Jeannette Navarro, directora de la escuela Barrio Limoncito, en Limón, considera que su centro educativo no esta preparado para recibir a alumnos en clases presenciales con pandemia ni tampoco en condiciones normales.
Esta escuela, que actualmente tiene 580 niños, fue clasurada por el Ministerio de Salud en 2017 y tenía 14 órdenes sanitarias desde antes del 2005.
Como no poseen un edificio adecuado, los niños reciben clases en un parqueo de una iglesia, en aulas hechas de paredes removibles con latas de cinc, en las cuales, los 30 grados Celsius se sienten aún más intensos por la humedad.
Para los 580 alumnos, hay solo dos servicios sanitarios y cuatro lavamanos. La Junta de Educación había instalado otros cuatro lavamanos móviles a los que les tuvieron que colocar un candado por los constantes robos de los ladrones. Sin embargo, los lavatorios fueron destruidos por los antisociales al no poder llevárselos.
Justamente, por esas condiciones es que la escuela Barrio Limoncito forma parte del grupo de 72 centros educativos que por sus condiciones de infraestructura, que los hacen tener una orden sanitaria de cierre, no van a retornar a las clases presenciales el próximo 8 de febrero. En estos 72 centros están matriculados 23.368 estudiantes.
También, hay otro grupos de 36 escuelas y colegios, principalmente en territorios indígenas, que no van a retomar la presencialidad porque no tienen agua del todo. En este caso, son 3. 518 alumnos quienes se encuentran matriculados en estos centros, según información del Ministerio de Educación Pública (MEP).
“Nosotros no creemos que la escuela Barrio Limoncito regrese a clases presenciales. Antes de salir de esta emergencia, a inicios de marzo, nos visitó el Ministerio de Salud e hizo una inspección por denuncias que habían de padres de familia porque las instalaciones no eran aptas para los niños. No creo que regresemos de forma presencial porque no tenemos las condiciones, servicios solo hay dos y la población estudiantil no da abasto, por lo tanto, seguiremos igual a como se trabajó este año de forma virtual”, explicó Navarro.
Leonardo Sánchez, director de programas de Equidad del MEP y quien participó en la elaboración de los protocolos de reingreso a clases presenciales, explicó que, a través de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), se clasificaron las escuelas y colegios de acuerdo a su estado general.
El protocolo de agosto anterior detallado en la Estrategia regresar, propuesta por el Ministerio de Educación, clasificó y caracterizó a los centros educativos bajo las condiciones básicas de higiene, el acceso a infraestructura básica y a agua potable.
Según ese documento, por el primer filtro de condiciones sanitarias, se descartaron inicialmente poco más de 2.000 centros educativos para el reingreso a clases presenciales.
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Sin embargo, Sánchez manifestó que, al final, el protocolo más reciente, de diciembre, estableció que los centros que no retornarán a clases presenciales serían los que tengan orden sanitaria de cierre y no cuenten con el servicio de agua potable.
“La mayoría de centros (con orden sanitaria de cierre), están en proceso de diseño. En esos casos, hay opciones de continuar con el proceso educativo ya sea movilizando a esos estudiantes a otro centro educativo o continuar en clases distancia”, aseguró el funcionario.
En el caso de la escuela Barrio Limoncito, desde 1990 existe la promesa del Ministerio de Educación Pública de levantar unas nuevas instalaciones.
De acuerdo con información del MEP, el proyecto para la nueva escuela se halla en la etapa de diseño en la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, que está finalizando un proceso de reestructuración por su ineficiente gestión en la ejecución de sumas millonarias para construir y reparar escuelas y colegios.
La reestructuración incluirá a los mismos funcionarios a los que la Auditoría Interna del MEP calificó en un informe de 2019 como “temerosos, conflictivos y sin compromiso”.
“Lo del proyecto de la escuela todavía lo tienen ahí, en la DIE, todavía no han aprobado los documentos, saben la emergencia en que estamos, pero todavía estamos ahí esperando en Dios que nos ayude, que ilumine a la ministra (Guiselle Cruz) y a los de la oficina del DIE para que le den camino más rápido a este proyecto”, puntualizó Navarro.
Limonenses e indígenas los más afectados
De los 36 centros educativos que no van a poder retomar las clases presenciales por la falta total de agua, la mayoría se ubica en zonas indígenas y regiones alejadas.
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“En caso extremo de los que no tienen agua, por su ubicación geográfica, es imposible la instalación de infraestructura. El Ministerio de Educación ha recibido donaciones de tanques, lavatorios y, en alianza con el sector privado, se solventaría el problema”, explicó Sánchez.
En el caso de los 72 centros educativos que no regresan a la presencialidad porque la infraestructura está en pésimo estado y el Ministerio de Salud decretó el cierre, 40 son de la provincia de Limón, 11 son de San José, nueve de Alajuela y los otros 12 se distribuyen en Cartago, Heredia y Puntarenas.