“Decadente clima organizacional, con funcionarios temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados, que no fortalecen un ambiente ético en procura de la eficacia de objetivos institucionales”.

Con estos calificativos describe la Auditoría del Ministerio de Educación Pública (MEP) el ambiente y a los 119 arquitectos, ingenieros y otros que laboran en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), encargada de la construcción y mantenimiento de todas las escuelas y colegios del país.

El informe concluye que una de las razones del rezago en infraestructura y del estado de los centros educativos, que ascienden a 5.000, se debe a este “decadente” clima organizacional en la DIEE, ya que el mismo genera el aumento en los tiempos de los proyectos, debido a tramitomanías “irrelevantes” entre departamentos y áreas en esta dirección.

Andrea Obando, jefa de la DIEE desde agosto anterior, confirmó a La Nación el “grave” ambiente laboral en la Dirección.

Contó que para hacer un nuevo centro educativo, reparación o mantenimiento, el proyecto pasa por cada uno de los ocho departamentos de la DIEE. Sin embargo, como entre departamentos no se hablan por problemas personales entre funcionarios y jefaturas, no se pasan información para darle continuidad al proyecto que al final queda varado.

"Cuando llegué, hice un grupo de WhatsApp entre los jefes de cada departamento, y, entre ellos, no tenían su numero de celular después de 10 años de trabajar juntos. Eso le dice a uno un montón de cosas. Entre departamentos hay una muy mala comunicación. Por ejemplo, el departamento de Desarrollo no le daba información al departamento de Contrataciones. Por años, oficios iban y venían, no se hablan, cada quien está en su grupito; eso hace más lento el proceso.

“No pasaban la información porque Desarrollo consideraba que Contrataciones estaba siendo muy exagerado en la información que solicitaba. Tuve que decirles, como niña Pochita: ‘fulana, déle la información a fulano’, y ahora el proyecto ya está caminando”, manifestó la funcionaria.

La Nación instó a los funcionarios de esa dependencia a dar su versión sobre los problemas. No obstante, solo se recibieron mensajes de manera anónima en los que apoyaban lo dicho por la directora.

El informe de la Auditoría (31-18 DIEE), que se dio a conocer a inicios de este año, analizó los aspectos administrativos y técnicos con que cuenta esta Dirección del MEP para llevar a cabo sus funciones, debido a, entre otros aspectos, las sumas exorbitantes que permanecen engavetadas, sin invertir, pese a la precariedad de decenas de escuelas y los problemas que afrontan miles de niños para estudiar.

Al 19 de marzo de este año, las Juntas de Educación y Administrativas tenían, sin ejecutar, ¢141.000 millones en sus cuentas de caja única.

Además, las órdenes sanitarias que gira el Ministerio de Salud para arreglar problemas en centros educativos han ido en aumento. En marzo del 2017, eran 440 centros los que tenían una orden sanitaria; en agosto del año pasado, la cifra subió a 662 centros educativos.

A pesar de que existe el dinero y el personal para atender las necesidades de infraestructura de los centros, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes han advertido múltiples veces sobre el “serio” deterioro de las escuelas y los problemas de gestión del MEP.

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La DIEE ni siquiera conoce el estado general de escuelas y colegios pues trabajan con la información que los centros educativos les hacen llegar de sus necesidades; en muchas ocasiones, por medio de políticos o de la prensa. El que hace más ruido, tiene más probabilidades de ser atendido.

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Denuncias caldean los ánimos

Andrea Obando añadió que cuando asumió la dirección de la DIEE intentó mejorar ese ambiente laboral con reuniones de coordinación entre jefaturas. El ambiente iba mejorando, hasta hace 15 días, que ella comenzó a denunciar ante la Auditoría irregularidades documentadas con los proyectos.

“Esto inestabilizó a los departamentos porque para ellos eso significa que yo los estoy acosando laboralmente, que estoy contra ellos. Ellos no quieren que nadie sepa la realidad de sus departamentos. Entonces en este momento el clima organizacional es malo”, añadió.

El ministro de Educación, Édgar Mora, reconoce el mal ambiente laboral de la DIEE y va más allá, al hablar de la existencia de “intereses espurios”. No obstante, para él, el cambio es posible.

“El ambiente laboral mejorará conforme desaparezcan los conflictos de interés, se nivele el piso y quienes hacen su trabajo con probidad dejen de sentirse en desventaja con respecto a otros que ellos sospechan han actuado irregularmente”, manifestó Mora.

Desde que inició su gestión habló de una reestructuración de la Dirección. Incluso, le recortó en un 56% del presupuesto para el 2019 a esta dirección por la cantidad de dinero que las juntas tenían en caja única, que no se resumían en obras.

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Alumnos pagan ineficacia

Los problemas internos de la DIEE se reflejan en la incapacidad del MEP para levantar escuelas y colegios o darle mantenimiento a las existentes.

El Informe 31-18 DIEE detalla que tras hacer una revisión de los expedientes de los proyectos gestionados por las juntas y por la DIEE, en 2015 y 2016, se detectó que no hay formularios de presupuestos con la respectiva firma de los profesionales responsables, cronogramas de obras con fechas de inicio y finalización, costos finales de las obras construidas, planes de trabajo con detalles de cada una de las actividades por realizar.

Hay carencia de carteles para contratar servicios profesionales en ingeniería y arquitectura; no se incluye el análisis de las ofertas y recomendación de adjudicación a las Juntas. También hay ausencia de seguimiento de los procesos de contratación de mano de obra y materiales por parte de la DIEE.

“También, en los casos de modificaciones, adendas, órdenes de cambios, informes de avances de obra para pagos, entre otros, no se deja constancia tanto de la solicitud como de las aprobaciones correspondientes. La DIEE maneja los expedientes en forma fraccionada, de acuerdo a la gestión efectuada por cada uno de los Departamentos involucrados (cada Departamento maneja un expediente de su propio proceso), por lo que se pierde la unificación del expediente”, indica la Auditoría.

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Se halló que existen proyectos de alto valor presupuestario, de más de ¢600 millones, y complejas construcciones, que están bajo control de las Juntas y por los cuales no se lleva un control en la ejecución por parte de la DIEE.

“La DIEE no realiza en todos los proyectos de infraestructura solicitados por las Juntas el seguimiento de supervisión o fiscalización de las obras. Por consiguiente, esta situación implica que las Juntas de Educación realicen pagos de contratación de servicios profesionales, avances de mano de obra y suministro de materiales, sin la aprobación de la DIEE y que existe un gasto de dinero por sobrecostos de las obras, por la falta de supervisión o fiscalización de las obras, atentando contra el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos”, dice la Auditoría.

Por último, la Auditoría explicó que en la Dirección no se cuenta con un inventario de todos los centros educativos que incluye, el estado de la infraestructura, localización, niveles de riesgos, condiciones del estado del terreno, condiciones topográficas, capacidad instalada (descripción del inmueble) y población atendida.