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Para Lourdes Fernández, directora de Fideicomisos del Banco Nacional (BN), el fideicomiso que se creó para construir decenas de centros educativos y canchas multiuso con un préstamo de $167,5 millones (¢103.347 millones al tipo de cambio actual) del BID, “es el más complejo de los complejos”.
Fernández, quien lidera la administración de ese proyecto, al ser esa entidad bancaria el fiduciario, cuestionó la ley que fijó las reglas para ejecutar esos recursos, aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo del 2013.
En su criterio, esa legislación les puso “una camisa de fuerza” y se convirtió en una de las razones por las que ahora no pueden terminar la construcción de esas cuatro escuelas y tres canchas multiusos que están pendientes de entregar al Ministerio de Educación Pública (MEP), luego de que los dos consorcios contratados abandonaran las obras.
“Un fideicomiso nunca debería nacer por ley, y esa ley estableció todas las reglas del juego, lo cual nos dejó en una camisa de fuerza, en cuanto al manejo del fideicomiso (...). Es el fideicomiso más complejo de los complejos que yo he tenido en toda mi vida profesional y llevo mucho años”, insistió Fernández.
La funcionaria criticó que ese fideicomiso tuviese un plazo perentorio y que se estableciera que, a partir del 31 de diciembre del 2020 ya no se pueda gastar ni un centavo del préstamo, a pesar de que hay unos $33 millones (¢20.361 millones al tipo de cambio de hoy) ociosos de ese crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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También cuestionó que no exista la posibilidad de buscar una vía adicional de financiamiento y que se haya fijado un plazo máximo de cinco años para concluir las 55 obras contratadas.
“El fideicomiso no es sujeto de crédito. ¿Por qué no? Porque ya el Estado no es capaz de garantizar otro crédito, porque según la misma ley, se estableció que el máximo que podía garantizar el Estado eran $167,5 millones del BID. No tenemos aval del Estado para un préstamo adicional”, explicó Fernández.
Otro aspecto que la jerarca resaltó es el hecho de que si bien el BN es el fiduciario y por ende, el administrador del proyecto, la legislación contempló otros dos actores, a quienes ella considera como coadministradores.
“Un tema complejo es la cantidad de administradores que hay en el fideicomiso. En un fideicomiso, el administrador del mandato fiduciario es el fiduciario, valga la redundancia, en este caso el BN. Sin embargo, la ley creó una cosa que se llama USP: Unidad Supervisora de Proyecto, que es todo un departamento del MEP, que tiene 28 personas o algo así, y que lo que hace es ver qué hacemos nosotros y coadministran con nosotros todo el tema de los proyectos.
“Pero ahí no queda la cosa, hay un tercer coadministrador: el BID, que es un banco de desarrollo, que da créditos a tasas blandas y demás. No obstante, no es como la mayoría de bancos tradicionales, el BID participa del día a día de los proyectos que está financiando, entonces es un tercer coadministrador”, enfatizó la directora del BN.
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Obras y terrenos
Lourdes Fernández no solo cuestionó las reglas del juego fijadas para ejecutar los $167,5 millones del BID, sino que también señaló una serie de discrepancias entre lo que decía la legislación aprobada y lo que se encontraron en la realidad.
Inicialmente, la ley del fideicomiso establecía que se debían construir 103 obras (80 centros educativos y 23 canchas techadas); sin embargo, el dinero del BID solo alcanzó para desarrollas 55 de esas infraestructuras.
“A ciencia cierta nadie sabe de dónde sale esa relación de monto-cantidad de obras”, dijo Fernández.
Añadió que la ley también estipulaba que el MEP disponía de los terrenos donde se iban a levantar esas infraestructuras y que ya contaba con los diseños o prototipos de las mismas, pero en la práctica eso tampoco se cumplió.
“Arrancamos con esa camisa de fuerza y esa ley decía que el MEP, como fideicomitente, nos tenía que dar los diseños o por lo menos los prototipos para el levantamiento de obras. Decía también que el MEP tenía x cantidad de terrenos aptos para la construcción de las obras.
“Pero resulta ser que no había ningún diseño, que sí había algún prototipo, pero que no sirvió. Y resulta ser que la mayoría de terrenos que el MEP tenía no servían para construir una escuela. Por decir algo, un terreno donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay ingreso y demás.
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“El fideicomiso tuvo que arrancar por donde no le correspondía, que era hacer los diseños, los planos para hacer la construcción y tuvo que adquirir terrenos que, se supone, no deberían haber sido adquiridos, porque los del MEP deberían haber funcionado”, detalló Fernández.
Actualmente, la Contraloría General de la República (CGR) tiene una investigación abierta para determinar quién o quiénes son los responsables de que el dinero facilitado por el BID solo alcanzara para construir 55 de las 103 obras previstas, es decir, el 53%.
Así lo dio a conocer el pasado 21 de enero, la contralora General, Marta Acosta, durante una comparecencia ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.
En ese foro, Acosta precisó que, de momento, no podía dar más detalles porque las pesquisas estaban en una etapa preliminar, para analizar la eventual apertura de un procedimiento administrativo por los incumplimientos.
La problemática radica en que se determinó un valor para cada centro educativo sin que existiera un estudio técnico que lo sustentara.
El costo previsto para cada obra que se incluyó en el texto de ley solo era “referencial” y por eso, en la práctica se dieron casos como el de la Escuela Finca La Caja, ubicada en La Carpio, la cual se estimó en $5,8 millones, pero final se desembolsó $6,8 millones, o sea, un 17% más.
