EscucharCerca de 70.000 estudiantes que cursan el último año de secundaria realizaron las Pruebas Nacionales Estandarizadas de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación Pública (MEP) mediante una plataforma tecnológica de la firma mexicana Territorium, aparentemente contratada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El Instituto, a su vez, fue contratado por el MEP para la realización de las pruebas, como confirmó la cartera educativa a La Nación.
Desde mediados de setiembre, este diario envió consultas a las dos entidades para conocer las razones y detalles de la contratación, sin embargo, ninguna dio información clara.
El MEP se desligó de cualquier relación con Territorium, pues afirmó que su contrato fue con el ICE, con una tarifa de $3,57 (¢1.884) por estudiante.
“El MEP tiene un contrato con el ICE para el servicio de plataforma para la aplicación de las pruebas nacionales, incluyendo su implementación, configuración, operación, soporte, seguridad y acompañamiento continuo. La contratación del ICE por parte del MEP se hizo bajo la modalidad de servicio administrado (SAAS)”, respondió el MEP.
Por su parte, el Instituto aseguró que “actualmente no tiene relaciones comerciales o contractuales con la empresa Territorium” y que la aplicación de las pruebas y los detalles al respecto le corresponden al MEP.
De igual forma, este diario envió el 28 de setiembre, a las 12:41 p. m., un correo con consultas a Territorium, sin que se recibiera respuesta.
Dos documentos a los que tuvo acceso La Nación dejan en evidencia que la firma mexicana cumple un rol en las pruebas nacionales implementadas, aunque ni el Instituto ni el MEP se refieren a esa función.
Ambos son escritos que emanan de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, responsable de las pruebas.
Uno es el “Instructivo para la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada diagnóstica formato digital y físico”, emitido en abril. Ahí se indica que se debe extraer los datos de cada memoria USB para luego dárselas a Territorium.
“Retirar las memorias USB de cada computadora y enviarlas a la DGEC en un sobre de manila rotulado con el nombre del centro educativo y dirección regional. En la DGEC se extrae el archivo db_result.sqlite3 para proporcionárselos a Territorium”, se lee en el documento.
En el instructivo, además, se informó a los funcionarios que de presentarse algún inconveniente para ingresar a la plataforma debían escribir al correo soporte.mep@territorium.com.
La segunda evidencia de la participación de la empresa extranjera en esta evaluación es la circular DM-DVM-AC-DGEC-0203-2023, enviada el día 11 de abril, en la cual se indicó que “desde el correo electrónico soporte.mep@territorium.com se estará remitiendo al correo de las personas estudiantes un recordatorio con la fecha y hora de aplicación de la Prueba Nacional”.
Este lunes 2 de octubre, al volver a consultar al MEP por la relación que mantiene con Territorium con base en los documentos, solicitó dos días de plazo para dar una nueva respuesta en conjunto con el ICE.
Territorium se creó hace 12 años en Monterrey, México. Según la información en Internet, es una compañía en tecnología educativa que busca potenciar el aprendizaje a través del desarrollo e implementación de herramientas digitales.
Cambio en pruebas
Las pruebas nacionales estandarizadas de lenguas extranjeras realizadas a través de la plataforma de la firma mexicana sustituyeron las pruebas de dominio lingüístico de inglés elaboradas por la Escuela de Lenguas Modernas, de la Universidad de Costa Rica (UCR), que certifican el nivel de cada estudiante.
Los exámenes, que se realizaban desde 2019, quedaron eliminados en marzo pasado mediante el acuerdo CSE-SG-0057-2023 del Consejo Superior de Educación (CSE). Según este, en vez de la prueba de dominio lingüístico se aplicaría la prueba nacional estandarizada, correspondiente a lengua extranjera.
Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas, opinó en aquel momento de que la decisión del CSE representaba “un gran retroceso”.
Fue bajo esa consideración que la UCR resolvió donar 10.000 exámenes para evaluar la oralidad en inglés en educación diversificada y 10.000 pruebas para evaluar estudiantes de primaria. También donó 5.000 evaluaciones de francés y 60 de italiano en comprensión oral y escrita.
En relación con este tema, la diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro cuestionó a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, durante la interpelación de la jerarca el martes 26 de setiembre.
La legisladora preguntó por qué el Ministerio decidió no aceptar la donación que hacía la Universidad de Costa Rica (UCR) de pruebas de dominio.
“El MEP decidió no aplicar esas pruebas e invertir una cantidad de dinero que todavía no está clara en la plataforma llamada Territorium. ¿Qué relación tiene Territorium con Microsoft y por qué se decidió dejar de lado la política que ya existe?”, planteó Alfaro.
Müller aseguró ante el plenario legislativo que la UCR les cobraba $400.000 por las pruebas de idiomas y que los test con la plataforma (Territorium) eran más accesibles.
“Nos costó ¢1.800 por estudiante, más barato no se puede”, declaró la ministra.
La diputada insistió en que ella tenía entendido que las pruebas eran donadas por la UCR.
Posteriormente, Alfaro manifestó a La Nación que ella también ha solicitado información al MEP sobre Territorium, pero sigue a la espera de respuesta.
La confusión, sin embargo, surgió porque por un lado estaban las pruebas de dominio lingüístico y por otro, las pruebas donadas, que sí se realizaron, aunque existió la intención del MEP de no aplicarlas.
Por las de dominio que se implementaban desde 2019, el MEP sí pagaba una suma, explicó este martes Allen Quesada.
“Se hicieron por medio de una contratación directa en el 2019, 2021 y 2022 con un costo simbólico de ¢1.000 por estudiante; eran listening y reading o sea ¢2.000 y por el uso de la plataforma para la aplicación ¢500. En total se le ha cobrado ¢2.500 colones (por estudiante)”, precisó.
La evaluación
La prueba de lengua extranjera fue aplicada el pasado 24 de agosto y evaluó las condiciones de escucha y lectura. Tenía 100 ítems para inglés y 70 para francés.
Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio, el objetivo del test era clasificar a los alumnos en escalas de desempeño.
“No emitimos un certificado, pero sí emitiremos un informe personal para cada estudiante. Se le indicará cuál es su nivel de dominio, las competencias que está desarrollando y en qué áreas puede mejorar”, informó el día en que se iniciaron las evaluaciones.
Aunque no representaba un porcentaje en la nota de los estudiantes, la evaluación era obligatoria y un requisito para que los alumnos obtengan el título de bachiller en educación media.
Jeanina Umaña, académica de la Universidad de Costa Rica (UCR), denunció públicamente aparentes problemas con ese test.
“El MEP ‘contrató' una plataforma de gestión educativa internacional llamada Territorium para realizar la Prueba Nacional Estandarizada de inglés y francés, elaborada en el MEP. A la fecha nadie sabe nada sobre la elaboración de esas pruebas, pero la información que brindan colegas profesores en las aulas a lo largo y ancho del país nos habla del descontento de docentes y estudiantes. Expresiones como ‘esta prueba no mide nada’, ‘con un click el estudiante puede traducir todo al español’, o ‘el estudiante abrió la prueba y le dijeron que ya estaba hecha’, indican que la prueba de inglés y su aplicación fue deficiente”, expresó Umaña.
Datos de los estudiantes
De acuerdo con lo dicho por el MEP a este diario, el ICE utilizó datos como nombre, número de identificación del estudiante y el correo institucional exclusivamente para los fines del servicio contratado. Aseguró que no se podían usar para otros propósitos.
“La empresa proveedora del ICE no puede, bajo ninguna circunstancia, utilizar estos datos para fines distintos a los del servicio contratado. La privacidad y seguridad de la información de los estudiantes es una prioridad para el MEP y se toman todas las medidas necesarias para garantizarlas”, respondió el Ministerio sin precisar cuál era la empresa proveedora a la que hacía referencia.
