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Salirse del régimen de Servicio Civil para poder contratar personal más ágilmente y de acuerdo con las necesidades de capacitación que tenga el mercado, es el propósito de las autoridades del INA con un proyecto de ley para reformar la institución.
La modificación básicamente está orientada a excluir al Instituto de las entidades adscritas a ese régimen de contratación de funcionarios públicos.
Si logran esa separación, el INA podría emplear a profesores y capacitadores de forma rápida y oportuna, y bajo otros esquemas, explicó Andrés Valenciano, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El otro cambio que pretenden es que la creación de plazas no requiera de la aprobación de la Autoridad Presupuestaria, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de verificar que se cumplen los lineamientos en esa materia.
Valenciano explicó que estos cambios permitirían, por ejemplo, que si una empresa requiere capacitación para un curso básico de embarque, la institución le resuelva en cuestión de días y no de meses, como ocurre actualmente.
Además que el docente pueda contratarse por la modalidad de servicio profesional, medio tiempo, horario nocturno o un periodo de meses, solamente. Actualmente, esto no es posible.
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“Hoy, para la creación de nuevas plazas hay que pasar por la Autoridad Presupuestaria y después hay que ir al Servicio Civil, que no solo dura mucho tiempo sino que, una vez que la persona queda contratada en propiedad. Para algunos puestos es valioso, pero para otros es importante tener la flexibilidad de poder contratar servicios profesionales, medio tiempo, y hoy eso no se puede hacer, no tenemos esa flexibilidad.
"Cuando la gente se acerca al INA y dice ¿por qué no abren un curso de noche o por qué no nos ayudan en un programa de tres meses y después lo cambian? Muchas veces obedece a esa rigidez”, manifestó el jerarca.
Alfredo Hasbum, director de Servicio Civil, manifestó que la posibilidad de desvincular al INA del régimen es un tema del que se habla desde hace tres décadas, pues lo escuchó desde que fue auditor en esa institución y luego, en el gobierno anterior, como ministro de Trabajo.
“Efectivamente, el INA necesita agilidad para poder responder a los requerimientos de capacitación que son tan dinámicos, en esa parte estamos de acuerdo, no hay duda de que se necesita buscar un esquema que por un lado respete los derechos adquiridos y por otro le permita flexibilidad a la institución en las nuevas contrataciones que realiza”, explicó el funcionario.
Hasbum, reconoció que el INA tiene una situación especial debido a que su demanda de servicios es muy dinámica y varía, a diferencia de otras instituciones adscritas al régimen.
“Necesita cierto grado de flexibilidad para contratar lo servicios de los distintos instructores conforme los requerimientos productivos”, añadió.
Según estadísticas del Instituto,solo el 25% de los graduados del INA en la actualidad logran conseguir empleo en la especialidad estudiada y eso se debe a que la entidad no responde a las necesidades del mercado laboral, tal como han advertido las cámaras empresariales.
Valenciano afirma que si se tiene a todo el personal dando cursos, no puede ofrecer otro más que se requiera.
“Si pasáramos por el proceso de abrir una nueva plaza (con el Servicio Civil), eso podría tomarnos meses y esa persona puede perfectamente quedar en propiedad y, después, la comunidad nos dice que ya no necesitan ese curso y que ahora se necesita otro. Ese proceso no nos permite responder a la velocidad”, insisitó el jerarca.
El presupuesto del INA para el 2019 fue de cerca de ¢145.000 millones.
Otros cambios
El proyecto de ley que se presentará en las próximas semanas, también propone “despolitizar al INA”. Se pretende reformar la Presidencia Ejecutiva para que sea Presidencia de la Junta Directiva.
Con esa modificación, se desliga la figura del presidente ejecutivo de las funciones administrativas.
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Además, la persona que asuma el cargo de gerente general sería nombrada por la Junta Directiva; tendría la representación legal del INA, o sea, sería la jefatura máxima de la institución. El mandato sería por 6 años, acorde a recomendaciones y estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre alta gerencia pública.
“Otro cambio importante es tener un mecanismo de becas para personas en condición de pobreza o pobreza extrema, . Pasa que el INA no puede responder a tiempo, o no tiene un programa o curso que se necesita o no haya espacio. El INA puede avalar instituciones que den ese curso y dar apoyo para que la persona lleve ese programa en una de esas”, dijo Valenciano.
El INA también quiere tener la potestad de crear mecanismos de contratación administrativa (compra de bienes y servicios) que sean ágiles y eficientes, respetando los principios de esa gestión. Es decir, estos mecanismos permitirán que el INA pueda hacer contrataciones “oportunas y pertinentes” en cuanto a oferta, cupo, instalaciones, equipamiento y otros.
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Además, pretende tener la potestad de crear fideicomisos para construir obras más ágilmente.
Valenciano indicó que la propuesta de reforma surge de un proceso de consulta con diferentes sectores, que incluyen estudiantes, legisladores, expertos internacionales, empresarios, autoridades de Gobierno, sindicatos, cooperativismo y solidarismo, y a sus propios trabajadores.
En octubre pasado, el INA realizó un foro de alto nivel como otro insumo para este proyecto.
La intención, dijo Valenciano, es responder a la Revolución 4.0 o cuarta revolución industrial.
