EscucharEn el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Batán viven en una encrucijada. Necesitan que llueva para poder sacar adelante sus labores agropecuarias, pero ruegan al cielo que el aguacero no sea muy fuerte, porque el agua podría filtrarse por las paredes deterioradas y además, algunos baños quedan inhabilitados.
Así ocurre con el baño de la Dirección del CTP, por eso la directora debe recorrer un kilómetro para buscar otro servicio sanitario, pues no se pueden usar los de estudiantes, donde además el agua se devuelve por los lavatorios.
Este CTP, que atiende a colegiales en el día y en la noche, así como a alumnos de Plan Nacional, es uno de los 881 centros educativos con orden sanitaria y está entre los 101 que deben cerrar, no obstante, aún no tienen proyecto asociado de parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Si bien los centros educativos que cuentan con proyecto asociado (tienen algún fondo en Caja Única del Estado y han iniciado el proceso para remozar o construir) deben esperar años por una solución; un caso como el del CTP podría tardar aún más en solucionarse.
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El centro educativo que se edificó hace 50 años tiene una orden sanitaria de cierre desde el 2020 debido a sus deplorables y peligrosas instalaciones.
La situación va más allá de los baños. Según Édgar Álvarez, presidente de la Junta de Educación, hay que reparar techos, canoas, así como el sistema eléctrico, que ha presentado serios problemas.
Según una fuente cercana al colegio, quien pidió mantener su identidad en reserva, estas medidas serían mientras reciben una solución de la DIE. Por ahora, no se han reubicado con los cerca de 2.000 alumnos porque saben que la disminución de la matrícula sería importante.
“Cuando llueve la pasamos muy mal. Como somos agropecuario, el ganado requiere agua y queremos que llueva, pero que no sea más de cinco días. La orden sanitaria dice que el centro educativo es peligroso y ruinoso, por lo tanto, requiere ser demolido”, dijo la fuente.
Según el presidente de la Junta, alumnos, docentes y funcionarios continúan en las instalaciones porque han recaudado donaciones para realizar algunos arreglos; aulas que estaban inhabitables fueron demolidas y sus escombros sirvieron de relleno para arreglar otras.
“Se ha buscado una cita con la ministra, ha sido difícil, articulamos con la Municipalidad de Matina. En Caja Única del Estado lo que teníamos eran ¢10 millones que han disminuido porque hemos hecho estudios de suelos, se hicieron para presentar los planos a la DIE. Hemos luchado para no desalojar, Batán no tiene un espacio para alojarnos”, añadió la fuente.
Según Édgar Álvarez, la DIE le informó de que la construcción del nuevo CTP costaría más de ¢3.000 millones y que tratarían de solventarlo con el presupuesto del canon que gira la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), no obstante, lamenta que es una promesa que les hicieron desde hace tres años.
Lourdes Sáurez, directora de la DIE, confirmó a La Nación que efectivamente presentaron el proyecto de este colegio para usar el canon. La ingeniera reconoce que la atención es urgente.
Álvarez también reclamó que en varias ocasiones les han prometido recursos para realizar reparaciones, pero que aún no llegan.
Recientemente la DIE solicitó nueva documentación al CTP, aunque eso no es garantía de nada, pues lo mismo ocurrió dos años antes.
