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La Sala Constitucional dejó el libro Cocorí como parte de las lecturas sugeridas del Ministerio de Educación Pública (MEP), tras declarar sin lugar dos recursos de amparo presentados por la Defensora de los Habitantes, Monserrath Solano y varios diputados. Ambos recurrentes pidieron que se retirara dicha lectura porque propiciaba el racismo entre los escolares.
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En la resolución, cuatro de los magistrados determinaron que no le corresponde a la Sala sino al MEP decidir sobre los textos que forman parte de listado oficial de lecturas en los centros educativos.
Por su parte, los magistrados Nancy Hernández y Fernando Cruz salvaron el voto pues consideraron que el contenido del libro ha "producido o incrementado el bullying racial a personas afrodescendientes en centros educativos a nivel escolar".
Por último, Paul Rueda se apartó por otras razones.
De acuerdo con Rueda, la propia ministra de Educación reconoció que la lectura requiere mediaciones pedagógicas, por ejemplo que se dé cuando los alumnos son más maduros y en un contexto que no propicie conductas discriminatorias.
"Tales medidas no se han aplicado a la fecha, por lo que resulta procedente el amparo, a fin de que la lectura de Cocorí se dé condicionada a la incorporación previa de dichas mediaciones pedagógicas", indicó Rueda.
La defensora de los Habitantes, presentó el recurso de amparo en contra de la utilización de la obra del escritor Joaquín Gutiérrez como recurso educativo, en el 2015.
Ese mismo año, los diputados Epsy Campbell, Ottón Solís, Marta Arauz y Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana, así como Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional, también habían planteado una gestión para pedir que se eliminara la lectura.
Por su parte, las autoridades del Ministerio de Educación han defendido en varias ocasiones que Cocorí no es una obra racista.
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