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Los diputados que integraron la comisión investigadora del FEES afirman sido sujetos de “ataques sistemáticos” por parte de las cúpulas universitarias durante su trabajo.
Esta denuncia fue incluida en el informe final del trabajo que realizó ese foro, el cual se dio a conocer este miércoles.
Durante más de un año este grupo de legisladores presidido por el liberacionista Wagner Jiménez, llamó a comparecer a los rectores de las cinco universidades públicas, a estudiantes, autoridades y funcionarios del Gobierno Central para indagar sobre el uso del presupuesto universitario en los centros de educación superior.
“Las diputadas y diputados recibieron ataques sistemáticos por parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare), gestados con fondos públicos para desprestigiar el trabajo de esta comisión. Además, el exrector de la UCR, Henning Jensen, promovió denunciar a las diputadas y diputados por prevaricato”, se lee en el informe.
En junio de 2019, durante una sesión Consejo Universitario, Jensen exteriorizó la intención de llevar a los diputados a la Fiscalía por considerar que incurrieron en el delito de prevaricato al recortar ¢10.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2019.
“Denúncieme”. Fue la invitación que le hizo el diputado independiente Erick Rodríguez al exrector Jensen, en noviembre del año pasado, cuando compareció ante la Comisión.
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“Durante el proceso de investigación, quedaron más que evidenciados, los límites que se están dispuestos a cruzar desde lo interno de las universidades, con el fin de ejercer una férrea defensa de los abusivos privilegios, que socavan el futuro de la educación superior pública costarricense”, agrega el documento.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Heriberto Abarca hizo un reclamo a Jensen durante su comparecencia sobre la cantidad de dinero gastado por Conare y las universidades en hacer aclaraciones o manifestaciones en contra de los diputados de la comisión.
“Me parece que es exagerada la cantidad de espacios pagados en prensa, atacando a los diputados y diputadas. Quiero aclararle a usted y a todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que esta comisión y este diputado, por lo menos, no pretende jamás hacer un debilitamiento de los recursos que tiene la Universidad. No me parece correcto que se digan mentiras sobre la voluntad o el espíritu de los legisladores, cuando claramente aquí estamos haciendo un esfuerzo para que los recursos públicos sean utilizados de la mejor manera”, le reclamó Abarca.
Consultado por el informe de los diputados, Luis Paulino Méndez, presidente del Conare, dijo que aún no lo han recibido y que harán los comentarios cuando se les entregue.
En el informe final de la comisión que investigó el uso de esa transferencia estatal, que para el 2020 llegó a los ¢512.782 millones, los congresistas piden a las universidades públicas someterse a un régimen de empleo público, que asegure la sostenibilidad financiera del FEES y la equidad salarial en toda la Administración Pública.
Les pidieron “ser consecuentes” con las metas de estabilidad fiscal del país, por medio del cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), en especial en lo referente a remuneraciones.
Los otros integrantes de ese foro legislativo fueron Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), Yorlenny León (Liberación Nacional), Roberto Thompson (Liberación Nacional), Patricia Villegas (Partido Integración Nacional), Enrique Sánchez (Partido Acción Ciudadan), y Mario Eduardo Castillo (Partido Acción Ciudadana).
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