Luego de esperar seis años por el nuevo gimnasio para dejar de hacer las graduaciones y actos cívicos en los pasillos, los alumnos del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Nicoya, en Guanacaste, recibieron la noticia: el dinero del fideicomiso educativo del cual serían beneficiarios no alcanzó.

La mala noticia no solo cayó en ese centro educativo, sino en 46 más que seguirán, por tiempo indefinido, sin la nueva escuela o colegio o sin canchas multiuso prometidas.

Los estudiantes continuarán recibiendo lecciones en centros comerciales, oficinas, parqueos, garajes, casas alquiladas, parroquias o bien, continuarán sin espacios adecuados para hacer deporte.

El fideicomiso educativo fue creado por una ley de 2013, mediante la cual se aprobaron $167,5 millones para ejecutar 103 proyectos, sin que existiera un estudio técnico que justificara el valor de cada uno. El costo previsto para cada obra que se incluyó en el texto de ley solo era “referencial”.

Por ejemplo, en la ley se estimó que la Escuela Finca La Caja, en La Carpio, La Uruca, en San José, costaría $5,8 millones; al final, pero su precio final fue de $6,8 millones.

El Colegio Guararí, en Heredia, se calculó en $2,6 millones pero costó casi el doble, $4,7 millones. Finalmente, el Colegio Occidental, en Cartago, se estimó en $3,8 millones pero se invirtieron $5,5 millones.

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La errada estimación y el atraso de más de 2 años del Banco Nacional en la conformación de la Unidad Ejecutora (encargada del desarrollo del proyecto), encarecieron los costos para desarrollar los centros educativos.

Como resultado de estos problemas, solo alcanzó para hacer 56 obras; 24 han sido entregadas y 32 están por entregarse.

Para levantar las 47 obras que faltan y cumplir con las 103 que dicta la ley de fideicomiso ( N.° 9124), el MEP necesita conseguir $138,5 millones.

Con ese monto, en realidad, este fideicomiso educativo terminaría costando $306 millones, casi el doble de lo que las autoridades del Ministerio y los exdiputados del 2013 presupuestaron.

“Nos dijeron que había faltado recursos del fideicomiso, que el dinero que estaba proyectado en su momento para construir, no alcanzó. Hubo instituciones donde tuvieron que comprar, por ejemplo, el terreno, y esa compra no estaba presupuestada; eso consumió el presupuesto", confirmó Wilberth Ugalde, director del CTP de Nicoya, centro al que asisten 1.600 alumnos.

El educador desconoce si finalmente van a construir la cancha que para ellos no solo es necesaria para actividades deportivas, pues carecen de un espacio para actos cívicos.

"Estamos decepcionados”, reconoció Ugalde, quien aseguró que este centro no ha recibido mantenimiento del MEP prácticamente desde que se levantó en 1973.

Otra realidad

Los fondos del fideicomiso provienen de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir 80 centros educativos y 23 canchas techadas. La gestión de los fondos está a cargo del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), mientras que el MEP figura como unidad supervisora.

El problema con que se topó el mecanismo es que las necesidades que se tomaron como referencia, cuando se discutió y aprobó el fideicomiso en la Asamblea Legislativa, son muy diferentes que las que se encontraron en el campo y a la hora de ejecutar los fondos, según admitió Geovanny Rodríguez, director de la Unidad Supervisora del Fideicomiso del Ministerio de Educación Pública (MEP).

"Inicialmente, la ley lo que dice es que se construyan proyectos en una lista taxativa, pero en la realidad nos encontramos con otras situaciones: los terrenos no eran planitos, sino con niveles, había que hacer muchas rampas, empezamos a visualizar edificios verticales porque necesitábamos incluir más estudiantes.

En 2015 (cuando oficialmente se comenzaron a ejecutar los fondos del fideicomiso), visitamos los centros educativos y las necesidades eran muy diferentes a las del 2009, cuando apenas se discutía el proyecto. Nos hemos enfrentado a nuevas situaciones, ya no podemos seguir trabajando con tanques sépticos, hay que tener compromiso en la parte ambiental con plantas de tratamiento; trabajar ascensores en los nuevos proyectos, no solo con rampas; y cumplir requerimientos del Código Sísmico", explicó Rodríguez.

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Sin obras

Entre los 47 proyectos que no alcanzaron a levantarse y ahora dependen de que el MEP consiga los recursos están el CTP de Hatillo, el Liceo de Siquirres, el de Corredores; el Liceo de Tierra Blanca, en Cartago, el CTP de La Carpio ( los alumnos de este centro reciben clases en 10 locales de un centro comercial en La Uruca desde el curso lectivo de 2016) y el Liceo de Tobosi, de El Guarco de Cartago.

En algunos casos, el dinero alcanzó para comprar solo el terreno, o para hacer el anteproyecto, pero no para finalizar la obra.

Adriana Enríquez, directora del Liceo de Siquirres, afirma que continuamente los padres preguntan por la fecha para el nuevo colegio.

A ellos les informaron en 2016 que iban a ser beneficiarios del fideicomiso y que se les iba a construir el nuevo centro educativo para los 339 estudiantes, quienes actualmente están distribuidos en las antiguas oficinas de la Standard Fruit Company y en cuatro casas que pertenecieron a empleados, las cuales fueron adaptadas para dar clases.

“Estoy bastante preocupada. El problema que tenemos es la capacidad: las aulas son muy pequeñas. Hay muchas goteras, hace mucho calor; cuando llueve, la zonas verdes se inundan. Las baterías sanitarias ya no son la aptas; estamos hablando de construcciones de más de 20 años. A las instalaciones no se les puede dar mantenimiento porque no es propiedad del MEP", dijo.

De acuerdo con Enríquez, la población de Siquirres quiere matricular a sus hijos pero no se les puede ofrecer oferta educativa porque el colegio no da para más.

"Los del fideicomiso me dijeron que estaban gestionando para adquisición de presupuesto, pero, de dónde lo van a sacar... no sé”, expresó la directora.

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¿Qué va a pasar ahora?

Desde el 2017, la Contraloría General de la República (CGR) identificó que el dinero para construir las 103 obras no iba a alcanzar. En aquel momento, se estimó que el déficit para cumplir con las obligaciones del fideicomiso oscilaba entre $57,8 millones y $67,2 millones.

Por esa razón, la Contraloría le pidió al MEP buscar alternativas de financiamiento para cumplir con las 103 obras establecidas en la Ley 9124, y que estuvieran ejecutadas exitosamente el 3 de julio del 2020.

Sin embargo, según el Ministerio, en el año 2020 se van a entregar las últimas dos obras de las 56 que alcanzaron con los fondos. Estas serían la Escuela de Pavas y la Escuela Finca 6-11, en Puntarenas.

El ministro de Educación, Édgar Mora, titubea ante la consulta sobre si habrá dinero para inyectarle al fideicomiso y completar las obras.

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“Potencialmente hay dinero para hacerlos, hay que pedir los recursos y sumarlos a los que ya tenemos para poder cumplir con las demandas de infraestructura (el presupuesto ordinario de la DIEE). Lo que quiero decir es que una vez que se agote la fuente del fideicomiso, queda como fuente de financiamiento el presupuesto del MEP. Si la lista de proyectos no se pudo cumplir porque no alcanzaron los recursos, el MEP no puede desatenderlos”, dijo el jerarca.

Aparte de buscar los recursos, el ministro explicó que hay una discusión en la Contraloría en la que se está analizando la pertinencia de si a la luz de la Ley de la Contratación Administrativa y la Ley General de Administración Pública los proyectos pendientes del fideicomiso, se tienen que desarrollar con el mismo instrumento o se puede buscar otro que “ofrezca ventajas mayores”.

“Queremos discutir y valorar si es la única opción ( inyectarle más dinero al actual fideicomiso), sobre todo, frente a la posibilidad de usar otros vehículos financieros, incluso fideicomisos que nos podían dar mayor rendimiento", expresó Mora.