En Puntarenas hay un pequeño Conape, es decir, una oficina creada desde 1997 para otorgar préstamos a personas de bajos recursos que quieren estudiar una profesión después de concluir el colegio.

Se llama Fondo de Apoyo para la Educación Superior Técnica del Puntarenense (FAESUTP), que surgió con ¢2.000 millones aportados por el Estado.

La diferencia con la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) es que Faesutp no da un solo préstamo desde el 2010, aunque en todos estos años ha operado con siete empleados y una Junta Directiva, de siete miembros, que no ha dejado de ganar dietas.

Esos pagos se realizan aunque el Fondo incumple su función de atender las necesidades de la población puntarenense que por su condición económica requiere de financiamiento y becas para estudios técnicos y superiores.

La razón es que el fondo se quedó sin dinero desde el 2009 por el uso inadecuado del capital semilla, que, según la Ley, debía invertirse para generar recursos y asegurar dinero para los préstamos y becas.

Los ¢2.000 millones del capital inicial se gastaron en apenas dos años, entre 2007 y 2009, sin que a la fecha, el Fondo haya podido recuperarlo debido a la alta morosidad de algunas de las 650 personas que recibieron el beneficio en ese corto periodo.

Por esos manejos, la Contraloría General de la República (CGR) calificó al Fondo de “inoperante”, como lo señaló en en auditoría especial (DFOE-SOC-IF-00001-2019), dada a conocer a finales de abril.

El Fondo fue creado por ley para “procurar que los estudiantes de escasos recursos económicos y con buen rendimiento académico de la provincia de Puntarenas” puedan realizar o continuar estudios en una carrera universitaria, técnica o de posgrado.

El objetivo resulta de especial importancia al considerar que casi al 30% de la población de la provincia vive en la pobreza.

“Este Órgano Contralor encontró que, el Consejo Directivo de FAESUTP aprobó la última beca el 22 de octubre del 2009 (sesión extraordinaria N°8-2009), mientras que el último préstamo aprobado fue el 26 de agosto del 2010 (sesión extraordinaria N° 8-2010)”, indica la Contraloría.

Además constató que el Consejo Directivo del FAESUTP “no ha dirigido de manera óptima la gestión del Fondo, toda vez que desde junio del 2017 hasta el 16 de octubre de 2018, dejó de sesionar por falta de cuórum estructural”.

“Del análisis realizado por esta Contraloría General a las actas de las sesiones de dicho Consejo, para el período 2015-2017, se encontró que no se han abordado temas estratégicos para la institución. Entre otras cosas, se determinó que de un total de 55 sesiones realizadas, se tomaron 251 acuerdos, de los cuales, solamente un 10,4% versaron sobre las funciones”, explicó la CGR.

Christian Porras, director ejecutivo del FAESUTP, rechaza el calificativo “inoperante” y aseguró que los funcionarios trabajan en la recuperación de los préstamos para salir adelante.

Según él, aunque efectivamente no están en capacidad de dar préstamos, sí cumplen con la obligación legal de recuperar el dinero prestado. Para él, la ley “tiene que ser vista como un todo”.

Argumentó que fue la misma Contraloría la que les ordenó abstenerse de otorgar créditos mientras no recuperaran el capital semilla. Además, en 2015 sancionó a los entonces directivos por haber gastado el capital semilla incluso con préstamos a personas que no lo necesitaban.

“No hemos podido dar préstamos por la sanción a los directivos. Los nuevos directivos estamos trabajando en la recuperación de préstamos con cobros, actualmente no recibimos dinero de presupuesto público (...) El Fondo ya logró salir adelante”, añadió.

¿Qué pasó?

La Ley de Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP), de mayo de 1997, estableció dos fuentes principales de recursos.

Una, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) que debía aportar el 20% de su superávit anual y, otra, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que debía hacer aportes durante los primeros diez años, a partir de la ley.

El primer aporte cesaría cuando el Fondo alcanzara los ¢2.000 millones.

Según la Contraloría, entre las dos instituciones entregaron al Fondo un capital semilla de ¢1.941 millones, que generó intereses por ¢209,4 millones.

Para que ese dinero ingresara, sin embargo, hubo muchos problemas y hasta un litigio con Incop. De hecho, los aportes se recibieron entre 2006 y 2008.

La ley estableció que el capital semilla podía ser invertido en títulos valores y con los rendimientos de las inversiones se debían financiar las becas y préstamos.

Sin embargo, en lugar de invertirse, todo el dinero se gastó en el otorgamiento de becas por ¢356,8 millones y préstamos por ¢1.607 millones. Además, se cubrieron gastos administrativos por ¢292,6 millones. Se quedaron sin liquidez para otorgar nuevos créditos.

Según la Contraloría, este dinero de los préstamos y capital semilla no se ha podido recuperar. Al 31 de octubre de 2018, FAESUTP poseía 344 casos en cobro administrativo, para un total de ¢1.393 millones, monto cuatro veces y medio más grande que el presupuesto del fondo en 2018 (¢303,3 millones).

“Por su parte, a esa misma fecha, en cobro judicial, existen 112 casos activos, por un monto total de ¢255 millones, que representa el 84,1% del presupuesto inicial 2018, en cuyo caso 81 casos presentan problemas de notificación. Cabe mencionar que, según las autoridades del Faesutp, al 18 de marzo de 2019, dicha cartera se sitúa en 304 casos”, añadió la CGR.

Porras confirmó que el saldo por cobrar es de ¢1.393 millones, pero que de ese monto solo ¢597,9 millones están en cobro judicial y ¢23,6 millones con algún tipo de morosidad. El resto, ¢774,5 millones, está al día. según él.

Afirmó que, además, han logrado recuperar ¢2.111 millones que serían parte del capital semilla. Falta definir a cuánto ascendería el capital semilla si se le trae a valor de hoy.

“Lo que falta es que un perito matemático o actuario nos diga cuál sería el monto del capital semilla traído al valor presente tomando en cuenta los años en que se recibieron los dineros y las variables macroeconómicas que afectaron para que lo valore el Consejo Directivo y establezca el monto a hoy del capital semilla”, explicó.

Esperan, agregó, poder volver a aprobar créditos para nuevos beneficiarios entre finales del 2019 y el 2020.

La Contraloría solicitó al Consejo Directivo del Fondo definir acciones específicas para la recuperación de la totalidad del capital semilla (el cual debe definirse).

Estas acciones deben considerar al menos, aspectos relacionados con la gestión de la morosidad, el cobro administrativo y judicial y determinar una fecha real a partir de la cual Fondo pueda nuevamente otorgar becas y créditos, los responsables y las fechas de ejecución.

‘Se trata de personas que no son puntarenenses’

La Contraloría constató que el Fondo carece de manuales, reglamentos y formularios que permitan llevar un control adecuado de la selección, registro, seguimiento y control de los beneficiarios.

Se determinó que se carece de información actualizada y estructurada de los beneficiarios, donde se incluya elementos como la finalización de estudios, y el cumplimiento de requisitos legales para mantener el beneficio.

La ley número 7667 que creó el Faesutp aclaró que “podrán ser beneficiarios del Fondo, los estudiantes que residan en forma permanente en Puntarenas y los graduados en un centro de enseñanza de esa provincia"

Sin embargo, según la CGR, únicamente dos beneficiarios de la muestra analizada, indicaron en su cédula de identidad ser originarios de Puntarenas y residir en la provincia.

"Dado que no existe evidencia de que se haya realizado una verificación de la dirección del solicitante, y que en el 53% de las solicitudes, el colegio de procedencia no se encuentra ubicado en la provincia de Puntarenas, no existe certeza de que realmente cumplan con los requisitos de ley para recibir el beneficio, puesto que se trata de personas que no son puntarenenses y que cursaron la secundaria en colegios fuera de la provincia de Puntarenas, que indican vivir en la provincia, sin que se haya constatado esta información por la Administración del Fondo”, explicó el ente contralor en su informe DFOE-SOC-IF-00001-2019.