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Los bajos conocimientos con que salen los técnicos graduados del MEP y del INA obligan a los empleadores a invertir en nuevas capacitaciones para los que logran incorporarse al mercado laboral, que no son muchos.
Este es uno de los hallazgos contenidos en un informe que la Contraloría General de la República dio a conocer a inicios de este mes, sobre la formulación de la oferta de educación y formación técnica ofrecida por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
La investigación implicó consultas a la Cámara de Industrias, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Cámara de Tecnologías de Información y Cámara Nacional de Turismo.
"Las debilidades relacionadas con las capacidades teóricas y prácticas de las personas egresadas de los programas de EFTP (Educación y Formación Técnico Profesional) ocasionan costos adicionales a los empleadores. Los resultados obtenidos reflejan que la oferta no responde a las necesidades del mercado laboral y que las empresas incurren en costos de recapacitación y reentrenamiento", señala el informe N° DFOE-EC-IF-00028-2017.
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Los empleadores con al menos cinco trabajadores deben pagar mensualmente, para el INA, un aporte equivalente al 1,5% del costo de sus planillas. El Instituto recibe el 1,5% del monto total de las planillas de salarios de las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado.
Dicho financiamiento apoyó la graduación de más de 93.000 personas de cursos y carreras entre 2014 y 2016, siendo la entidad técnica con más egresados. En el mismo periodo, de los colegios técnicos del MEP salieron 25.000 personas.
.Jorge Luis Araya, subdirector ejecutivo de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo a este medio en diciembre que, por el aporte que los empresarios están obligados a hacer al INA, los sobrecostos por capacitación representan para ellos un gasto doble.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, el 33,7% de los empresarios considera que los conocimientos técnicos de los graduados en los campos educativos que se evaluaron son apenas "buenos o regulares".
Entre esos campos están Hotelería, Restaurantes y Servicios de Banquetes, Desarrollo y Análisis de Software y Aplicaciones, Contabilidad e Impuestos y Cuido de Adultos Mayores.
Para los graduados en esas áreas, se debió incurrir en sobrecostos de capacitación, de acuerdo con el 83,9% de los empresarios consultados.
"En lo que respecta a conocimientos prácticos de los graduados de esos campos educativos, un 32,7% de los consultados consideran que dichos conocimientos apenas son buenos o regulares y un 94,1% de estos incurrió en costos adicionales de capacitación", añade el órgano contralor.
Para la Contraloría, los sobrecostos de capacitación se explican en la carencia de experiencia de los docentes en la industria, al tiempo que dejan al descubierto la necesidad de mejorar sus competencias técnicas y pedagógicas.
Minor Rodríguez, presidente ejecutivo del INA, aseguró que trabajan en un plan de modernización para "mejorar los servicios y los índices de gestión de la institución y por ende su respuesta ante las necesidades del sector productivo y laboral.”
Con ese objetivo, la institución pagó una consultoría a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por $780.500 (alrededor de ¢450 millones).
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El estudio realizado por la CGR concluye que en el país no existe política, directriz o lineamiento público que establezca una orientación estratégica a seguir en cuanto al proceso de formulación de la oferta de educación y formación técnica.
Aquella labor le corresponde, según la ley, al Sistema Nacional de Educación Técnica (Sinetec). Ese órgano del MEP entró a funcionar en 1998 para "promover la integración de los niveles de educación técnica, a nivel público y privado, desde el nivel básico hasta el técnico superior, mediante acciones concertadas entre las instituciones formadoras y el sector productivo".
Sin embargo, para el ente contralor, esos objetivos no se han cumplido.
"La carencia de políticas, directrices o lineamientos públicos como las mencionadas, tiene su origen en una prolongada inacción del Sinetec, en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por Ley", dijo el informe.
Sobre una política para la educación técnica, el Ministerio de Educación Pública (MEP) dijo que el Gobierno creó el primer Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica, anunciado en agosto del 2016, el cual "es un esfuerzo del país por ordenar la oferta de educación y formación técnica profesional".
Según el MEP, este marco "estandariza los niveles de cualificación, eleva la competitividad, disminuye la curva de aprendizaje y facilita los procesos de reclutamiento y selección de personal".
"Este es un instrumento acorde con las demandas vigentes y proyectadas del sector productivo, orienta las rutas de formación, reconoce los diferentes niveles y brinda opciones de empleabilidad", explica al Ministerio quien añade que la Contraloría no lo tomó en cuenta.
Actualmente, este marco se encuentra en proceso de implementación.
Empleo
De acuerdo con el informe de la Contraloría, solo el 25% de los graduados del INA logran conseguir empleo en la especialidad estudiada. En el caso del MEP, esa cifra al 44%.
Estos porcentajes, según el informe, se deben a los bajos conocimientos prácticos y técnicos de los graduados y en la necesidad de que la oferta refleje las necesidades del mercado laboral y se fortalezca la calidad de la formación profesional.
El MEP, sin embargo, refutó que sea el 40% los graduados técnicos que se insertan al mercado laboral. Según explicaron, la inserción laboral de los estudiantes egresados de los colegios técnicos profesionales supera el 70% de la población egresada. Sin embargo, no detallan si laboran en la especialidad que estudiaron
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Para la Contraloría, los porcentajes de inserción laboral también se explican en el hecho de que para los estudiantes del INA no es obligatorio realizar prácticas formativas en empresas e instituciones.
Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que realizó prácticas en el 2015 fue de solo 5,7% . En el MEP, en cambio, es un requisito para todos los alumnos.
"Algunas otras rigideces de la oferta, tales como la lenta capacidad de respuesta de los colegios técnicos profesionales del MEP y los centros de formación del INA respecto de las demandas del sector empresarial. Además, que los procesos de consulta a los empleadores que utilizan el MEP y el INA no son suficientes para hacer que la oferta responda en forma más efectiva a las necesidades del mercado laboral", explicó el ente contralor.
Añadió que en los técnicos las habilidades blandas no son desarrolladas uniformemente en los programas educativos de EFTP que suministran el INA y el MEP, y que no existe una supervisión efectiva de la ejecución, a nivel de docencia, de los programas de formación tanto en el INA como en el MEP.
