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“Sería ilegal” excluir a las universidades públicas de la aplicación de la reforma fiscal aprobada para sanear las finanzas públicas.
Así lo indicó Pilar Garrido, jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), como respuesta a la carta que los rectores de las cinco univeridades públicas enviaron al presidente Carlos Alvarado para que elimine la mención de esas instituciones del reglamento para la aplicación de la reforma fiscal.
“Lo que solicitan, eso de sacarlos del reglamento, no es posible (...) Nosotros en este caso no lo vamos a hacer porque eso sería ilegal, el alcance de la ley en el artículo 26 es claro, el reglamento no esta extralimitando la potestad reglamentaria; operativiza el artículo 26, lo establece de manera más granular, no está extralimitando, si no todo lo contrario”, manifestó Garrido.
En el documento CNR-65- 2017 del Consejo Nacional de Rectores (Conare) del 21 de febrero pasado, se acordó enviar una carta al presidente para que corrija el decreto ejecutivo N°. 41564-Mideplan-H del 11 de febrero del 2019 denominado ‘Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas', a fin de que se elimine la mención que contiene de las universidades públicas en su artículo 1° inciso H) y artículo 3°, referido a la definición de su ámbito de aplicación.
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Los rectores alegan que esa mención es inconstitucional y violatoria de su autonomía. Afirman que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley No. 9635) no los cobija, porque no se les menciona expresamente.
El decreto ejecutivo que reglamenta la ley, sí alude a las universidades de manera directa.
Garrido explicó que el artículo 26 de la ley 9635 es muy claro y lo que señala es que la refoma fiscal aplica al Gobierno Central, instituciones descentralizadas, instituciones autónomas, (las universidades son instituciones autónomas) y a los poderes.
“En el reglamento tomamos esa definición y lo que hicimos fue especificar cuáles son las instituciones que están contenidas en ese concepto de descentralizadas e institucional y autónomas y lo especificamos en municipalidades, universidades, Caja y otros. A nuestro entender, el alcance que establece la ley sí cubre a todas las insituciones autónomas, universidades en este caso, y a la Caja que tiene autonomía constitucional, al igual que las universidades”, manifestó Garrido.
La ministra manifestó que si los rectores consideran que se están viendo sus derechos violentados o que la ley o el reglamento se extraliminan, pueden acudir a la vía judicial correspondiente.
La posición de Garrido es muy similar a la del ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
“Ellos han planteado el tema de si se aplica o no se aplica a las universidades públicas la ley. Nosotros entendemos que la ley se aplica a todas las instituciones públicas porque no hizo una excepción a ese propósito, pero cualquier caso, por supuesto, los temas jurídicos siempre se pueden discutir en las instancias correspondientes. Hoy lo que tenemos es una ley vigente y un reglamento vigente”.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) consideró “deplorable” la posición de los cinco rectores de las universidades públicas, de pretender desacatar las reformas que conlleva la reforma fiscal.
“Es muy lamentable que los rectores de las universidades continúen con esta posición bajo el alegato que esto lesionaría su autonomía. Sin duda, este tipo de discursos independistas nos pueden llevar por el camino equivocado y eso no lo queremos para Costa Rica”, afirmó el presidente de UCCAEP, Gonzalo Delgado.
Acuerdo de la CCSS
El diputado de la Fracción Unidad, Pedro Muñoz, solicitó explicaciones al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, sobre el acuerdo que firmó con sus sindicatos, el pasado 21 de febrero, en el que se comprometió a no tocar los porcentajes de anualidades, dedicación exclusiva y prohibición de sus trabajadores actuales en referencia a la reforma fiscal.
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“La Caja, los sindicatos y el presidente ejecutivo (Macaya), creyeron que son un feudo aparte de Costa Rica, al que no le aplican las reglas de los demás empleados públicos, eso no puede ser, la Ley que aprobamos es contundente y la CCSS la debe aplicar”, dijo Muñoz.
Además, pidió a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, su criterio sobre el acuerdo, así como realizar las gestiones necesarias ante la Procuraduría General de la República y el mandatario Alvarado para que el mismo no se ejecute.
Garrido dijo que conoce ese acuerdo de la CCSS y que “sí es verdad” que se deben respetan las anualidades que las personas ya gozan.
“Las anualiaddes antiguas hasta la entrada en vigor de la ley, en diciembre, eso preserva es un derecho adquiridos, pero, a partir de ese momento todas las nuevas anualidades se calculan sobre la base del salario a enero del 2018. Sobre la dedicación exclusiva, este es un contrato y ahí los porcentajes que aplican son muy claros en el reglamento.
“Sí ya se tenía un contrato anterior, los porcentajes se mantienen; si son nuevos contratos, ahí sí se aplican los porcentajes nuevos. No recuerdo (en el acuerdo de la CCSS) haber leído algo diferente a lo que estipula el reglamento, si hubiese alguna interpretación alterna a lo que señala el reglamento, eso sería un error”, dijo Garrido.
