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La Caja Costarricense de Seguro Social ( CCSS) le dio al Ministerio de Educación (MEP) 14 meses para pagar la deuda por ¢155.600 millones que acumula con la institución por un incentivo salarial sin reportar desde el 2003. Estas dos entidades y el Ministerio de Hacienda suscribieron un nuevo convenio de pago para honrar ese compromiso en cuatro abonos, el último debe hacerse el 15 de febrero del 2023.
El convenio, que se firmó el 2 de noviembre, sacó al MEP de la condición de moroso que mantenía desde el 1.° de octubre por incumplir primer pacto para el pago de esa misma deuda. Para las autoridades, era urgente llegar a un acuerdo ya que debido a la morosidad, la Caja le estaba facturando al Ministerio un promedio diario de ¢126 millones por concepto de medicamentos, internamientos y todos los servicios y prestaciones económicas (incapacidades y licencias) que solicitaban docentes y otros funcionarios, y sus familias.
Los funcionarios del MEP que requerían un servicio de la Caja, en cualquiera de sus áreas de salud, debían hacer filas antes de ser atendidos para validar derechos, a efectos de que la institución facturara las atenciones.
El monto de la deuda original del MEP con la Caja que motivó el primer acuerdo de pago, en marzo, era de ¢149.317 millones. Sin embargo, desde ese mes a la fecha, subió a ¢155.600 millones al agregársele los intereses, así como ¢4.586 millones por las facturas correspondientes a los servicios de salud del 1.° de octubre al 2 de noviembre.
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En ese mes, la Caja atendió a 19.216 asegurados y sus familiares; la planilla del MEP es de 87.000 funcionarios.
El Ministerio de Hacienda solicitó a la CCSS que no le cobraran los servicios médicos de los funcionarios del MEP durante el mes que la institución estuvo morosa. Sin embargo, la CCSS no atendió el pedido.
En cuotas
El nuevo acuerdo estipula que el MEP debe realizar el primer pago a más tardar el 31 de diciembre de este año, por ¢37.414 millones. El segundo depósito debe efectuarse el 15 de febrero del 2022 por ¢28.916 millones.
A más tardar el 30 de junio del 2022 debe hacerse el tercer abono, por ¢16.262 millones, mientras que el cuarto pago se debe realizar el 15 de febrero del 2023 y debe cubrir el saldo final más los intereses acumulados a esa fecha.
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“Con la formalización del presente convenio de pago se tendrá por normalizada la deuda y, en consecuencia, el MEP adquirirá la condición de patrono al día, lo anterior, siempre y cuando no se atrase en el pago de las obligaciones aquí contraídas u otras obligaciones por cuotas obrero-patronales no incluidas en el presente convenio de pago. En caso de incumplimiento en el pago de las cuotas establecidas en el presente convenio, la Caja cobrará intereses por morosidad a la misma tasa de los intereses corrientes por los días de atraso”, se lee en el documento.
Origen de la deuda
Según explicó el MEP a este medio, la deuda que genera el conflicto se originó en el levantamiento de planillas extraordinarias, correspondientes a los salarios pagados entre 2003 y 2010 por concepto de Incentivo de Zona de Menor Desarrollo (IDS).
En 1997, el MEP acordó hacer un pago adicional por laborar en zonas de menor desarrollo socioeconómico (IDS) con el objetivo de atraer a docentes titulados a centros educativos ubicados en comunidades deprimidas. Este pago de incentivo adicional no se consideraba salario, y no estaba sujeto a cargas sociales.
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Este criterio fue desarrollado técnicamente por la Dirección de Servicio Civil que avaló su pago como un componente no salarial.
La Procuraduría General de la República (PGR), en el 2014, mediante dictamen C-137-2014 de manera vinculante para el MEP, determinó, igualmente, que dicho estímulo no era de naturaleza salarial y que, por consecuencia, no generaba obligaciones obrero-patronales con la Seguridad Social.
Sin embargo, en el 2017, la PGR (dictamen C- 027-201) definió el IDS de naturaleza salarial, al manifestar, en ese momento, que sí era un componente salarial y que por consiguiente debía pagar las cargas sociales.
Amparado en dicha decisión de la Procuraduría, la CCSS procedió a levantar planillas adicionales para el MEP para esos años, generando una nueva deuda para el MEP de ¢149.317 millones
