En el edificio de la Escuela Juan Rafael Mora Porras, en Buenos Aires de Puntarenas, nada pareciera estar en buen estado. Hay fallas en las instalaciones eléctricas, en las paredes, en el piso, en el techo...
Así se lo expuso la directora del centro educativo a la Sala Constitucional en un recurso de amparo que fue declarado con lugar.
En su decisión, los magistrados dieron un plazo de tres meses al Ministerio de Educación Pública (MEP) para que resuelva la orden sanitaria número ARSBA-ERS-106-2019 que pesa sobre esta escuela desde el 2019. El caso se tramitó en el expediente 23-006314-0007-CO.
El Ministerio deberá realizar todas las mejoras que se indican por parte del Ministerio de Salud. Una vez terminadas, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires tendrá que realizar una inspección para verificar que se cumpla con lo dictado por la Sala lV.
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La recurrente indicó en el amparo que la institución educativa tiene grandes falencias en la infraestructura, con problemas en el comedor, instalación eléctrica y el gimnasio.
“La instalación eléctrica de toda la infraestructura presenta daños considerables; desde cables que no soportan el nivel de ruido por su grosor inadecuado, cables desprotegidos, uniones inadecuadas, tomacorrientes dañados y peligrosos para los estudiantes y otra serie de daños”, alegó en la gestión.
“Las paredes, cielorraso, puertas y piso cuentan con daños considerables. El área de juego correspondiente al gimnasio de los niños es reducido y cuenta con serios problemas; nunca se terminó y por ello cuenta con áreas peligrosas y el techo se encuentra dañado y sin terminar”, añadió.
Además, planteó la preocupación de que en el terreno donde se ubica la escuela existe una laguna que representa un peligro por la maleza que se acumula, por los animales que habitan en ella y porque en tiempo de lluvia sobrepasa el límite normal, lo que reduce el área para que los niños jueguen.
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La infraestructura educativa es una deuda de años por parte del MEP; actualmente son más de 600 los centros que requieren atención urgente.
La cifra, sin embargo, no es precisa. La Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) dio cuenta de 614 centros con órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento a finales del 2022; el Ministerio de Salud registraba 662 centros con órdenes por “deficiencia fisicosanitaria” en estado de incumplimiento y 58 en tiempo.