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“Me pongo en los zapatos de los consumidores a los que les ha llegado verdura de mala calidad, donde han recibido productos vencidos, los huevos dañados, malos; donde les han llegado arroz y algunos granos con gorgojos y no lo digo porque me han contado, lo he visto”.
Con este relato, Ignacio Alpízar Castro, diputado de Nueva República, aseguró este jueves a sus compañeros de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación que él ha atestiguado cómo los alimentos que los proveedores del Consejo Nacional de Producción (CNP) venden a las escuelas con sobreprecios, llegan en mal estado.
A pesar de haberse “puesto en los zapatos de los consumidores”, como dijo, Alpízar votó contra el proyecto de ley (expediente 21.424) para reformar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP.
El texto propone eliminar la obligatoriedad de entidades estatales de comprar alimentos al Consejo, dentro del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
“Ayer (miércoles) una señora me enseñó una naranja que parece un limón, eso da vergüenza. El arroz de muy mala calidad, que no se suaviza y así podría contarles cosas que logré ver en comedores. Mi compañera, Nidia Céspedes, visitó varios comedores y trajo al plenario videos y fotos de productos de muy mala calidad. De por medio está la salud de nuestros niños”, añadió Alpízar.
Él y otros cuatro legisladores de la Comisión apartaron, sin embargo, tales consideraciones y decidieron votar negativamente contra el proyecto y casi sepultar la posibilidad de eliminar el monopolio del CNP. Solo dos de los cinco integrantes del foro legislativo apoyaron la iniciativa que llevaba tres años en discusión.
De esta forma, aunque el servicio y calidad de los alimentos sea deficiente, las escuelas, hospitales, Cen-Cinái y demás instituciones públicas seguirán en la obligación de comprarle a esa institución productos más caros que en el mercado o en mal estado. El proyecto de ley pretendía que fuera opcional y que tuvieran la oportunidad de elegir a los mejores proveedores.
“Hay quejas de que el producto que sale malo (los centros educativos) lo devuelven , pero cuesta que (los proveedores del CNP) lo vuelvan a traer, tenemos quejas de altos precios. Hoy un diputado presentó un informe donde dos proveedores de abarrotes facturaron más de ¢10.000 millones; no es tanto así de que son solo pequeños y medianos productores, hay algunos que están haciendo su agosto”, expuso Alpízar.
Lo contradictorio, es que con todo lo que observó el diputado fabricista, se unió al Partido Acción Ciudadana (PAC) para votar en contra del proyecto de ley alegando que el expediente “carecía de algunas mejoras”.
“Que el PAI tome esto casi como un precedente de que los diputados en su mayoría estamos muy molestos con el actuar de ellos y que tienen que cambiar y mejorar en muchos aspectos”, concluyó.
Votaron en contra de la propuesta Alpízar y Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional; Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Mario Castillo y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana. Entretanto, el proponente Wagner Jiménez y Silvia Hernández, ambos de Liberación Nacional, dieron su voto afirmativo.
Ahora, los dos dictámenes del expediente 21.424 deberán ser trasladados al plenario legislativo, donde los 57 diputados determinarán cuál de ellos se acoge.
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Aparte de lo que Alpízar dijo haber comprobado, la mala calidad, sobreprecios y deficiente servicio del CNP a sus clientes institucionales están ampliamente documentados por la Contraloría General de la República, estudios de la Universidad Nacional y de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), además de cámaras de sectores productivos.
Igualmente, está probado el hecho de que ganancias que reciben los proveedores del CNP quedan en pocas manos.
En julio, La Nación reportó, con base en información brindada por el mismo Consejo, que 26 (8,3%) de los 312 proveedores se dejan el 45% (¢41.300 millones) del presupuesto total (¢91.948 millones) que esa institución destinó en el 2020 para compras de alimentos de escuelas, cárceles, policías y hospitales.
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Discusión de fondo
“Es para proteger al intermediario”
Wagner Jiménez, quien impulsó la iniciativa, se mostró decepcionado de que, inicialmente, el proyecto para eliminar el monopolio del CNP tenía el apoyo de la mayoría de diputados, pero todo cambió en las últimas semanas por “presiones” de los sectores y el efecto de la campaña electoral.
“La semana pasada el expediente tenía cuatro votos a favor y hoy va a tener solo uno. ¿Qué pasó en ocho días? Eso lo sabremos después. La democracia está en peligro cuando se quiere intimidar y torcer los brazos a como dé lugar. Una manifestación en la casa de un legislador por parte de una institución pública, apoyando y promoviendo con los distintos proveedores del Consejo, es una herida a la democracia costarricense y ojalá que no se vuelvan a repetir bajo ninguna circunstancia estos métodos de intimidación arcaicos que nos devuelven a la edad media”, expresó Jiménez.
El diputado hizo referencia a la protesta que se registró el miércoles frente a su su vivienda, en San Francisco de Heredia, y luego frente al Balcón Verde, sede del Partido Liberación Nacional, en Sabana.
La manifestación fue ampliamente difundida por la oficina de prensa del CNP. Ante consultas de La Nación, Casa Presidencial prometió investigar estas actuaciones y sentar responsabilidades.
Para Jiménez, con este resultado, las quejas, denuncias e insatisfacciones de centros educativos y otras instituciones continuará, lo mismo que la mala calidad de los productos y altos precios, por los costos de intermediación de esta institución.
“Aquí se ha desatado una campaña, no para proteger al agricultor, es para proteger al intermediario, al proveedor grande, dueño de supermercados, carnicerías y otros que se están beneficiando con el margen de intermediación. No me duele por mí, me duele porque el Estado seguirá pagando más caro al CNP con impuestos de todos los costarricenses. Eso lo pudimos haber arreglado, lo pudimos haber corregido, pero esa opción, ya no está”, agregó.
Óscar Cascante, quien también dictaminó negativamente el plan, dijo que abrir este mercado tiene dos grandes riesgos. El primero, según él, es que contratar con el Estado es una “garantía de transparencia”.
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“No quiero decir que contratar con un privado sea ilegal, pero me garantiza que, con el Estado, se va a contratar a un precio justo. Otro factor es la inocuidad, el CNP garantiza la inocuidad y la entrega de los productos (...). Ellos dan una trazabilidad importante a la inocuidad de los productos, cosa contraria cuando contratamos con privados. El PAI no es malo del todo, es mejorable, perfectible; se puede llegar a tener mejores condiciones, se puede mejorar la inclusión a proveedores, que es un tema que se tiene que revisar. No es eliminando el programa que vamos a resolver el problema, yo diría que podemos desencadenar otro problema más grande”, detalló.
La segunda razón es que, si se le sigue comprando al Consejo, las utilidades quedarían dentro del Estado, pero, si se contratan privados, las utilidades quedan allí y el Estado no tiene participación.
“En este caso, la cura saldría más cara abriendo un monopolio. Yo no había tomado una decisión de votar a favor o en contra porque no es un tema de que esté a favor o en contra, sino de hacer un análisis más profundo. Hoy terminé de convencerme cuando me siento a desayunar con mi hija y le pregunto: ‘dígame, ¿qué piensa usted?’ y me dice ‘papá, piensa en esas familias’; y eso me hace estar tranquilo, tomar una decisión, por un grupo de familias”, dijo el legislador.
La diputada Silvia Hernández, quien votó a favor da la iniciativa, expresó que por lo menos espera que esta discusión haya puesto el tema sobre la mesa y que se tomen decisiones ante la evidente problemática del CNP.
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“Esto tiene que llevar a alguna solución, no puede ser que, entonces, el MEP pague más caro solo porque sí. Lo cierto es que hoy hay un problema de sobreprecios, no le demos la espalda y no nos permitamos que esta sea una discusión de buenos o malos.
“Lo mínimo que uno esperaría del Ejecutivo es un compromiso con los agricultores de verdad, no compromiso de que le voto este proyecto porque soy tan moralista de votar en contra, pero no hay capacitación, no hay recursos para mejorar la productividad; creo que está discusión tiene que llevar a actuar de otra forma. Las instituciones del Estado no pueden ser, simplemente, una agencia de empleo”, agregó Hernández.
