“Relatan los denunciantes que Ottón Fernández los humillaba usando términos como maricones, pendejos, cobardes, residentes de mierda, inútiles, infrahumanos. Los humillaba en idioma alemán; él mismo solicitaba a un estudiante que hiciera la traducción”.

Este texto forma parte del Informe Final Recomendativo de la Comisión Instructora Institucional de la Universidad de Costa Rica (UCR) que realizó una investigación, en 2016, de nueve denuncias de estudiantes de posgrados de Odontología (Odontopediatría y Protodoncia) en contra de Ottón Fernández López, quien fungió como director de esta unidad y, además, es docente catedrático de esa universidad.

La Comisión notificó el informe final a las partes la semana anterior. Recomendó el despido sin responsabilidad patronal de Fernández no solo por las humillaciones a sus alumnos si no por propinarles amenazas y pedirles “donaciones” de hasta $7.000 anuales por estar en el posgrado aunque esto no era permitido.

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Además, se le investigó por llevar equipo dental de la UCR, que se usa solo para el aprendizaje de los alumnos, para hacer tratamientos en su clínica privada.

Durante las audiencias, los estudiantes relataron que Fernández, de 55 años, usaba las horas de clase de los cursos de Seminario Interdisciplinario y Revisión de Literatura de Prótesis Fija para humillarlos y por lo tanto no se aprendía nada. El comportamiento estaba tan normalizado que lo hacía frente a otros docentes, señala la investigación.

“Cuando alguien no respondía como él quería, decía que éramos idiotas, pendejos, mediocres y palabras en alemán. Hacía humillaciones y gritaba frente a los pacientes de la clínica. Una alumna salió llorando e incluso vomitó por lo violento de la situación que se había presentado con el Dr. Ottón Fernández”, explica el informe.

Él también se refería con palabras soeces a otros docentes de la Facultad de Odontología, según los relatos de los estudiantes: “profesorcita de mierda, hijueputa”, eran algunos de los adjetivos que utilizaba contra sus colegas, precisa la investigación.

“El Dr. Fernández tenía un particular interés en un comité en el Colegio de Odontólogos, él era muy amenazante cuando hablaba con nosotros y me dijo que si yo le decía a... (otro docente de la Facultad) sobre esos movimientos, yo pasaría los peores tres años de mi residencia”, fue la declaración de un alumno.

La Comisión indicó que los hechos denunciados “se encontraban debidamente probados y corroborados” y que corresponden a hechos “muy graves, totalmente injustificados”.

Los estudiantes aseguraron que el docente los hacía quedarse hasta altas horas de la noche haciendo trabajos que luego no revisaba y que los llamaba a cualquier hora, incluso fines de semana.

“Una vez en vacaciones nos hizo acudir a un tipo de examen o presentar un artículo, yo me tuve que devolver de la playa”. “Un día en la noche yo estaba en mi casa y Ottón me llamó para decirme que qué estaba haciendo en mi casa, que fuera para el laboratorio”. “A nosotros nos decía que debíamos estar desde que sale el sol hasta que se oculte y un poco más, si él nos citaba había que ir ya fuera en la universidad o en su casa, si alguien no iba, tendría repercusiones, por miedo íbamos”, relataron los estudiantes.

Además, durante el posgrado, una de las alumnas quedó embarazada. Al tener a su hijo, ella necesitaba ir a citas médicas del niño en el Ebáis, que coincidían con las clases. Según contó, Fernández le dijo que tenía “terminantemente prohibido” asistir a las citas medicas de su hijo y faltar a clases.

“Yo le expliqué que debía ir a las citas de las vacunas y me dijo que eso era prohibido, estábamos en un seminario. Delante de los compañeros me lo decía. Se me salía la leche porque no me dejaba ir a sacármela. Él me infundía miedo, me sacó de los cursos solo por quedar embarazada. A mí me dijo que era idiota y mala madre", expresó la alumna a la Comisión.

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¿Qué dice Fernández?

La Nación contactó a Fernández para que se refiriera a lo que dice el informe.

Indicó que el proceso administrativo aún no ha finalizado (falta que las autoridades tomen una decisión con base en el informe final de la Comisión) por lo que por recomendación de su abogado no se podía referir al tema.

“Dependiendo de su resolución final, quedará sujeto a la valoración y determinación de los Tribunales de Justicia y será, en todo caso, un juez de la República, quien determine la verdad real de los hechos. Únicamente le adelanto, con absoluta certeza, que mi proceder personal, moral y profesional ha estado apegado a la normativa universitaria y al ordenamiento jurídico en general”, dijo el docente quien, desde el 2016, se separó de su puesto como director de posgrados de Odontología mientras se realizaba la investigación.

Por estos hechos, la Comisión concluyó que Fernández incurrió en nueve infracciones, por lo cual se recomendó imponer por cada una de ellas una suspensión sin goce de salario por cinco días por las graves y ocho por las muy graves.

Cobros de $100 ‘sin factura’

Las entrevistas para el proceso de admisión de los posgrados se llevaron a cabo en la sala de la casa de Fernández o en el área de recreo del residencial donde vive. Eso, según la comisión, es una violación de todo protocolo universitario.

Previo a la entrevista les cobraba $100, los cuales no estaban autorizados por el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). Para la Comisión, “era un cobro indebido”.

“Sobre el pago de los $100 por admisión, fue en la casa de Ottón y no nos dieron factura , no sé por qué nos cobraban esos $100”, dijo uno de los alumnos.

El tema más importante durante la entrevista para la admisión a la maestría eran las posibilidades de pago entre $3.500 y $7.000 como parte de una donación al posgrado para “contar con materiales en la especialidad”. El pago era obligatorio, si querían permanecer y se les cobraba multa si se atrasaban con el pago de la “donación”.

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El cobro tampoco estaba autorizado por el SEP, ya que esos posgrados se financian con recursos de la UCR y con la matrícula a la especialidad. Además, los pacientes atendidos en Odontología de la UCR realizan un pago por los tratamientos, lo cual se usa para financiar el mismo posgrado.

Según dijeron los alumnos, los depósitos tenían que hacerlos a las cuentas de la Fundación de la UCR.

“Nos preguntaban cómo íbamos a solventar el posgrado. Yo le dije que por medio de Conape. Me llamó para decirme que yo había sido la elegida pero para él era la tercera opción por no tener cómo pagar. Me preguntaba si tenía algún familiar que me ayudara y me dijo que tenía tres días para pagar, si no pagaba, no podía entrar”, dijo una de las alumnas.

La Contraloría Universitaria hizo una investigación por esos cobros en 2016, los cuales se hicieron entre 2009 y 2015. Concluyó que el cobro era injustificado y carecía de estudios técnicos, por lo cual se le devolvió el dinero a esa generación y a las anteriores. La Nación informó sobre eso en 2016.

La Contraloría, además de los cobros, tuvo conocimiento de los malos tratos a los estudiantes por no pagar. Sin embargo, los investigadores en su informe"no encontraron irregularidades" y se limitaron a dar recomendaciones.

Recursos públicos para atender consultas privadas

Una estudiante recibió una llamada de Fernández, en setiembre el 2015, en la cual le ordenó a ella y una compañera llevar el horno del porcelana del laboratorio de la UCR hasta la clínica privada del docente, dice el informe de la Comisión.

“Sobre el horno, el conserje nos ayudó a sacarlo y nos fuimos en taxi a dejarlo en la clínica el Dr. Fernández. El horno lo sacamos sábado. El horno quedó en la clínica del Dr. Fernández, nos devolvimos al laboratorio y no supe más del horno”, contó una de las alumnas.

Otra relató a la Comisión que Fernández le dijo que lo acompañara en sábado a dar un curso privado, en Liberia, para unas 10 personas (por el cual cobraba cerca de $1.500 por persona). La alumna fue con uno de sus compañeros y otras personas. Sacaron de la UCR un radiovisógrafo y un micromotor.

“El sábado me dijo: ‘Sepa que nadie puede saber que estamos aquí y, si dice algo, tenga la seguridad que va a tener problemas’. El curso privado casi que lo tuvimos que dar nosotros, lo hicimos con equipo de la universidad . Estuvo con nosotros un rato y luego dijo ‘me voy’ y nosotros dimos el curso solos”, relató una de las alumnas.

Según la Comisión, Fernández incumplió responsabilidades al sacar el equipo para actividades no universitarias, sin los respectivos permisos y en vehículos no autorizados.

Según el relato de otro de los estudiantes, a lo largo del 2015 realizaron implantes a pacientes de la UCR (ellos le pagan a la universidad estos procedimientos), pero en la clínica privada del exdirector de Posgrados.

Estos procedimientos se realizaban incluso domingos, para lo cual se llevaban a la clínica del profesor materiales como servilletas, gasas y otros de la UCR.

"Por estas cirugías se le cobraba a los pacientes $500 por el implante y el pago debía ser en efectivo. Otros estudiantes relataron que no solo atendían pacientes de la UCR en el consultorio privado del denunciado, si no también que, siendo ellos alumnos del posgrado, el doctor los ponía a hacer tratamientos a sus pacientes privados.

“Señalan que, incluso se les pidió atender, con materiales de la UCR, a pacientes privados y no se les cobró. Relatan sobre salida de materiales -acrílico, silicona, cemento, acondicionador de tejidos- hacia el consultorio privado del Dr. Fernández de lo cual hacen uso y luego devuelven los frascos sin hacer el reporte de lo utilizado”, explica la Comisión en su informe final.

“A los pacientes sí se les cobraba, a mi paciente se le cobraron $2.500, se le pagó al cirujano de la clínica del Dr. Fernández, y no recibió factura”, contó uno de los alumnos.

La recomendación de la Comisión sobre estos hechos fue:

“La prueba existente es amplia y suficiente, sobre la demostración de existencia de actos violatorios de la confianza y que al encontrarse reglamentada la conducta reprochada , existe causalidad, actualidad y proporcionalidad para recomendar a través de este informe, el despido sin responsabilidad patronal”, dice la Comisión a las autoridades universitarias.

Según este órgano, hay, además, una posible transgresión de las disposiciones contenidas en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

“Las conductas desplegadas por parte del Dr. Fernández López se resumen en la puesta en riesgo del control institucional y transgresión a la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Llama la atención de los miembros de esta Comisión cómo el docente denunciado no ha controvertido los hechos denunciados y debidamente reprochados, encontrándose ausente en la mayoría de las audiencias”, dijo el informe final de la Comisión.

Ahora, corresponde a la Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) tomar una decisión sobre la sanción disciplinaria con base en los hechos y recomendación de la Comisión Instructora Institucional. Se pueden solicitar aclaraciones o adiciones sobre estas recomendaciones.

Una vez esto, la decanatura tiene cinco días hábiles para dictar el acto final, el cual está sujeto a recursos de revocatoria y apelación que deben ser interpuestos en los siguientes cinco días hábiles. El recuso de revocatoria lo resuelve el SEP y el rercurso de apelación queda en manos del rector de la Universidad, Henning Jensen.