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¿Quién o quiénes son los responsables de que solo se pudiera construir 55 de las 103 obras que se prometieron en la ley del fideicomiso educativo, aprobada en 2013?
Esa es la respuesta que busca la contralora general de la República, Marta Acosta, quien informó este martes a los diputados de la investigación preliminar realizada para analizar la eventual apertura de un procedimiento administrativo por los incumplimientos.
Acosta dio a conocer la pesquisas durante su comparecencia ante la Comisión de Infraestructura.
“No podemos ahondar en detalles del tema porque es una investigación preliminar que está en curso en este momento en nuestra división jurídica, pero la Contraloría sí elaboró esta investigación preliminar para determinar eventuales responsabilidades administrativas por la situación que se dio en relación con este fideicomiso”, confirmó Manuel Corrales, gerente del área de temas sociales, quien acompañó a la contralora.
La ley del fideicomiso establecía que se debían construir 103 obras (80 centros educativos y 23 canchas techadas) con $167,5 millones del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, solo alcanzaron para construir 55 de las 103 obras con ese dinero.
Se determinó un valor para cada centro educativo sin que existiera un estudio técnico que lo sustentara. El costo previsto para cada obra que se incluyó en el texto de ley solo era “referencial”.
Por ejemplo, en la ley se estimó la Escuela Finca La Caja, en La Carpio, La Uruca, San José, en $5,8 millones, pero el costo final fue de $6,8 millones.
Lo mismo ocurrió con el Colegio Guararí, en Heredia: se estimó en $2,6 millones pero costó casi el doble, $4,7 millones. Finalmente, el Colegio Occidental, en Cartago, costaría $3,8 millones pero se invirtieron $5,5 millones.
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La errada estimación y el atraso de más de dos años del Banco Nacional en la conformación de la Unidad Ejecutora (encargada del desarrollo del proyecto), encarecieron los costos para desarrollar los centros educativos. El Nacional era el administrador y el Ministerio de Educación Pública (MEP), como unidad supervisora.
Marta Acosta dijo: “No se cumplió el objetivo en los términos establecidos en la ley que le dio origen, principalmente, por el costeo inadecuado, los cambios constantes en el modelo de diseño de la DIEE, las condiciones en los terrenos y los atrasos procedimentales que afectaron seriamente la gestión del fideicomiso. La infraestructura educativa continúa siendo una gran deuda para el país”.
La contralora criticó en la comparecencia el desarrollo del fideicomiso y, en general, de la gestión de infraestructura educativa de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP.
La ineficiencia de este departamento para la construcción de escuelas y colegios obligó a ejecutar un proceso de transformación que culminó en agosto del año pasado. Sin embargo, ese proceso no implicó cambio de funcionarios.
“Desde los años 60, el MEP ha enfrentado dificultades para gestionar la infraestructura educativa e incluso puede considerarse que no ha podido consolidar un modelo de gestión. La gestión de infraestructura se realiza sin un diagnóstico detallado sobre el estado y necesidades de los centros educativos del país, en la práctica se ha gestionado contra demanda. Esta situación ha sido señalada tanto por la Contraloría como por la Auditoría al Ministerio e incide en que la asignación es menos eficiente de los recursos”, dijo la funcionaria en su comparecencia.
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Agregó que persisten las necesidades de infraestructura educativa a pesar de la “magnitud” de recursos invertidos. Como referencia, señaló, para el período 2011-2020 se han transferido ₡441.000 millones a las juntas de educación y administrativas para el desarrollo de infraestructura.
“Mientras no se materialicen cambios de fondo, el MEP continuará sin poder consolidar un modelo de gestión efectivo para la infraestructura educativa. Es preciso que el Ministerio materialice y consolice cambios de fondo, supere brechas de cultura organizacional, de gestión de proyectos, de coordinación con la juntas y de control interno y presupuestario”, expresó.
