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El Ministerio Público abrió una investigación por el presunto delito de violación de datos, por la aplicación del cuestionario de Factores Asociados a 70.000 escolares de quinto grado como parte de las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó, este viernes, haber recibido cuatro denuncias contra la aplicación de dicho test por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) y señaló que todas fueron acumuladas en el expediente 21-000285-1218-PE.
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La oficina de prensa de dicha entidad no detalló la identidad de los denunciantes. Indicó que esa información quedó bajo reserva hasta que, eventualmente, se realice alguna indagatoria, y que por tanto no le es posible indicar contra quién o quiénes se sigue el expediente.
El pasado viernes 12 de noviembre, padres de familia y docentes denunciaron que, para resolver la sobre Factores Asociados, los niños estuvieron sentados desde las 9 a. m. hasta las 2 p.m., con mascarilla y sin comer, contestando un cuestionario de cuatro folletos con 621 preguntas.
Algunas de esas consultas abarcaban temas socioeconómicos contrarios a lo establecido en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, vigente desde el 5 de setiembre del 2011.
Ante el malestar exprado por padres y docentes, el MEP anunció que destruiría los cuestionarios con las respuestas de los alumnos, pero el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio que detuviera la medida y que, más bien, le entregara el material para su custodia.
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De acuerdo con la cartera de Educación, el cuestionario de Factores Asociados pretendía identificar variables que podrían incidir en el rendimiento de los estudiantes.
La polémica provocó que, el pasado domingo, renunciaran Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación, la viceministra académica Melania Brenes. Un día antes había dimitido Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad, oficina encargada de las pruebas FARO.
Por su parte, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público también abrieron una investigación sobre la aplicación del cuestionario y llamaron a comparecer a Cruz, Brenes, Mena y a los miembros del Consejo Superior de Educación (CSE)
Este jueves, Mena fue el primero ser llamado a audiencia, pero se abstuvo de declarar.
