EscucharLa Fundación Omar Dengo (FOD) terminó por completo el convenio que mantenía con el Ministerio de Educación Pública (MEP) con la entrega de 50.193 activos, valorados en ₡12.485 millones.
Se trata de computadoras, servidores, unidades de almacenamiento, equipos de red y comunicación inalámbrica, monitores, proyectores, impresoras, UPS, entre otros. También se entregaron a las autoridades educativas 164.814 artículos que corresponden a accesorios de equipo de cómputo como audífonos, mouses, maletines, etc.
“La Fundación Omar Dengo, fiel a los principios y al marco legal que ha regido su función desde el inicio, y a solicitud del MEP, ha pedido formalmente que dicho ministerio pueda recoger los activos que siempre ha cuidado y gestionado con cautela y responsabilidad”, manifestó Leda Muñoz, directora ejecutiva de la organización.
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La FOD manejaba esos equipos según el plan anual operativo previsto para el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) e incluso iban a ser instalados durante este año en los centros educativos, “con el fin de brindarle la oportunidad a niños y jóvenes de beneficiarse de estos activos”.
Más de 4.100 centros educativos cuentan con más de 150.000 computadoras y todos los dispositivos complementarios que habían sido instalados previamente por la entidad.
Tras 35 años de trabajo, la FOD insiste al MEP que “las puertas de la institución se encuentran abiertas”, de acuerdo con Muñoz.
La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, y la mayoría de miembros del Consejo Superior de Educación (CSE), tomaron la decisión de romper con la FOD bajo el alegato de que este no iba en concordancia con la llamada Ruta de la Educación, plan presentado en febrero pero cuya metodología, cronograma y financiamiento se desconocen.
La FOD buscó alternativas para mantener el vínculo con el MEP y en mayo acudió a la Sala Constitucional. No obstante, el pasado 26 de mayo los magistrados declararon sin lugar un recurso de amparo presentado por la institución, pues consideraron que se trata de un asunto de “control de legalidad” y no de orden constitucional.
