EscucharLos educadores afirman estar indefensos frente a estudiantes y padres por lo que urgen la reforma a la Ley 9.999 “Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense”, según el llamado que hace a los diputados el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE).gra
Esa ley fue impulsada por la Defensoría de los Habitantes con el propósito de proteger a los estudiantes que denunciaban maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corrupto por parte de funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Los educadores, sin embargo, señalan que aunque la comunidad estudiantil está compuesta mayoritariamente por alumnos con principios y valores, hay algunos que utilizan la legislación de mala fe para denunciar a un funcionario público en busca de beneficios particulares.
Los sindicatos señalan que entre agosto de 2021 y julio de 2023 se abrieron 555 expedientes a docentes por infringir la ley, según datos del departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP.
Según Gilda Montero, presidenta de ANDE, la reforma pretende entre otros aspectos establecer definiciones claras y objetivas sobre lo que se entiende por maltrato físico y maltrato emocional.
“Con ello se evita que cualquier situación, como ’asignar mucha tarea’, pueda ser señalada como maltrato, de acuerdo con la subjetividad de quien la interprete”, explicó Montero a este diario.
En cuanto a las medidas cautelares, explicó, se eliminaría lo relativo a la reubicación obligatoria de la persona denunciada. Es decir, que la reubicación únicamente procederá cuando así lo considere conveniente la Dirección de Recursos Humanos, valorando la gravedad de los hechos y no de forma automática.
De acuerdo con los sindicatos, la modificación daría seguridad a los funcionarios que deben asistir físicamente a estudiantes con discapacidad o con alguna condición permanente o temporal “siempre que este contacto o asistencia sea justificado como un apoyo personal para garantizar una educación inclusiva o la seguridad física de los estudiantes”.
Principio de inocencia
Para Yorgina Alvarado, secretaria general del SEC, la ley actual podría violentar derechos de los educadores con su política de cero tolerancia para los funcionarios.
“Esas medidas parecen funcionar como una condena anticipada y violatoria al principio de inocencia que tenemos todos los costarricenses, en algunos casos la persona trabajadora es reubicada sin conocer los hechos que se le imputan”, alegó Alvarado.
Mencionó que han habido casos donde los maestros dejaron en evidencia que los argumentos en su contra estaban fundamentados en mentiras, pero igualmente deben “enfrentar ese juicio social de un hecho que nunca cometió”.
El proyecto de reforma está en trámite en la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, que aprobó un texto sustitutivo. Actualmente, el documento fue enviado a consulta a diferentes instituciones antes de someterlo a votación en ese foro.
