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El 90% de los colegios técnicos del país acumulan, desde hace siete años, ¢4.922 millones que el Estado les ha girado para invertir en equipos, materiales e infraestructura que mejore la calidad de la formación y el ambiente de los estudiantes.
El fondo proviene de una ley que obliga al Poder Ejecutivo a girar sumas millonarias a los 133 centros educativos del MEP que imparten carreras técnicas; de ellos, las Juntas Administrativas de 121 colegios mantienen esos millones engavetados, que corresponden, en algunos casos, a saldos por remanentes o montos íntegros de proyectos aprobados que no se ejecutaron.
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Además, algunos de los fondos que sí se utilizan se desperdician en bodegas. Por ejemplo, en el Colegio Técnico Profesional La Mansión, en Nicoya, se compró en el 2014 un equipo de ¢1,3 millones para las clases de cocina. Es un aparato tipo “baño maría” que estaba aún con su empaque original.
De igual manera, se encontraron embodegados otros bienes adquiridos y recibidos en 2015, por un monto de ¢14, 4 millones, que incluyen computadoras, pantallas, mesas y sillas.
En otro colegio se compraron, en el 2014, cuatro computadoras nuevas, pero no para usarlas, sino para desarmarlas con fines didácticos lo cual provocó que perdieran la garantía.
Estos fueron algunos de los hallazgos que hizo la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) en un estudio, dado conocer a finales del 2017, sobre la ejecución que realizan estos colegios de los fondos de Ley N° 7372, llamada Ley para Financiamiento y Desarrollo de Educación Técnica Profesional.
Esta ley establece que del superávit acumulado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Poder Ejecutivo debe girar a las Juntas Administrativas de los colegios técnicos profesionales el equivalente a 5% del presupuesto anual ordinario.
Entre el 2006 al 2014 fueron girados a los colegios técnicos un promedio de ¢3.500 millones por año, por medio de esa ley.
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Sobre este informe, el MEP indicó que estos recursos no se han perdido, ya que están ligados a destinos y proyectos específicos de equipamiento y su ejecución está programada para este año.
Situación
No todo es culpa de las juntas de los colegios técnicos. La Auditoría explicó que hay instituciones que tienen los fondos para reparación, mantenimiento o adecuación de instalaciones, sin embargo, no los han podido ejecutar por el entrabamiento a lo interno de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP.
Representantes del Colegio Técnico Profesional La Mansión dijeron a la Auditoría que tenían los bienes embodegados porque el centro educativo "no cuenta con infraestructura técnica"; esta quedó inservible luego del terremoto de Nicoya en setiembre del 2012.
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Explicaron que la DIEE no les ha dado respuesta satisfactoria para reconstruir por completo las instalaciones a pesar de que llevan tres años en trámites.
Esta versión fue confirmada por el MEP por medio de su Departamento de Prensa.
Mientras tanto, los bienes adquiridos se están desperdiciando.
"Además de encontrarse embodegados, dichos activos se localizaron amontonados de forma desordenada y llenos de polvo, ya que al momento de la visita tenían un año y tres meses de estar en esa condición. El perjuicio económico que se está ocasionando a la Administración al tenerlos embodegados, permitió que la garantía se perdiera por el tiempo transcurrido", indicó la Auditoría.
La Auditoría Interna señaló que la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP ha actuado de forma "permisiva" al aprobar proyectos a instituciones y realizar transferencias de recursos, como es el caso del CTP La Mansión, sin considerar las condiciones mínimas de infraestructura.
El hecho de no contar con equipos y condiciones de infraestructura en estos colegios técnicos afecta la formación de los alumnos. La Contraloría General de la República dijo a inicios de año que "los bajos conocimientos" con que salen los técnicos graduados del país obligan a los empleadores a invertir en nuevas capacitaciones.
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La Nación llamó en repetidas ocasiones al CTP La Mansión , pero no respondieron el teléfono.
Fundación Omar Dengo
Entre el 2014 y el 2016 se le giró a 37 Colegios Técnicos Profesionales (CTP) un monto total de $366.300 (unos ¢209 millones) para la compra de equipo Cisco, la cual se realizó a través de la Fundación Omar Dengo.
La Auditoría criticó que este bien se adquirió por medio de la Fundación sin existir un proceso licitatorio ni un estudio de mercado.
Además, halló que las instituciones pagaron a la Fundación por ese equipo pero el mismo fue recibido más de un año después en algunos colegios.
Transcurrieron 139, 201, 244, 258, 353, 365 y hasta 445 días para que se les entregara el equipo.
"Paralelamente, se evidenció que varias Juntas Administrativas pagaron a la Fundación Omar Dengo por adelantado, sin haber recibido el equipo, además se determinó que 27 facturas fueron confeccionadas después de haberse realizado el pago (depósito), situación que llama la atención, ya que financieramente lo correcto es que el proveedor emita la factura y después el adquiriente realice el desembolso", indica la Auditoría.
Leda Muñoz García, directora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo, indicó que ellos están adscritos a la Red Mundial de Academias Cisco. Bajo esa condición, explicó, gozan de descuentos especiales para la compra de equipamiento de redes que se utiliza para fines educativos.
"Los precios obtenidos son exclusivos para el ámbito académico y están fuera de competencia comercial. La duración del proceso de compra por parte de las Juntas es variable y puede ser extenso en algunos casos pues supone la participación de varias instancias de aprobación, control y seguimiento a lo interno del MEP", dijo Muñoz.
El Ministerio informó que, a raíz de este informe de Auditoría, se dejaron de realizar compras a la Fundación con pagos por adelantado.
