En cada inicio de curso lectivo se repite la historia: miles de docentes nombrados de forma interina en zonas que ellos mismos eligieron, deciden renunciar al puesto y dejar botados a sus alumnos, los cuales quedan hasta tres meses sin recibir lecciones en espera de un educador con mayor disposición.
Esa negativa es lo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) denomina “desestima”. Cada año se enfrenta a unas 5.000.
Para el Estado de la Educación, la posibilidad de que se dé esa renuncia aumenta si el centro educativo muestra una alta proporción de estudiantes reprobados, y si el distrito es pobre.
“La identificación del vínculo entre pobreza y rechazo de los puestos tiene implicaciones con respecto a la distribución de los docentes. Esto es importante porque el profesorado cumple un papel fundamental para reducir las diferencias de resultados entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos", revelaron estudios realizados en el marco del Sétimo Informe Estado de la Educación (2019).
Según ese análisis, la variabilidad en el atractivo de los centros educativos para los docentes genera que “aquellos colegios en desventaja, por localizase en distritos más pobres, se segreguen geográficamente y perpetúen su situación”.
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Las condiciones que favorecen la aceptación del contrato por parte del docente son: nombramiento en su provincia de nacimiento, que la asignatura por impartir sea básica, que los colegios sean grandes y con posibilidad de tener numerosas lecciones.
Para el Estado de la Educación, este es un tema que el MEP y la Dirección de Servicio Civil deben revisar debido a que los esfuerzos de política para reducir la pobreza requieren de acciones para llevar docentes motivados a trabajar a dichos colegios, por las condiciones de la población de las zonas.
Los distritos alejados de la región central son los concentran a personas mayor condición de pobreza, hogares de bajo clima educativo, estudiantes con resultados educativos débiles (deserción y reprobación de bachillerato), así como una alta proporción de docentes interinos.
“Actualmente, el MEP ofrece incentivos para atraer y retener docentes en colegios localizados en distritos de bajo desarrollo social. Estos incentivos se pagan como un porcentaje (máximo 20%) sobre el salario base. Sin embargo, los resultados de la investigación evidenciaron que estos no tienen efecto sobre la aceptación y desestimación de contratos”, indica el estudio.
El análisis fue realizado por la investigadora Valeria Lentini, con apoyo del Programa Estado de la Nación, el Colegio de Profesores y Licenciados (Colypro), Unimer, la Universidad de Costa Rica, y la Universidad de Zaragoza, España.
En 2017 renunciaron al nombramiento 5.179 educadores y en 2018, 5.716.
Cada desestima derivó en un trastorno para los estudiantes, que quedan a la deriva, además, implica pagos de más a estos docentes, que al final no trabajaron toda la quincena, al tiempo que obligan a pagar horas extra a funcionarios de Recursos Humanos que deben buscar reemplazos lo más pronto posible.
Ni el MEP, ni el Servicio Civil pueden poner límite a las desestimas. Un profesor interino puede renunciar a su nombramiento una y otra vez sin ninguna consecuencia, pues cada vez que deja un puesto, regresa a la lista de elegibles, lo vuelven a nombrar en otro centro y, si quiere, vuelve a renunciar.
Quienes renunciaron prefieren continuar en el puesto en el que están (hay docentes que se postulan para una vacante solo para ver si les sale algo mejor a lo que ya tienen) o bien, seguir sin trabajo.
Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, dijo que hay un problema en el sistema de selección docente en el cual los educadores se postulan a un concurso sin saber el colegio en el cual serán designados. El sistema de reclutación actual data de los años 70′s.
Se selecciona a los que tienen mejores atestados y experiencia, sin embargo, al darse cuenta del colegio donde les correspondió, se da la desestima. Román explicó que, el docente debería conocer el centro educativo en el cual se necesita la plaza desde que comienza el concurso, pero, añadió, que eso es algo que le corresponde definir al MEP y al Servicio Civil.
“La forma como funciona el sistema termina afectando las oportunidades de los estudiantes ubicados en zonas vulnerables. Al final, en las zonas mas vulnerables o alejadas, con dificultades de rendimiento, quedan lo docentes que no están mejor calificados, hay un tema de calidad y de equidad. Les estamos negando a los estudiantes la posibilidad de tener a los mejores docentes y de equidad porque la distribución de estos no es equitativa”, manifestó Román.
Incentivos
Los hallazgos de un segundo estudio hecho por el Estado de la Educación sugieren que el MEP debe revisar no solo las políticas y mecanismos de contratación docente, sino también los incentivos.
Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de analizar alternativas de incentivos monetarios y no monetarios que pudieran motivar a los profesores de la región central, que concentra a los profesores con mayores cualificaciones y experiencia, a movilizarse hacia zonas vulnerables de la periferia por entre 2 y 5 años.
Con ese fin, el estudio incluyó un experimento con doce escenarios de dos contratos cada uno, en el que se evaluaron seis incentivos posibles, como, por ejemplo, bonos de 30% o 40% adicional al salario base, la puntuación adicional para categoría docente, y optar por una vivienda prestada.
La información se recolectó mediante una encuesta cara a cara con 400 docentes de materias básicas de la región central, en una muestra de 52 colegios seleccionada aleatoriamente.
“El hallazgo más relevante de esta segunda investigación fue que en la simulación de posibles paquetes de incentivos, la combinación de aquellos no monetarios con algunos monetarios, menos onerosos, motivaba a proporciones equivalentes de docentes a desplazarse, en comparación a los incentivos monetarios más altos. Las nuevas alternativas de incentivos son una manera de hacer más deseables los puestos para los docentes”, explicó el Estado de la Educación.
El estudio criticó que el mecanismo de asignación actual está lejos de ser el óptimo desde el punto de vista de la equidad educativa, ya que los resultados no ofrecen información para optar por alternativas que permitan corregir desbalances geográficos y evitar que los costos se trasladen a los estudiantes.
“Muchos docentes se moverían con un bono adicional de 30% y 40% adicional pero también se moverían si le dan puntuación de categoría docente, puntos de carrera profesional, si les facilitan vivienda. También es que hay muchos docentes dispuestos a moverse si fuera un traslado temporal con objetivos específicos; un año o dos años para cumplir el objetivo de mejorar los resultados de determinado centro educativo y que se den apoyos en términos de materiales, un grupo de colegas que lo acompañen, muchos estarían dispuestos a trasladarse”, dijo Isabel Román.