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La Contraloría General de la República (CGR) declaró sin lugar la apelación que presentó el Ministerio de Educación Pública (MEP) contra la orden del órgano contralor que frenar la ejecución del proyecto Red Educativa del Bicentenario (REB) en manos de la Fundación Omar Dengo.
Con la decisión comunicada este martes en la resolución R-DC-111-2021 del 8 de diciembre, se pone fin a la participación de la FOD como brazo ejecutor del MEP en el plan para conectar centros educativos con Internet de banda ancha. Ahora, el Ministerio deberá buscar una nueva vía para concretar ese objetivo.
En el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021, el Ministerio había transferido a la FOD ¢6.340 millones para financiar las remuneraciones del personal técnico contratado por la Fundación (13 plazas), gastos y costos operativos, costos de conectividad y la implementación en sí de la Red.
Ahora, el MEP esperaría si la misma CGR la instruye a recuperar esos recursos, de acuerdo con declaraciones que dio a finales de noviembre la viceministra de Educación Paula Villalta, ante la posibilidad de que se confirmara la orden de desligar a la FOD del proyecto.
“Si la orden la emite la CGR así, estaríamos girando las acciones correspondientes y no hay más que decir de no ser posible subsanar los hallazgos. Se habrían de hacer las coordinaciones entre los entes correspondientes para la devolución”, dijo entonces la funcionaria.
Sobre el tema, La Nación también consultó a Marcelo Carvajal, gerente general de la FOD, quien manifestó que no ha habido erogaciones, al menos correspondientes al cartel de licitación, en referencia al concurso que realizaron para escoger a la empresa que concretara la Red. Ese proceso no prosperó por objeciones acogidas por la Contraloría.
De esta forma, el plan queda en “cuidados intensivos” y sin ruta visible, después de que la CGR concluyera que la REB debía estar en manos del MEP y no en las de una fundación privada, pues considera que se incurre en incumplimientos legales y técnicos al trasladar competencias esenciales del Ministerio a la Fundación.
Red importante
La CGR en su resolución reconoce que la Red Educativa del Bicentenario es importante para el sistema educativo nacional, especialmente para afrontar las distintas realidades, brechas y necesidades tecnológicas que existen y que se han agudizado con la pandemia, sin embargo, reitera que el MEP no puede transferir sus potestades constitucionales y legales a un sujeto privado.
“No se puede negar que el MEP ha trasladado indebidamente funciones que le son propias, tales como la planificación, dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones, indicadores de desempeño, gestión de riesgos y, en general, los aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto REB, lo que no es jurídicamente procedente”, recalca el documento de la resolución.
El Ministerio, por su parte, ha advertido que no tiene la capacidad para llevar adelante solo este proyecto, pues la Dirección de Informática se encarga de atender los asuntos tecnológicos de las oficinas regionales y las oficinas centrales, sin que su alcance llegue a los centros educativos.
En ese sentido, la Contraloría señala que es posible la participación de sujetos privados en la articulación de soluciones para cubrir necesidades de interés público, pero sin un “vaciamiento de las competencias” del aparato estatal en las condiciones ocurridas en este caso.
La Contraloría asegura que se pudo comprobar que se decidió dejar el desarrollo de la REB en la FOD, confiriéndole potestades propias del MEP.
“Por lo que, si bien el MEP, además de aportar los recursos, ha tenido participación en la recepción, revisión y aprobación de documentación, lo cierto es que no se observa, ni se logra demostrar, la intervención activa que se alega y que sí debería de tener”, añade la resolución.
Participación limitada
Conforme la resolución, la FOD se encuentra habilitada por la Ley de Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa, N.º 8207 (PRONIE) para participar en la ejecución de dicho programa en el cual ha participado por muchos años.
Sin embargo, agrega la Contraloría, la REB tiene como propósito no solo apoyar el desarrollo de contenidos curriculares sino que incorpora la implementación de servicios de conectividad también para la gestión administrativa institucional del MEP lo cual, a criterio del ente contralor, incide en todos los programas sustantivos y de apoyo organizacional más allá del PRONIE e involucra la participación de otros actores, como el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
De este modo, explica el documento, no es posible que cualquier proyecto que impulse el MEP se califique como parte del PRONIE y se pretenda cubrir con la citada Ley N.° 8207 para de esa manera trasladarlo de forma directa a la Fundación.
El órgano contralor, eso sí, recalca que el MEP debe garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las opciones que actualmente utiliza para la conexión de 4.821 centros educativos.
