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Un estudio realizado por la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que los centros educativos que le compran al Consejo Nacional de Producción (CNP) tienen mayores desventajas que aquellos con proveedores independientes, seleccionados mediante procesos de contratación administrativa.
El estudio, primero que se realiza en esa línea, fue solicitado al MEP por la Contraloría General de la República (CGR) en respuesta a una petición planteada por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC). Esos legisladores reclamaron análisis que comparar el servicio y la calidad de productos que vende el Consejo con los comercializados por proveedores independientes contratados, por aparte, por las Juntas de Educación y Administrativas, a las cuales el CNP no tiene la capacidad de proveer.
El estudio fue presentado este jueves a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
El Consejo abastece al 64% (2.935) de escuelas y colegios, mientras que los proveedores privados al 36% (1.631) de los centros educativos. Ese número puede variar en el futuro si el CNP aumenta su capacidad para abastecer a más instituciones.
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Las juntas abastecidas por proveedores privados o independientes deben realizar los procesos ordinarios de contratación administrativa según su presupuesto (directa, abreviada o pública); definen los precios, volumen de productos y logística de distribución con el proveedor privado, según las cláusulas establecidas en los contratos, así como los requerimientos establecidos en el menú y el presupuesto asignado.
Las juntas abastecidas por el CNP se ajustan a los precios y logística de distribución definida por el CNP. El volumen de compra se realiza en función de los requerimientos establecidos en el menú y el presupuesto asignado.
El censo implicó 14 encuestas que corresponden a las entregas de paquetes y alimentos recibidos por los centros educativos entre abril de 2020 y junio 2021. Respondieron 3.478 centros educativos de los cerca de 4.575 a los que se les aplicó la consulta.
Se evaluó el cumplimiento de las fechas establecidas y tiempos de entrega, la calidad de los alimentos entregados, la disponibilidad de productos solicitados, facturación y pagos, entre otros aspectos.
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Resultados
Los datos de la primera entrega de alimentos que hicieron los centros educativos a las familias, en marzo del 2020, al inicio de la pandemia, muestran que el 40% de las escuelas abastecidas por el CNP tuvieron problemas de disponibilidad de los productos solicitados. Sin embargo, en las siguientes 13 entregas, hasta junio del 2021, este valor disminuyó notablemente y en promedio solo se presentó en el 9% de los casos.
En el caso de los centros educativos abastecidos por proveedores independientes indicaron que en la primera entrega de marzo del 2020 tuvieron problemas de disponibilidad en el 24% de los casos. En las 13 entregas siguientes de paquetes de alimentos este valor cae en promedio al 3%.
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Durante los 14 protocolos analizados entre el 2020 y el año 2021, en promedio, 73% de los centros educativos abastecidos por el CNP expresó haber presentado problemas en la calidad de los productos perecederos que se les entregaron para la elaboración de los paquetes de alimentos.
En el caso de los proveedores privados este valor fue del 62%.
Cuando un centro educativo tienen problemas con la calidad de algún producto debe solicitar su cambio al proveedor, si dicho proveedor no resuelve el problema o insiste en darle productos en mal estado, los centros educativos elevan las quejas al Ministerio de Educación Pública (MEP) para que interceda.
Según el censo, no se reportaron quejas al MEP de los centros educativos abastecidos por proveedores privados, o sea, que el producto se cambió y el problema se solucionó. En todo caso, si el problema con un proveedor independiente persiste, el centro educativo puede cambiar de proveedor y hacer una nueva contratación administrativa para buscar uno que responda a los requerimientos.
En el caso de las escuelas abastecidas por el Consejo, según el Censo, se reportaron 187 quejas a octubre del 2021 y en 2020 fueron 282. Según el MEP, muchas de esas quejas se elevaron a ellos porque el CNP no solucionó el problema con la calidad de los alimentos de sus proveedores (que se los dan en mal estado, de tercera calidad, mal olor o podridos) o porque la situación se repitió una y otra vez en las distintas entregas. El Ministerio lo que hace es reenviar la queja al CNP, el proveedor no se puede cambiar porque por ley las instituciones públicas están obligadas a comprarle al Consejo.
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El censo evaluó si había atrasos en la entrega de los productos por parte de los proveedores a las escuelas. Los resultados indicaron que el 35% de los centros educativos abastecidos por el CNP reporto tener retrasos de un día en la fecha pactada de entrega de los productos; en los proveedores independientes, este valor fue del 16,3% .
En el caso de los atrasos de 2 días, el porcentaje de centros abastecidos por el CNP que los reporto alcanzó el 10,6%, en contraste con el 4,7% por parte de los centros abastecidos por proveedores privados.
En el caso de 3 y 4 días de atraso, el porcentaje de centros que reportaron problemas con el CNP fue de 4% y 2%, respectivamente, siendo el doble comparado con los proveedores privados.
“Uno de los problemas mayores se da cuando se presentan 5 días de atraso, ya que el centro educativo debe entregar los paquetes una semana tarde, en el caso de los centros abastecidos por el CNP, el 7% reportaron este tipo de problemas en promedio, mientras que en el caso de los centros abastecidos por privados el valor fue del 2,5%”, explicó el informe técnico de la investigación.
La próxima semana, el Ministerio de Educación presentará ante los diputados, la continuación de este informe pero, en esta ocasión, se compararán los precios entre proveedores del Consejo y proveedores independientes.
El 21 de octubre, los diputados dictaminaron negativamente el proyecto de ley (expediente 21.424) para reformar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP y eliminar el monopolio de esta institución en la venta de alimentos a instituciones públicas. El texto proponía eliminar la obligatoriedad de entidades estatales de comprar alimentos al Consejo, dentro del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Justamente, las quejas de los centros educativos motivaron el proyecto, sin embargo, pesar de que los legisladores conocían los problemas que a diario pasan las juntas de educación por la obligación de comprarle al Consejo, votaron en contra.
Estudios de la Contraloría General de la República, de la Universidad Nacional y de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), además de cámaras de sectores productivos han señalado la mala calidad, los sobreprecios y el deficiente servicio del CNP a sus clientes institucionales.
Entretanto, datos del propio Consejo revelan la concentración de ganancias en pocos proveedores. Según estos, 26 (8,3%) de los 312 se dejaron el 45% (¢41.300 millones) del presupuesto total (¢91.948 millones) que esa institución destinó en el 2020 para compras de alimentos que luego vende a escuelas, cárceles, policías y hospitales.
