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Cuatro expresidentes de Costa Rica condenaron “de la manera más enérgica” los hechos de violencia en Ecuador y le expresaron su respaldo al gobierno de Lenín Moreno.
Se trata de Rafael Ángel Calderón (1990-1994), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Abel Pacheco (2002-2006) y Óscar Arias (2006-2010), quienes pertenecen al grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).
Ellos apoyaron una carta firmada por otros 15 exmandatarios de América y por José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, sobre lo que sucede en Ecuador.
“Tales hechos, además de afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder, amenazando la paz interna y la normalidad de la vida económica y social ecuatoriana, han sido saludados y respaldados abiertamente por la dictadura imperante en Venezuela y su aliada, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, expresaron en la carta de declaración sobre los sucesos en Ecuador.
El Gobierno de Costa Rica también reiteró este domingo su solidaridad con el Gobierno de Ecuador y su presidente Lenín Moreno, así como con la democracia y la institucionalidad de ese país.
“Costa Rica lamenta la la violencia y la tensión social, y hace votos por un pronto retorno a la normalidad. En este sentido, se suma a los llamamientos para no propiciar acciones que agraven la situación y, más bien, buscar la ruta del diálogo. El Gobierno de Costa Rica también reitera la importancia de salvaguardar las instituciones democráticas, la paz y los derechos humanos”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Desde octubre, cientos de personas han protestado en Ecuador, entre otras cosas, por los ajustes económicos ordenados por el gobierno ecuatoriano, para poder obtener un préstamo de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La crisis suma cinco muertos y cientos de heridos, al tiempo que se interrumpió el transporte de crudo por el principal ducto del país.
Según Moreno, las reformas económicas son necesarias para salvar de la “debacle” a la dolarizada economía ecuatoriana, tras años de “derroche, endeudamiento y corrupción” en el gobierno de su antecesor y exaliado, Rafael Correa.
Entre los ajustes, está la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina, lo que aumentó las tarifas hasta en un 123%.
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De acuerdo con los expresidentes, los actos de violencia popular son inducidos desde el exterior, según las informaciones internacionales y de la denuncia formulada por Lenín Moreno.
El mandatario ecuatoriano sostiene que la violencia tiene el propósito de atentar contra el clima de libertades y la institucionalidad democrática.
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El expresidente Miguel Ángel Rodríguez, declaró a La Nación que no es con base en la violencia como cambian las cosas en una democracia.
“No es lícito que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos por sus intereses. Tenemos la sospecha de que Maduro (Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela) y Correa están incitando la violencia. Los indicios son bastante claros, tiene que ver con el interés de hacer que el grupo de socialismo del Siglo 21 vuelva a tener la vigencia que tuvo en Sudamérica”, dijo Rodríguez.
El documento de IDEA agrega: “Se insta a la comunidad internacional a mantenerse vigilante, sobre todo, adoptar sin demora las medidas legítimas que se correspondan con el Derecho internacional y las previsiones de la Carta Democrática Interamericana, a fin de conjurar la situación mencionada e impedir la grave alteración del orden constitucional y democrático en el Ecuador que se encuentra en curso”.
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) es la principal organización indígena de Ecuador y es la que ha protagonizado las protestas.
El viernes, se negó dialogar con el Gobierno. Su dirigente, Jaime Vargas, llamó a “radicalizar las acciones” mediante “bloqueos de vías y las tomas” de edificios públicos.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una escalada inflacionaria.
