EscucharDiputados de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa manifestaron dudas en relación con el proyecto de ley que pretende dejar en manos de los gobiernos locales el mantenimiento de escuelas y colegios.
Se trata del proyecto de ley 23.252, denominado “Segunda Ley Especial Para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva Del Equipamiento e Infraestructura Educativa”.
El expediente busca transferir al menos un 1,5% de los recursos de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación (MEP) a los ayuntamientos, con el fin de que se hagan cargo “de la atención plena de la infraestructura de los centros educativos que imparten educación preescolar, general, básica y diversificada”.
El plan cuenta con el impulso de la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL), según el cual, las municipalidades “han ganado mucha experiencia en gestión de infraestructura”.
Según su argumento, con este proyecto podrán “construir, remodelar y darle mantenimiento a centros educativos del país de una forma más eficiente y mucho más rápida”.
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Para el frenteamplista Ariel Robles, el proyecto es “excesivo” en sus alcances y quitarle más dinero al MEP es peligroso. Es del criterio de que actualmente “la plata para la educación en Costa Rica no está alcanzando”
“Cada vez se recorta más el presupuesto educativo, ahorita ni siquiera respetamos el 8% constitucional que se le tiene que dar a la educación pública. Hoy 2023, el presupuesto en educación es el más bajo en los últimos 12 años, entonces meterle otro mordisco no da para más”, manifestó Robles.
Luis Diego Vargas, legislador del Liberal Progresista (PLP), cuestionó la forma en la que las municipalidades llegarían a gestionar esos recursos provenientes de la DIE.
“Algunos han hablado de crisis en la DIE y ahí es donde aparecen las municipalidades. Yo estuve trabajando para la DIE y yo sé el desastre que es; pero ¿cómo piensan (las municipalidades) gestionarlo? Deben atender temas de pluviales, temas de accesibilidad, traspasos de lotes, que es una locura, entre muchos temas más”, advirtió Vargas.
Por su parte, Geison Valverde, diputado de Liberación Nacional (PLN), también mostró dudas sobre el proyecto, pese a que destacó la importancia de darle más poder a los gobiernos locales en este tema.
“Porcentajes y distribución es lo que me preocupa un poco, debe irse mejorando; respaldo el proyecto porque es más fácil que la municipalidad sea la unidad ejecutora ya que tiene los ingenieros y facilidad de ejecutar los recursos, pero dudo en la distribución”, manifestó el liberacionista.
¿UNGL con capacidad?
Frente a los cuestionamientos, el director de Incidencia Política de la UNGL, Gilberto Monge, aseguró que las municipalidades tienen la capacidad para hacerse cargo del mantenimiento de la infraestructura educativa ya construida, en caso de que les transfieran los ¢13.000 millones que plantea el proyecto.
“No es que queramos asumir la competencia plena y exclusiva de toda la infraestructura educativa, porque sería un error, pero plantemos que se traslade la competencia del mantenimiento de infraestructura construida y que del monto anual que se le traslade a las municipalidades se pueda construir obra nueva, hasta un 25% de ese monto; por ejemplo, construir un par de aulas porque creció la población “, dijo Monge.
Según él, hay escuelas que pueden ser remodeladas y mejoradas, pues la infraestructura debe ser diferente para una escuela en la GAM (Gran Área Metropolitana) y para otra en las zonas rurales, dependiendo de las necesidades estudiantiles.
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