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El proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Alfabetización Digital carece de sentido de oportunidad y le falta claridad sobre el costo financiero y el impacto que tendría.
Estas fueron algunas de las consideraciones que hizo la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, al comparecer en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, ante la cual puso en duda la necesidad de una nueva ley encaminada a reducir la brecha digital entre estudiantes.
No fue esta, sin embargo, la primera vez que la Contraloría hace advertencias sobre el proyecto. Apenas hace unos días señaló riesgos de una eventual duplicidad de funciones debido a la existencia de otros esfuerzos públicos en el mismo sentido.
La propuesta de ley persigue incluir un programa nacional de alfabetización digital dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) y darle financiamiento permanente con $350 millones provenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), los que sería transferidos al Ministerio de Educación Pública.
“La propia Ley General de Telecomunicaciones, así como el Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad poseen los instrumentos jurídicos para contemplar, sin restricción alguna, metas similares a las que se pretenden en esta iniciativa”, indicó Acosta a los diputados, este miércoles.
Con preocupación, manifestó que el proyecto impulsa una nueva estructura estatal donde se crean puestos para responsables de ejecutar los mecanismos de financiamiento, asignación, administración y control de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos.
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Se plantea así, aunque el actual marco normativo es amplio y puede abarcar las metas y programas que pretende el proyecto de ley.
Para ella, sus objetivos pueden incluirse en el PNDT y que se les dé prioridad de cumplimiento, sin necesidad de agregar nuevas leyes a las ya existentes.
“El proyecto de ley genera una estructura operativa más compleja, que se inserta en la ya existente, teniendo como propósito focalizar la atención en uno de sus alcances importantes como es la alfabetización digital, pero esto se concibe de forma difusa y restrictiva.
“Podríamos estar atendiendo un problema generando otro con implicaciones técnicas y financieras”, advirtió Acosta a los diputados.
Esto, dijo, por la falta de “claridad sobre el costo de oportunidad y el impacto que tendría frente a proyectos y programas que se financian actualmente con Fonatel”.
La funcionaria también solicitó a los diputados evaluar la relación actual entre la Superintendencia de Telecomunicaciones (a cargo de Fonatel) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para asegurar un manejo eficiente y oportuno de sus competencias y procesos de coordinación ligados al Fondo.
“La situación del Fondo como ya lo hemos dicho en nuestros informes, es muy delicada, no obstante, es indispensable atender las causas de la actual ineficiencia e ineficacia, sin necesidad de traslapar una estructura nueva en la actual”, lanzó Acosta.
