Rectores y Gobierno firmaron, finalmente, un acuerdo para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del próximo año. Sin embargo, la firma se dio bajo protesta de la Universidad de Costa Rica, según divulgó la institución en un comunicado poco antes de las 7 p. m., recién concluida la conferencia de prensa en Casa Presidencial.
El acuerdo alcanzado por la llamada Comisión de Enlace fue el reconocimiento de un 1% por costo de vida, muy por debajo del 8,7% planteado inicialmente por los representantes de las cinco casas de enseñanza superior pública.
No obstante, según explicó Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), también se convino en que en junio del próximo año se revisaría para aumentar en otro 1% ese reconocimiento por inflación, el cual el Gobierno financiaría con un presupuesto extraordinario. La suma con el 2% de costo de vida sería la base de negociación para el siguiente año.
Ese resultado, sin embargo, no satisfizo a la UCR que alega el incumplimiento del artículo 78 constitucional y el aumento por concepto de inflación.
“En este sentido, la Universidad de Costa Rica y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) remitieron al Consejo Nacional de Rectores (Conare) una propuesta el pasado viernes 19 de agosto. Esta propuesta contemplaba el reconocimiento de la inflación interanual a mayo calculada en un 8,71% y, de este monto, un aporte de las universidades públicas al rezago educativo por ¢26.000 millones. Sin embargo, la propuesta no fue adoptada en el seno de Conare”, lamentó la institución.
De ahí su protesta: “Consideramos que la negociación fue adversa en sus diferentes etapas. Sin embargo, ante un escenario incierto en la Asamblea Legislativa y la falta de apoyo en el seno de Conare a las propuestas planteadas por la Universidad de Costa Rica, nos hemos visto en la obligación de firmar el acuerdo tal cual fue presentado en la Comisión de Enlace. Seguiremos en defensa permanente de la educación pública en todos sus niveles”, dijo en el documento el rector de la casa de enseñanza, Gustavo Gutiérrez.
Por su parte, Rodrigo Arias, presidente del Conare, reconoció que el proceso fue complicado, de ahí que optaron por la fórmula de recibir un aumento inmediato y el compromiso de revisarlo. Fue enfático, en que no podían dejar de tomar en cuenta dos variables: la regla fiscal y que el crecimiento del endeudamiento hace que “el poquito de holgura que da la regla fiscal” lo absorban los intereses.
“No podemos cerrarnos todos a una realidad nacional, las universidades somos conscientes de que estamos en una situación complicada como país, somos muy conscientes de esa situación. Llegamos a acordar un monto para cumplir con lo que indica la Constitución Política (...) Hay momentos históricos, las complejidades nos llevaron a que aceptáramos, no contentos, pero sí conscientes”, afirmó.
Ahora, viene otra negociación entre las universidades para la redistribución del Fondo, del que, hasta el 2022, la UCR recibía más del 50%.
El Fondo
Aun con esas diferencias entre la UCR y las otras cuatro ‘U’ públicas se definieron los recursos para el próximo año, que se componen de ¢522.822 millones, que fue el monto entregado en 2022 y que sirvió de base para la negociación de este año; el monto trasladado en 2022 a la Universidad Técnica Nacional (UTN) que ahora será parte del FEES, y, finalmente, el 1% de la suma de esos dos montos. En total: ¢564.000 millones, según estimó Rodrigo Arias.
“Hoy hemos llegado finalmente a un acuerdo en la Comisión de Enlace, en la definición del FEES para 2023. Esto ha sido un proceso de diálogo muy cordial, creo que el mayor esfuerzo fue tratar de comprender la situación tan difícil financiera que se encuentra el país. Todos deseáramos que estuviéramos en mejores condiciones y que hubiera más presupuesto para todo el sector educación. Hemos hecho un esfuerzo de ambos lados”, manifestó la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.
La jerarca se retiró concluida la conferencia sin atender consultas de la prensa, como ocurrió a lo largo de todo el proceso de negociación.
La Comisión de Enlace también definió este jueves que del presupuesto se destinarán ¢15.000 millones a gastos de inversión o de capital, que se girarán en treceavos.
La integración de la UTN al FEES fue el convenio alcanzado un día antes, de manera que el financiamiento para esa Universidad, creada en 2008, no vendrá de una transferencia del Ministerio de Educación Pública, sino que será incluida en el Fondo. La decisión, según Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), les da protección constitucional a esos recursos y permite que la institución los reciba en sus cuentas en un solo giro, pues no serían depositados en la Caja Única del Estado.
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También el miércoles se convinieron compromisos e indicadores como aumento en becas, así como áreas estratégicas en las que las universidades trabajarán con el Gobierno.
Con el acuerdo de este jueves se cierran las negociaciones que comenzaron tardíamente el 9 de agosto, pues normalmente se inician en junio. El momento más crítico se dio el martes 16, cuando miles de estudiantes y profesores realizaron una marcha en oposición a la pretensión del Ejecutivo de recortar ¢122.000 millones al FEES de 2022.
No obstante, el Gobierno echó marcha atrás, pues reconoció que constitucionalmente no podía reducir la suma entregada el año previo.
La Comisión estuvo integrada por los rectores de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias; el de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González; del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), Luis Paulino Méndez, y de la Universidad Técnica Nacional, Emmanuel González.
Entretanto, los representantes del Ejecutivo fueron los ministros de Educación, Anna Katharina Müller; de Planificación, Laura Fernández; de Hacienda, Nogui Acosta, y de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Carlos Enrique Alvarado.
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