Especialistas proponen apartar al MEP de manejo de pruebas nacionales

Su propuesta es crear una agencia nacional de evaluación que se encargue de diseñar y ejecutar las pruebas estandarizadas, las cuales tienen como propósito diagnosticar el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes, mejorar los procesos de enseñanza y medir la calidad educativa.

El noveno Informe del Estado de la Educación recomienda que las pruebas estandarizadas sean responsabilidad de una entidad autónoma.

“Ello implica que dicha entidad debería tener independencia financiera y política e, idealmente, contar con una fuerte presencia de especialistas entre sus directivos”, propone esa unidad del Programa Estado de la Nación, cuyos expertos dan seguimiento al desempeño de la educación desde 2006 (hace 17 años).

Para Isabel Román, coordinadora del Informe, es de suma importancia que el MEP sea más autocrítico.

Incluso, recordó que en la investigación dada a conocer el 31 de agosto se incluyen recomendaciones para las autoridades, en las cuales les explican, paso a paso, cómo construir un sistema nacional de macroevaluación, incluso en términos legales.

“(Se puede instituir) como un órgano desconcentrado o como un órgano dentro del Ministerio adjunto al Consejo Superior de Educación, hay dos opciones; que escojan”, manifestó Román.

De acuerdo con esa tesis, contar con un órgano independiente tiene como ventajas:

• Se fortalece la rendición de cuentas públicas de las autoridades en cuanto a los resultados del sistema educativo.
• Se logra una “masa crítica” de experticia en la materia, lo que resulta fundamental para desarrollar una evaluación cada vez más adecuada y precisa.
• Permite la consolidación de la capacidad institucional para aplicar políticas de macroevaluación.
• Al independizar la evaluación educativa del Ministerio de Educación se evitan o aminoran los vaivenes abruptos en esta materia por razones políticas o ideológicas, derivadas de los cambios de gobiernos.

Pablo Chaverri Chaves, investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA), también hizo hincapié en la necesidad de distanciar al MEP de las pruebas. Según su criterio, cuanto más independiente sea la evaluación, más beneficios hay para todos.

“Un ejemplo de lo fácil que ha sido para el MEP manipular resultados es la aplicación de la ‘curva’ en pruebas nacionales. El ministro/a de turno puede decidir a su gusto a qué punto quiere mover la promoción. ¿Qué de pedagógico tiene esto? Cuando el criterio político domina sobre el técnico y el científico, podemos pronosticar un desastre”, criticó el experto.

Destacó que un ente especializado de evaluación podría dedicarse a desarrollar, con el personal y los recursos apropiados, pruebas estandarizadas por materia y por nivel y sistemas de evaluación y retroalimentación educativa de alta calidad.

En la misma línea se pronunció el Colectivo Mujeres por Costa Rica, integrado por 11 académicas, quienes coinciden en que un sistema independiente aportaría excelencia y equidad.

“No se trata de quitarle ni duplicar las funciones al MEP, sino más bien de llenar un vacío histórico que permita, de manera transparente y metodológicamente sólida, mejorar paulatinamente un conjunto clave de indicadores educativos de excelencia y equidad, válidos y confiables para el contexto particular de nuestro país”, mencionaron las expertas.

En su criterio, la población y autoridades deben entender que la evaluación, al igual que la educación, tienen que ser consideradas un bien público, y que la validez, confiabilidad, comparabilidad, transparencia y justicia no solamente son temas de evaluación, sino que también son valores sociales.

‘Es aberrante’

Los argumentos de estos grupos no convencen a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, quien tajantemente se opone a la idea de apartar al MEP de las pruebas.

“Jamás había escuchado una cosa más aberrante”, expresó en declaraciones que dio a La Nación.

Müller estima que la evaluación es una responsabilidad de la cartera que ella dirige, pues se convierte en una herramienta que les permite saber qué tan cerca o lejos están los estudiantes del perfil de salida que ellos quieren.

Insistió en que el MEP tiene la capacidad para hacerse cargo de la ejecución y diseño de las pruebas.

“Desistimos de una serie de consultorías muy costosas que se estaban ejecutando, justamente para poder reforzar dentro del Ministerio esa capacidad, tenemos asistencia para poder desarrollar eso y estoy muy contenta porque estamos viendo resultados. No se puede tercerizar la evaluación y por eso insisto que debemos seguir reforzando el MEP”, alegó.

Entre risas, descartó que el MEP sea “juez y parte”, como lo advierte el Estado de la Educación.

“Al MEP le corresponde lograr la formación y debe medir para ver si lo está logrando o no. ¿Para qué crear una forma de evaluación externa? Ya existe a nivel mundial, está PISA (pruebas internacionales en lectura, Ciencias y Matemáticas) y los demás mecanismos de evaluación internacional en los que a Costa Rica no le ha ido tan bien como se esperaba porque se les enseña de una forma memorística (...) Estamos reforzando eso (el cambio) y nos va ayudar a mejorar”, concluyó.

El MEP realizará pruebas nacionales estandarizadas en octubre y noviembre para los estudiantes que cursan los últimos grados de primaria y secundaria. En un plan piloto realizado en abril, sin peso para la nota, los alumnos fueron calificados en niveles básico, intermedio y avanzado, sin que se conocieran los criterios de cada categoría.

Estas pruebas estandarizadas se implementaron a pesar de los cuestionamientos de académicos e incluso de los mismos asesores técnicos del MEP sobre la validez y confiabilidad de las nuevas evaluaciones.

‘Nos quedamos cortos’

La coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román, es enfática en la urgencia de retomar los temas de fondo, y la evaluación es uno de esos.

Román reiteró que la respuesta del país ha sido limitada después del “apagón educativo”, como se le denominó al vacío de aprendizajes causado por huelgas docentes y la suspensión de clases por la pandemia de covid-19, hechos ocurridos entre 2018 y 2022, situación que profundizó las deficiencias que ya se arrastraban.

“Nos quedamos cortos con las medidas para generar nivelación, entre otros. Pero, además, el tema es cómo hacemos la corrida hacia adelante, uno no tiene una crisis para no aprovecharla”, señaló.

“Hay que montar ese sistema nacional que considere cómo conceptualizamos la evaluación, no son solo estudiantes, también son docentes, también son centros educativos”, indicó, al enfatizar en que hay que evaluar a todos los actores.

Lo más importante es que los resultados se difundan y se aprovechen para hacer cambios y correcciones.

“Porque eso ha sido lo peor y en lo que más hemos fallado: hacemos y hacemos pruebas, pero no se les devuelve a los docentes ni se utilizan para hacer cambios”, afirmó.

Proceso en Costa Rica

En Costa Rica, los inicios del sistema de evaluación a nivel nacional se remontan a finales del siglo XIX y continuaron por los primeros dos tercios del siglo XX, a cargo de instituciones de segunda enseñanza y estudios normalistas, según información contenida en el Estado de la Educación.

“En educación formal las pruebas de Bachillerato se aplicaron en Costa Rica desde la creación del colegio San Luis Gonzaga, a mediados del siglo XIX. El primer reglamento sobre los exámenes públicos de los Institutos de Segunda Enseñanza y Estudios Normales para optar por el título de bachillerato fue publicado el 29 de noviembre de 1892″, indica el MEP en su sitio web.

La intención de las llamadas pruebas de bachillerato era únicamente filtrar a quienes tenían capacidad para acudir a la universidad. Estas se eliminaron entre 1974 y 1985.

En 1986, comenzaron a establecerse las bases para el sistema actual de evaluación. Así, los exámenes de bachillerato se reinstalaron en 1988, primero a cargo de un grupo de funcionarios del MEP y luego se delegaron en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación, adscrito al Consejo Superior de Educación. Ese órgano duró menos de un año, pues se derogó por razones de ilegalidad del acuerdo.

Las pruebas continuaron hasta 2018, no como un filtro para la universidad, sino más bien como herramienta para mejorar el aprendizaje.

No obstante, en 2019 se suspendió esa macroevaluación para introducir un nuevo sistema con las pruebas denominadas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) cuya vida fue fugaz, pues la actual administración las eliminó e introdujo las pruebas estandarizadas.

Según información que publicó la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), en 2021, la preparación y aplicación de FARO significaron en tres años más de ¢3.500 millones.