EscucharEl último Informe Estado de la Educación lanzó la alerta: muchos de los educadores del MEP enfrentan “barreras” para acceder a programas de actualización y perfeccionamiento, lo cual impacta directamente su capacidad de dar una educación de calidad.
Ese problema también lo confirmó una Auditoría Interna del Ministerio de Educación (MEP), la cual determinó que el centro de capacitación de educadores, creado por ley en el 2008 y en el cual se invierten más de ¢1.000 millones por año, es inoperante.
Se trata de una fiscalización al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS), el cual tiene 55 funcionarios, varios de ellos dedicados, a tiempo completo, a investigación y desarrollo educativo, planes y programas y evaluaciones.
La Auditoría llamó la atención sobre la falta de información sobre las capacitaciones que da el IDPUGS, pues, aunque en su mayoría son realizadas con recurso humano del MEP, no hay registros ni detalles de esta labor.
“Se evidenció que no se mantienen controles, monitoreo, estadísticas y evaluaciones de todas las capacitaciones que se efectúan, independientemente de si son por contratación, convenio, cooperación, entre otros, aspecto que es realmente grave al ser la razón de este instituto”, señala el documento.
En todo caso, las capacitaciones por contratación “son prácticamente nulas”, aspecto sobre el cual considera que hay una gestión “deficiente” en el manejo de recursos.
“Lo absurdo es que, por otro lado, se incurren en gastos elevados, como lo es la contratación de empresas para el mantenimiento en lo que respecta a la conectividad y equipo de videoconferencia de las 40 salas de capacitaciones que se encuentran en las distintas direcciones regionales”, cita la auditoría a la que tuvo acceso La Nación.
Según el análisis, el Instituto mantiene una estructura organizativa y funcional fuera de la normativa. Es decir, cuenta con cinco departamentos a pesar de que el Decreto N° 36784 del 2 de setiembre de 2011 establece que solo debe tener dos.
Por otra parte, aunque el Instituto experimentó una disminución en su presupuesto, mantuvo el recurso humano y los gastos por concepto de planilla, que, según el estudio, ascienden a más de ¢1.000 millones al año.
Se explica que para el año 2018, de los ¢1.300 millones transferidos por la Dirección Financiera (DF), ¢1.165 millones correspondieron al pago de la planilla, considerando que se utilizaba el superávit de periodos anteriores. Mientras tanto, para el año 2022, de los ¢2.200 millones girados al Instituto, ¢1.027 millones se utilizaron para el pago de funcionarios.
Por estas razones, los auditores encienden alarmas y solicitan una intervención del centro de capacitación. Consideran que el tema requiere atención inmediata, ante los “riesgos materializados y las consecuencias que implica”. En este sentido, señala incumplimientos a nivel legal y mal manejo de recursos públicos. La información fue puesta en conocimiento de las autoridades del MEP desde mayo.
El MEP cuenta con más de 66.000 educadores y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) detectó deficiencias de calidad y demandó mejoras en un informe presentado el 6 de febrero.
‘Ni programación ni planificación’
Gilberth Díaz Vásquez, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SEC), afirma que el tema de las capacitaciones docentes les preocupa mucho, ya que no existe ni programación ni planificación para que los maestros reciban formación.
“El IDP ha manejado un presupuesto disponible para este tipo de capacitaciones, pero no se le está dando la prioridad necesaria y, además, su presupuesto fue recortado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a mejorar la calidad de la educación si los docentes, todos ellos, no tienen capacitación?”, afirmó.
Añadió que la ruta de tener capacitaciones virtuales sobre las reformas que la ministra realiza a los programas y las propuestas para nivelar los rezagos educativos no son suficientes.
“El IDP está desaprovechando toda esa capacidad de formación que tiene. Hay un problema de gestión, de dirección. Por eso, el SEC mantiene y sostiene que la ministra Anna Katharina Müller Castro y su equipo deben hacerse a un lado para no seguir dañando más nuestra educación pública”, dijo Díaz.
La Nación también consultó la opinión de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) pero al cierre de esta información no hubo respuesta.
‘Perfil deseado’
Frente a la gravedad de los problemas que señala la Auditoría y las quejas del sindicato, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, asegura que trabajan en la reestructuración del Instituto y diseñan una nueva metodología para que la formación de los docentes se base en el perfil que necesitan en el Ministerio.
“Los cambios que estamos haciendo en la formación de competencias, proyectos de vida y ese perfil deseado se podrán utilizar para identificar el perfil real de cada docente y llenar la brecha entre el perfil deseado y el real, a través de una oferta de curso”, declaró a La Nación.
Agregó que, posteriormente, se realizaría una evaluación para comparar con el perfil deseado. Ese, expresó, será el ciclo que se establecerá en términos de formación.
Müller aseguró que esta actualización “del perfil deseado” es lo que utilizarán para finalizar la elaboración de las pruebas de idoneidad, las cuales se espera que comiencen en 2024.
A voluntad del docente
También el IX informe del Estado de la Educación, presentado el 31 de agosto, hizo referencia a las debilidades en el tema de actualización y entrenamiento docente, lo que tiene implicaciones en la calidad de la enseñanza que reciben niños y jóvenes.
Según el estudio, la cantidad de cursos para funcionarios del MEP se redujo en un 63%, y los talleres en un 78%, a pesar de la implementación de modalidades no presenciales, autocapacitaciones, autoformaciones y a distancia.
“Lo anterior ha generado un impacto negativo en el desarrollo profesional docente.”, mencionaron los investigadores.
En segundo lugar, el informe indica que se ha dado una pérdida de incentivos desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), con la cual algunas capacitaciones ya no tendrían valor como puntos de carrera profesional.
El artículo 53 de esa normativa señala que el incentivo por carrera profesional “se reconocerá a los servidores públicos siempre y cuando estos no hayan sido sufragados por las instituciones públicas”.
También estableció que los puntos de carrera profesional solo serán reconocidos salarialmente por un plazo máximo de cinco años.
Los investigadores consideran que otro factor que afecta es que las capacitaciones no sean obligatorias, así como la negativa a ofrecer permisos de asistencia durante la jornada laboral.
“Así, toda la formación del profesorado se deja a la buena voluntad de cada docente, lo cual es limitante para alcanzar los objetivos de educación y desarrollo que necesita el país”, afirma el Estado de la Educación.
