EscucharLa exdirectora de la dirección de infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP), Catalina Salas, dijo el 16 de setiembre anterior, en una comparecencia ante los diputados, que 804 centros educativos tienen órdenes sanitarias, dictadas por el Ministerio de Salud, por malas condiciones de infraestructura.
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Pese a que ella dejó de ser cabeza de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) en junio anterior, aún se mantiene laborando en dicho departamento, por lo que conoce el dato. Sin embargo, la ministra de Salud, Joselyn Chacón, manifestó en julio anterior que, de los 4.585 centros educativos del país, son 1.000 los que tienen una orden sanitaria.
Leonardo Sánchez, viceministro administrativo del MEP, aseveró a La Nación el martes anterior que la DIE maneja un promedio de 600 órdenes sanitarias, pero explicó que ese dato está subestimado y que, actualmente, no existe un dato certero de cuántas órdenes sanitarias existen en los centros educativos públicos.
“La única forma de saberlo es que el Ministerio de Salud haga una actualización total de visitas a los centros educativos. Las órdenes sanitarias aumentan conforme ellos (Salud) van visitando centros educativos y levantando la orden sanitaria. A la fecha yo no sé cuán actualizado va ese levantamiento en campo, entonces, tener un dato certero y un único dato es muy difícil por la dinámica”, reconoció el funcionario.
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Explicó que a los centros educativos no se les ha dado mantenimiento por muchos años y esto genera una alta probabilidad de que conforme pasan los semanas se generen nuevas órdenes sanitarias.
“Cuando se habla de un dato (sobre cantidad de órdenes sanitarias), uno puede hablar de un rango porque siempre van a estar aumentando. La DIE maneja un dato de 600, pero creo que ese dato puede estar subestimado porque el fenómeno es muy dinámico, puede ser que una fuerte lluvia active una orden sanitaria. El Ministerio de Salud tiene otro dato más alto”, agregó Sánchez.
Para el viceministro, más importante que el número, es qué tiene esa orden sanitaria para tener identificado el problema y tener los recursos para solucionarlo. “Estamos buscando nuevas formas de de financiamiento de la infraestructura y construcción educativa de manera tal que se puedan cubrir las órdenes sanitarias, dar mantenimiento y construir nuevos centros educativos” detalló.
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Catalina Salas dijo que, según la última estimación que se tiene, el país necesita ¢300.000 millones para atender la totalidad de órdenes sanitarias. Sin embargo, desde hace años las juntas tienen ¢95.000 millones acumulados, sin uso en sus cuentas, debido a la ineficacia de la DIE para ejecutarlos.
