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La Fundación Omar Dengo (FOD) atribuyó este martes a la Contraloría General de la República (CGR) “imprecisiones y omisiones importantes” en la resolución que ordenó frenar cualquier ejecución ligada a la Red Educativa del Bicentenario, proyecto que pretende dar acceso a Internet a todos los centros educativos públicos.
La organización incluso achaca a la CGR alejarse de la argumentación de fondo en el marco de la auditoría sobre el proyecto impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y para el cual fue contratada. Considera que hay afirmaciones que pueden dañar su imagen, según manifestó en un comunicado.
El descargo de la FOD se da seis días después de que trascendiera la instrucción girada al MEP, el 14 de octubre. Esta le daba 24 horas para ordenar un freno total a la iniciativa por la presunta “detección de incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales de ese Ministerio” a la FOD.
Esto lo señaló así la CGR al valorar que dicha red “no es otra cosa” más que un instrumento al servicio de la educación.
Por ese motivo, emplazó al MEP a asumir sus competencias esenciales y deberes públicos ligados a la Red según el marco legal aplicable, para lo cual le otorgó un plazo de cinco días. Para la CGR, el desarrollo de proyectos educativos vinculados a la informática y las telecomunicaciones son responsabilidad de la Dirección de Informática de Gestión (DIG) del Ministerio.
La medida fue impugnada por Giselle Cruz, jerarca del MEP, al día siguiente, cuando interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
Para la Fundación, no es cierto que el MEP le esté transfiriendo sus competencias ni que estas solo pueden ser delegadas a entes privados bajo instrumentos jurídicos habilitadores, como una ley.
En todo caso, según la FOD, estos instrumentos legales existen y citó como ejemplo el Programa Nacional de Informática Educativa PRONIE, que ejecutan la FOD y el MEP hace 34 años al amparo de la Ley No. 8207 - Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa y un mandato del Consejo Superior de Educación, órgano de rango constitucional ante el cual ningún ente del Estado puede limitar o debilitar de ninguna manera.
Para la Fundación, la Red Educativa del Bicentenario vendría a fortalecer el mejor aprovechamiento de las tecnologías para la educación, en apego al objetivo que tiene el PRONIE MEP-FOD.
Igualmente, negó que haya una “nula participación del MEP” en el proceso, como lo valoró la CGR.
“Numerosos archivos completos recogen la amplia y constante articulación del MEP con la FOD en todas las etapas y decisiones estratégicas del proyecto, información que ha estado en total disposición de la CGR. Existe un consejo interinstitucional que se encarga de la gobernanza de la Red”, manifestó la organización.
Reclamo adicional
Sobre la posible lesión a su imagen por la orden emitida, la Fundación asegura que la CGR “tiene poca claridad” sobre la naturaleza de este proyecto al expresar preocupación por el patrimonio público de la Red.
“La Red es un servicio que se contrata y no se deriva un patrimonio público de esta, pues no se compra equipo (funciona similar a un contrato por servicio eléctrico)”, señala el comunicado.
La entidad añade que administra patrimonio público hace más de 30 años, mediante el equipamiento de escuelas bajo la figura de custodio, “y mantiene un estricto control sobre todos los activos, sistema de control que ha sido diseñado en conjunto con el MEP y que además es de conocimiento y ha sido autorizado por la misma CGR”.
“Confiamos en que este proceso se resuelva pronto y podamos retomar el proyecto de implementación para beneficiar a más de 2.000 centros educativos y a cientos de miles de estudiantes que urgen de una red de banda ancha eficiente y veloz”, manifestó en el documento Leda Muñoz García, directora ejecutiva de la Fundación.
