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La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP, encargada de las construcción de escuelas y colegios del país, se creó en 2007.
Solo cuatro años después de su creación, en 2011, ya la Contraloría General de la República (CGR) reportó por medio del informe DFOE-SOC-IF-16-2011 anomalías en la gestión de esta dependencia del MEP.
Después de ese informe del 2011, la CGR dio a conocer tres informes más (el último en el 2017) que versaban sobre lo mismo: debilidades en la planificación de los proyectos constructivos, previo a la asignación de los recursos y al inicio del proceso de contratación de las obras, que generan incumplimientos de las obras y modificaciones en los plazos y montos de los contratos.
Estas anomalías se mantienen si se comparan con el informe de la Auditoría Interna del MEP sobre la DIEE (31-18 DIEE), que se dio a conocer a inicios de este año.
Ese informe, además de dar detalle sobre la mala gestión de los proyectos de construcción de esta Dirección, fue más allá, explicó que una de las razones del rezago en infraestructura y del estado de los centros educativos, que ascienden a 5.000, se debe a este “decadente” clima organizacional en la DIEE.
Este mal ambiente, según la auditoría, genera el aumento en los tiempos de los proyectos, debido a tramitomanías “irrelevantes” entre departamentos y áreas en esta Dirección.
Para hacer un nuevo centro educativo, reparación o mantenimiento, el proyecto pasa por cada uno de los ocho departamentos de la DIEE. Sin embargo, como entre departamentos no se hablan por problemas personales entre funcionarios y jefaturas, no se pasan información para darle continuidad al proyecto que al final queda varado.
Ocho años de advertencias
En 2011, la Contraloría detectó que el MEP no contaba con una Política de Infraestructura Educativa, que permita orientar la planificación y la gestión de los proyectos; además, carece de un proceso de planificación estratégica que brinde una respuesta efectiva a las repercusiones en los cambios de la pirámide poblacional en el país.
Desde ese entonces se determinaron inconsistencias en la aplicación de controles de aprobación presupuestaria, de liquidaciones y la ejecución de transferencias por parte del MEP, “en detrimento del seguimiento y evaluación tanto física como financiera de los proyectos de infraestructura y de la administración de los recursos destinados para este fin”.
En 2011, la Contraloría pidió al MEP abandonar la práctica de atender la infraestructura educativa por demanda y en forma centralizada y asumir un control sobre la distribución de los recursos, acorde con los propósitos de la política educativa y de infraestructura que se definan. Eso es algo que aún no se supera: la DIEE aún sigue gestionando la construcción de infraestructura solo si los centros le tocan la puerta.
Desde el 2007 a la fecha han pasado por la DIEE seis directores y hasta una comisión que se integró por tres jefaturas.
El primer director, Fernando Ulloa Rodríguez, duró tres meses en el cargo; el segundo, Carlos Miranda, se mantuvo cuatro meses.
Carlos Villalobos Argüello fue el jefe de la Dirección que más tiempo duró: de junio de 2008 a mayo de 2014. Villlalobos es el actual subdirector de la DIEE y sobre él hay en trámite un proceso de despido por haber trasladado millones a las juntas sin ninguna razón, mientras ocupó ese cargo.
Después de Villalobos, estuvo como director Gerardo Badilla, quien duró cuatro meses. Luego, una comisión conformada por tres jefaturas estuvo a cargo de la DIEE, de agosto de 2014 a enero de 2015.
De enero de 2015 a agosto del 2018, el director de dependencia del MEP fue Walter Muñoz. La actual directora es Andrea Obando, quien llegó en agosto.
A pesar de que han pasado tantos directores, las anomalías que se detectaron en 2011, continúan. El informe de la Auditoría Interna del MEP (31-18 DIEE), detalló que tras hacer una revisión de los expedientes de los proyectos gestionados por las juntas y por la DIEE, en 2015 y 2016, se detectó que no hay formularios de presupuestos con la respectiva firma de los profesionales responsables, no hay cronogramas de obras con fechas de inicio y finalización, se desconocen los costos finales de las obras construidas, y no hay planes de trabajo.
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Hay carencia de carteles para contratar servicios profesionales en ingeniería y arquitectura; no se incluye el análisis de las ofertas y recomendación de adjudicación a las Juntas. También hay ausencia de seguimiento de los procesos de contratación de mano de obra y materiales por parte de la DIEE.
“La DIEE no realiza en todos los proyectos de infraestructura solicitados por las Juntas el seguimiento de supervisión o fiscalización de las obras. Por consiguiente, esta situación implica que las Juntas de Educación realicen pagos de contratación de servicios profesionales, avances de mano de obra y suministro de materiales, sin la aprobación de la DIEE y que existe un gasto de dinero por sobrecostos de las obras, por la falta de supervisión o fiscalización de las obras, atentando contra el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos”, dice la Auditoría.
Por último, la Auditoría explicó que en la Dirección no se cuenta con un inventario de todos los centros educativos que incluye, el estado de la infraestructura, localización, niveles de riesgos, condiciones del estado del terreno, condiciones topográficas, capacidad instalada (descripción del inmueble) y población atendida.
El ministro de Educación, Édgar Mora, denunció a la Auditoría Interna del MEP 100 casos de proyectos de construcción de escuelas que tenían presupuestos inflados; traslado de fondos a las Juntas de Educación que los administran pese a no tener proyectos asignados; irregularidades en la compra de terrenos y en contratación de ingenieros externos.
