridad, porque los baños son insuficientes, porque faltan rampas para personas con discapacidad y no se cuenta con un área deportiva.
Lejos de reducirse, el número de escuelas y colegios públicos a los que el Ministerio de Salud les ha ordenado corregir condiciones de infraestructura deficiente va en aumento.
De hecho, este año hay 662 centros educativos con ese tipo de directriz, lo cual representa un crecimiento del 50,45% (222 casos más) respecto a las 440 instituciones que había en marzo del 2017.
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Lo anterior significa que, actualmente, el 13% de las 5.000 escuelas y colegios del país tienen una orden sanitaria.
El Ministerio de Salud informó de que el 90% de estas disposiciones se giran por el deterioro de la infraestructura, el estado de los servicios sanitarios y la inadecuada evacuación de aguas servidas y negras.
Sin embargo, en la lista también figuran decenas de centros educativos afectados por legiones de murciélagos, olores putrefactos, hacinamiento, calor insoportable e inundaciones, entre otros.
La orden sanitaria, se supone, es de acatamiento obligatorio y debe ser ejecutada en el plazo que indique el Ministerio de Salud.
Sin embargo, en el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP) esto no ocurre. Algunas órdenes llevan años en espera, como el caso de la Escuela Santiago Crespo, cuya orden se giró en el 2007. Según datos de Salud, esta orden ya se venció.
También está el caso de la Escuela Barrio Limoncito, en Limón, cuya primera orden sanitaria se giró desde el 2005.
Actualmente, sobre este centro educativo , que tiene 800 alumnos, pesan 13 órdenes sanitarias por diversos motivos como paredes devoradas por comején o soportes metálicos herrumbrados. El problema más grave fue un techo a punto de desplomarse.
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Allí se trabajaba, además, con poca luz, sin ventilación y en hacinamiento, pues ante la necesidad de disponer de más aulas y oficinas, se construyeron cubículos sin ningún tipo de planeamiento, convirtiendo el lugar en un angosto y peligroso laberinto.
Según datos del Ministerio de Salud, la mayoría de órdenes sanitarias se concentran en la Región Brunca, principalmente en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa (185 casos); y en la Región Huetar Caribe (138).
¿Por qué crecen las órdenes sanitarias?
"El aumento en las órdenes obedece al rezago en infraestructura y al deterioro de la edificación escolar por muchos años.
"A pesar de los grandes esfuerzos y la importante inversión realizada en la administración anterior, siguen las necesidades. Las órdenes sanitarias se encuentran en diferentes etapas de ejecución", manifestó Wálter Muñoz, director de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP.
Según dicha cartera, en los últimos cuatro años (2014-2018) la institución ha hecho “la inversión más alta de la historia” en infraestructura educativa por ¢269.507 millones. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero se encuentra en las cuentas de caja única de las Juntas de Educación; al 18 de mayo acumulaban ¢154.000 millones.
Muñoz manifestó que el Ministerio de Salud notifica directamente las órdenes al centro educativo y no a la DIEE por lo cual el dato puede diferir.
El número de centros con orden sanitaria que maneja esta dirección del MEP es de 549.
La DIEE indicó que en el último año atendieron 157 órdenes sanitarias, pero que no saben a cuántos centros se les levantó la orden.
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De la flotilla de 21 vehículos que la Dirección tiene para que los ingenieros hagan giras de inspección a los centros educativos, 14 (67%) están guardados en un estacionamiento del MEP, en San Francisco de Goicoechea, completamente deteriorados y a la espera de presupuesto para que los reparen o los sustituyan.
Entonces, las giras de los ingenieros para atender necesidades de infraestructura, entre ellas las órdenes sanitarias, se han visto reducidas porque solo tienen siete carros para atender un portafolio de 700 proyectos bianuales (350 por año), según el Informe de Evaluación Anual del Ejercicio Económico 2017 del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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Defensoría exige acción
En 2015, la Defensoría de los Habitantes pidió a la DIEE un plan con medidas para atender las órdenes sanitarias giradas por el Ministerio de Salud a escuelas y colegios públicos. En ese entonces, había 330 centros con órdenes sanitarias.
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En su informe de labores 2016-2017, la Defensoría también dejó algo muy claro: “La infraestructura educativa presenta un serio problema del modelo de gestión administrativa, presupuestaria y de deterioro”.
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Para la institución, la problemática “histórica” radica en la existencia de edificaciones antiguas o de mala construcción, las cuales presentan deterioro tanto por falta de mantenimiento, como por los desastres naturales e incumplimiento de condiciones de accesibilidad plena de conformidad con la Ley 7600.
La Defensoría le solicitó al MEP que adopte acciones “urgentes” para atender las necesidades de dichos centros educativos.
Wálter Muñoz, director de la DIEE, confía en que el proyecto de Precalificación de Profesionales y Empresas a través de la Proveeduría Institucional, sirva para atender la demanda de infraestructura en general y órdenes sanitarias.
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Este proyecto, que fue anunciado por el MEP en abril para implementarse a principios del 2019, pretende que las Juntas ya no sean las responsables de contratar ingenieros ni la mano de obra ni materiales. Esta labor la realizará directamente el MEP a través de la Proveeduría, por medio de un sistema de precalificación de las empresas o los ingenieros.
Esta decisión fue tomada por la Administración anterior con el fin de contar con una metodología de contratación “más transparente, ágil y eficiente”.
