¿Por qué luego de más de un año de pandemia, el país no ha podido dotar de Internet y equipo a 215.00 de alumnos pobres? ¿Por qué no ha podido ejecutar el plan definido desde agosto pasado, si se tiene el dinero para hacerlo?

La respuesta es simple: burocracia. Por un lado, un criterio legal impide compartir los números de teléfono de los alumnos para contactarlos y poder darles el beneficio.

Por otro, las entidades encargadas se lanzan acusaciones mutuas de incumplimiento y de falta de infraestructura en telecomunicaciones para dar el servicio.

En el primer caso, un pronunciamiento de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) impide al Ministerio de Educación Pública (MEP) suministrar los números de teléfonos de las familias de los estudiantes que requieren el servicio de Internet

De esa forma, las operadores no pueden contactarlos y, por lo tanto, los alumnos seguirán sin la tecnología necesaria para recibir clases virtuales durante la emergencia sanitaria, e incluso, después de ella.

Desde agosto del 2020, el MEP tiene identificados a los estudiantes que carecen de equipo y de Internet. Hasta abril de este año, mediante un censo, se recabaron los números de teléfono actualizados de todos ellos.

El paso siguiente era trasladar la información al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que esta institución ubique a las 147.000 familias a las que pertenecen esos 215.000 estudiantes.

De ahí, los datos pasarían a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para comenzar el trámite de la conectividad y dotación de equipos con las operadoras.

Sin embargo, el MEP consultó a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes si podría trasladar la información de los contactos, pero la respuesta fue negativa.

Esa fue la justificación que dio a La Nación, el presidente del Consejo de la Sutel, Federico Chacón cuando se le cuestionó por qué nueve meses después de definido el plan de conectividad, aún no se concretaba.

“Que el MEP no pueda brindar al IMAS los números de contacto, ni la ubicación geográfica de los estudiantes es un grave atraso, porque esa información es esencial para contactar a los estudiantes y llevarles el servicio de Internet.

“A Sutel le corresponde utilizar esa información para contactar a los beneficiarios y brindarles una opción de servicio”, manifestó Chacón.

Incumplimiento de metas

Frente al reclamo de la Sutel, la viceministra de Planificación del Ministerio de Educación, Paula Villalta, ofrece otra explicación.

Para ella hay incumplimiento de la Superintendencia y falta de infraestructura en telecomunicaciones.

Según la funcionaria, desde agosto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Miccit) definió la metas para lograr el objetivo con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

La primera meta era dotar de computadora e Internet a 46.000 familias, incluyéndolas en el programa Hogares Conectados, que ofrece los recursos por tarifas mínimas, que oscilan entre ¢3.500 y ¢10.200 al mes. La ayuda se da por hasta cinco años.

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El pasado 7 de mayo, Sutel les informó de que habían conectado 17.000 hogares, pero la meta para abril eran 24.500 hogares.

La segunda meta definida por Miccit era dotar solo de Internet (no equipos) a 100.000 hogares. Para abril, se debieron haber alcanzando a 40.684 pero, a la fecha, solo llevan 1.902.

Según Villalta, los incumplimientos se dan por la falta de infraestructura.

“Los que están con problemas de Internet son los alumnos más pobres de áreas más alejadas donde no hay infraestructura de telecomunicaciones.

“Sutel nos había informado que son más de 111 distritos que tienen problemas de infraestructura de telecomunicaciones; el MEP no puede ir a poner postes. Aunque quisiéramos hacer alianzas, si no hay infraestructura de telecomunicaciones, no se le puede llegar a los alumnos”, justificó Villalta.

El tercer objetivo era adquirir 86.000 computadoras para que el MEP las repartiera a los alumnos por dirección regional.

Villalta dijo que el año pasado, Sutel les aseguró que las entregarían en marzo. En enero de este año, les manifestaron que las daban en julio, si lograban adjudicarlas en febrero.

Recientemente, según dijo la funcionaria, se enteró de que la compra fue adjudicada este mes de mayo, pero aseguró que no le han avisado sobre la entrega.

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De acuerdo con el MEP, el número de alumnos sin Internet aumentó este año a 425.000 por el impacto económico de la pandemia.

Ese número de estudiantes sin conectividad, representa el 35% de los 1,2 millones de estudiantes del país y fue lo que pesó para optar por interrumpir el curso lectivo por cuatro semanas en vez de continuarlo virtualmente.

La medida comenzó el pasado 24 de mayo. Los niños volverán a lecciones el 12 de julio, pasadas las vacaciones de medio año.

Números telefónicos

En relación con la ausencia de números telefónicos que alega la Sutel, el MEP reconoce que no pudo trasladar esos datos al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

El año pasado solo les remitió el nombre, número de cédula de los alumnos, y el dato sobre si estos solo requerían de dispositivos o también de Internet.

Ante el faltante del número de teléfono, Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS, dijo que acudieron a la base de datos propia para buscar a las familias y trasladar la información a Sutel.

No obstante, en la mayoría de los casos los datos están desactualizados, pues, según Bermúdez, es frecuente que las familias usen servicios prepago y cambien de número telefónico.

Andrés Fernández, asesor del viceministerio de Planificación y Coordinación Regional del MEP, argumentó que el trabajo de dicha cartera era identificar a los estudiantes.

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Según Fernández, se identificaron 324.000 alumnos sin acceso a Internet en agosto, pero se llegó a la conclusión de que únicamente 215.000 de ellos podían recibir el beneficio dada su condición de pobreza.

Detalló que ese mismo mes se remitió la información al Sinirube de las 215.000 cédulas y nombre de los alumnos que calificaban para la ayuda.

“No se incluyó el número de teléfono, el MEP identifica al alumno, el IMAS es el que tiene que buscar el número del hogar. No es responsabilidad del MEP generar la información de los hogares”, se defendió.

Según dijo, hicieron la consulta del número telefónico en el censo de abril, como una colaboración. Ahí se incluyó un consentimiento informado para usar los datos, pero no para transferirlos.

“Contamos con una gran cantidad de teléfonos. Al ser un dato sensible, hicimos consulta a la Prodhab para poder dar esta información a través del convenio que ya tenemos con Sinirube”, aseveró.

En respuesta, la Prodhab remitió el oficio PD-04-049-2021, del 6 de abril del 2021, en la cual niega la posibilidad de transferir esa información.

“Partiendo de hecho que el tratamiento se está realizando con base en un consentimiento informado, que refiere a la posibilidad que el Ministerio pueda consultar fuentes de información (públicas o privadas), sobre los posibles beneficiarios del MEP, pero no la transferencia de información (...)

“Por lo anterior, no sería posible transferir datos de la base que cuenta el MEP a la base de datos de Sinirube”, explicó Elizabeth Mora, directora nacional de Prodhab.

Según la respuesta, la intención del MEP contraviene los artículos 6 y 14 de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos.

Fernández niega que la falta del número de teléfono sea la principal causa de que no se haya avanzado en la conectividad de los estudiantes durante la pandemia.

“Es una de varias causas, el número de teléfono, pero también la falta de infraestructura de telecomunicaciones en algunos distritos donde la penetración de Hogares Conectados es menor al 10%.

“Son hogares en distritos con baja cobertura y capacidad de la infraestructura fija instalada. Para mí, esa es la principal causa: la falta de infraestructura”, dijo Fernández.

Al respecto, Juan Luis Bermúdez, jerarca del IMAS, cree que contar con los números de teléfono facilitaría muchísimo la labor.

Los 215.000 alumnos que califican para el beneficio pertenecen a 147.000 familias. De ellas, indicó Bermúdez, hay 15.000 que no tienen registrado ningún número de teléfono en sus bases de datos.

Por ahora, lo que harán será una consulta colegiada a la Prodhab, para que reconsidere su criterio.

Sin embargo, Bermúdez sostuvo que también pesa el problema de infraestructura de telecomunicaciones.

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“En el cantón de Los Chiles (Alajuela) tenemos una población precalificada para recibir el beneficio que está en pobreza y pobreza extrema, pero la infraestructura no llega. A pesar de que cumplen los requisitos, no se les puede brindar el servicio”, manifestó.

Para él, urge que Sutel y los operadores tomen acciones.

“No puede ser que sí identifiquemos a las familias y no podamos brindarles el servicio porque no hay fibra óptica ni antena; es una tarea pendiente”, concluyó.

Información desactualizada

Federico Chacón, presidente del Consejo de la Sutel, alegó que el MEP “no tiene criterio técnico para hablar de falta de infraestructura, pues ni siquiera tienen a sus estudiantes ubicados por coordenadas para poder identificar las zonas donde viven y corroborar si hay conectividad”.

Añadió que, además, hay un problema con la información que remite el IMAS de los números de los estudiantes que logran ubicar en su base de datos. Señaló que solo el 35% de la información está completa (tiene datos de contacto) y ese porcentaje es el que se remite a las operadoras.

Sin embargo, sostuvo que cuando las operadoras intentan localizar a las familias, solo el 30% de la información que le remiten sirve, pues en el restante 70% hay errores.

Mencionó, por ejemplo, que el número de identificación no existe o está incorrecto, hay números de teléfono mal consignados o desactualizados y una ubicación inexacta de los hogares que impide corroborar, de previo, la existencia de cobertura.

“No se puede atender a los hogares con estudiantes sin información, el MEP ha variado en el corto plazo la cantidad de estudiantes sin computadora y/o Internet y tampoco cuenta con los datos necesarios para localizarlos.

“Lamentamos que el MEP esperara hasta abril del 2021 para consultar a la Prodhab, si era viable compartir la información que dice tener de los estudiantes”, añadió Chacón.

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Debido a lo anterior, el viceministro de Telecomunicaciones, Teodoro Willink, solicitó a los “potenciales hogares beneficiarios” actualizar sus datos en el IMAS, especialmente quienes viven en zonas costeras y fronterizas.

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¿Y las 86.000 computadoras?

La Sutel informó de que publicó el cartel para la compra de 86.000 computadoras el 30 de octubre del 2020.

Debido a las objeciones recibidas, se amplió la presentación de ofertas al 28 de diciembre del 2020 y luego al 22 de enero de 2021.

Del 22 de enero al 15 de abril del 2021, se analizaron ajustes y mejoras de precios, aclaraciones y el visto bueno por parte de la Sutel.

El 11 de mayo del 2021, se adjudicó a la empresa Central de Servicios PC, S.A.

Se presentaron dos recursos de apelación al acto de adjudicación que la Contraloría General de la República tiene en etapa de admisibilidad.

Si la adjudicación queda en firme, el contratista tendrá cinco meses para la importación, desalmacenaje, trámite de exoneración, revisiones en bodega, entrega y distribución de los 86. 812 dispositivos en los 3. 572 centros educativos beneficiados.

Fuente: Federico Chacón, Sutel