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Sebastián Arce, alumno de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, en Goicoechea, tuvo libre casi toda la mañana del lunes porque sus profesores se encontraban en huelga.
“Hoy el horario normal era de 7 a. m. a 4: 20 p. m. pero entramos 8:20 a. m. para recibir dos lecciones, después tres lecciones libres y luego recibimos otras tres”, contó Arce. En este CTP, el 75% de los 90 docentes no llegó a dar clases para protestar contra la reforma fiscal.
Según el muchacho, desde la semana pasada le dieron un horario especial para toda la semana, como previsión.
Asley López, alumna de sétimo año del Liceo Napoleón Quesada, en Guadalupe, también de Goicoechea, no sabía si tenía clases o no; se topó con que su profesor de Informática no llegó y ella esperaba sentada en la entrada del Colegio si para más tarde se hacía presente algún profesor.
En este centro la mayoría de los educadores se sumó a la manifestación.
Ellos forman parte de los 8.215 educadores de 809 escuelas y colegios que se ausentaron este lunes debido a la manifestación contra la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.
Esa cifra representa el 39% de los 21.156 funcionarios que laboran en estos 809 centros y que a las 2: 30 p. m. reportaron al MEP las ausencias sin justificación. El 54,4% (11523) sí está laborando y el 6,6% restante (1.418) estaba incapacitado o no debía laborar.
Este segundo reporte enviado por el MEP representan el 15% de la totalidad de instituciones educativas del país.
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El Ministerio de Educación Pública (MEP) recopiló la información de la cantidad e identidad de docentes que no llegaron a brindar “el servicio educativo” mediante una nueva aplicación creada específicamente para medir los efectos de este movimiento. Son los directores de los centros educativos, subdirectores, supervisores de circuito y directores regionales quienes deben recopilar la información ya que ellos están sujetos a obligaciones de representación patronal ineludibles e inherentes al puesto.
A pesar de la huelga, la orden es que esos funcionarios permanezcan en sus puesto de trabajo y recibir a los alumnos que llegan, independientemente de si el docente está. De esta forma, deben “garantizar el servicio educativo”.
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Un ejemplo de cómo se garantizó el servicio educativo pese a la ausencia del docente, ocurrió esta mañana en la escuela Pilar Jiménez en Goicoechea.
Jeannette González, vecina de Guadalupe, llevó a su hija Mariel Masís de primer grado a clases, pero la maestra no llegó.
“Nos mandaron un mensaje y nos dijeron que las clases se iban a dar con normalidad. No vino la maestra pero por dicha me recibieron a mi hija”, dijo la madre de familia.
La información que recopilará el Ministerio le servirá para documentar la magnitud del movimiento y la responsabilidad que pesa sobre los funcionarios que se ausentaron de su trabajo.
Desde la semana pasada, el ministro de Educación, Édgar Mora, dijo que se tomarán las medidas que correspondan, las cuales se complementarán con la solicitud de ilegalidad de la huelga que pidió el MEP este lunes, al igual que otras 18 instituciones públicas.
El trámite de ilegalidad de la huelga lo presentó el MEP ante la Procuraduría General de la República.
Los funcionarios se exponen a sanciones que van desde el rebajo de salario. "A mayor responsabilidad, mayor serán las consecuencias”, indicó el ministro de Educación.
“El MEP está cumpliendo con su deber de recabar la información para constatar que el movimiento de huelga no cumple con los requisitos para declararla como legal, no es excusable que los funcionarios se ausenten de sus labores y con ello suspender el servicio educativo”, manifestó el jerarca del MEP.
