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¿Usted se sentiría seguro sabiendo que su hijo va a una escuela que tiene los cables eléctricos expuestos, en la que se percibe un olor nauseabundo por los pasillos, donde se corre el peligro de que un pedazo de techo le caiga encima y los ladrones la han visitado cuatro veces, en tan solo dos meses?
A los padres de 117 niños de la Escuela La Asunción, en El Tejar de El Guarco, Cartago, no les queda más remedio que enviar a sus hijos a un centro educativo con tales condiciones.
Este es uno de las 441 centros del MEP que operan con una orden sanitaria del Ministerio de Salud, según datos del Ministerio de Educación (MEP).
La cifra representa el 9% de las 5.000 escuelas y colegios que hay en el territorio nacional.
William Redondo, director de la Escuela La Asunción, explicó que fue hace un año que la orden sanitaria fue girada.
Según detalló, personal de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP (DIEE) se hizo presente tres meses después para hacer una evaluación; luego, a los ocho meses, les dijeron que les iban a construir una escuela nueva, por lo cual no se iba a arreglar la actual planta física.
“En el MEP solo papeleos, pero no hacen nada. Hicimos algunas mejoras, pero lo más grave no se pudo arreglar, el sistema eléctrico está en pésimo estado, tenemos miedo de un incendio y hay siempre un olor hediondo producto de una zanja que hay en el terreno aledaño a la escuela ”, manifestó Redondo, quien contó que hasta hace poco pudieron eliminar una plaga de palomas.
El director afirmó que está gestionando, desde hace años, que le cambien de categoría al centro. Según él, con 117 niños y 16 funcionarios está calificado unidocente por el MEP.
Rezago
Wálter Muñoz, director de la DIEE, dijo que el rezago de más de 30 años en infraestructura está golpeando al MEP en este momento, pero afirmó que esta administración ha hecho esfuerzos para levantarla.
“No se puede hacer de la noche a la mañana, vamos a hacer un mapeo de la infraestructura que no se ha hecho nunca. Con estos datos, vamos ver cómo estamos y qué vamos a hacer a corto y mediano plazo. Trabajaremos con los centros en peor estado”, puntualizó.
Muñoz admitió que hay entrabamientos y que el modelo de trabajo de la DIEE “no es el más eficiente”. Son las juntas de cada institución las que contratan y hacen los arreglos cuando las obras son menores.
“Estamos a las puertas de cambiar el modelo de gestión de las juntas, son personas que no tienen conocimiento para administrar un proyecto de infraestructura. En la DIEE les damos acompañamiento, pero no tan grande como en los proyectos grandes. Por eso, se dan atrasos de meses y años en los proyectos”, agregó.
Según el Ministerio, todas las órdenes sanitarias tienen algún grado de atención.
De acuerdo con información suministrada por el MEP, a la fecha se han invertido ¢190.600 millones para atender las necesidades en infraestructura.
Deterioro
El Ministerio de Salud informó de que el 90% de las órdenes sanitarias se giran por el deterioro de la infraestructura, el estado de los servicios sanitarios y la evacuación de las aguas servidas y negras.
Justamente, el Liceo El Cañón de El Guarco, en Cartago, tiene ese problema. El olor a orines se cuela por entre los pasillos de este colegio que opera, desde hace 10 años, en el salón de actos de la Escuela Manuel Ortuño Boutín. Desde el 2016 tienen una orden sanitaria.
En el 2006, la Junta de Educación decidió que, mientras el MEP construía el nuevo colegio, usarían el salón de actos. Sin embargo, aún continúan esperando la construcción.
El lugar forma parte del fideicomiso educativo por $167,5 millones (unos ¢94.000 millones al tipo de cambio actual), que fue aprobado en el 2013 para construir 80 centros educativos.
De esos recursos, el MEP solo ha ejecutado a la fecha un 4%, es decir, $6,7 millones (unos ¢3.758 millones). El fondo vence en el 2018, pero el ministerio realiza gestiones para conseguir una ampliación del plazo.
“El terreno se compró hace un año y no se ha construido nada a pesar de que la plata está. Supuestamente con un fideicomiso es rápido, pero es igual de lento y burocrático. Tengo tres años de trabajar aquí y nunca nos ha visitado nadie de la DIEE”, lamentó Cediel Solera, director de El Cañón.
El colegio, que actualmente tiene 70 alumnos, comenzó con tres aulas, pero ahora son cinco
La junta hizo rifas con el fin de comprar láminas de fibrolit con las cuales levantaron las aulas, pero el material no los protege de las bajas temperaturas.
La mano de obra fue aportada por los padres de familia.
Mientras tanto, la orientadora da clases en el comedor hechizo, el cual no tiene cielorraso y, a muy pocos metros de los alumnos, está el cilindro de gas sin ningún tipo de protección.
Por los pasillos del colegio solo cabe una persona. Los padres también construyeron una batería sanitaria con un drenaje inadecuado.
“Esta construcción no es autorizada por la DIEE, y está en contra de todos los códigos de construcción, pero ni modo que diéramos clases en la calle. En algún lado había que meter a los jóvenes”, dijo Cediel.
Para Kathya Rodríguez, directora de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, no hay un plan integral y sostenido del MEP que permita atender el rezago de años en infraestructura, ni la capacidad de las juntas permite dar respuestas. “Las denuncias por el tema de infraestructura educativa son el pan de cada día en la Defensoría de los Habitantes”, enfatizó Rodríguez.
