Infraestructura educativa: 126 escuelas son un riesgo para sus alumnos y 78 tienen orden de cierre

De la lista de problemas y necesidades, sobresalen 126 escuelas incluidas en la categoría de “riesgo inminente” después de la temporada de lluvias del 2022. Otros 78 centros educativos están sentenciados con una orden de cierre, desalojo o demolición.

Ese grupo forma parte de otro de escuelas o colegios sobre los que pensan 1.004 órdenes sanitarias, las cuales el Ministerio de Educación Pública (MEP) no podrá atender el próximo año por falta de presupuesto.

Lourdes Sáurez, responsable de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), confirmó este gris panorama durante una entrevista con La Nación.

Sáurez precisó que, por ejemplo, de los 78 centros con orden de cierre, 35 ni siquiera tienen un proyecto asociado; es decir, actualmente no existe una alternativa para atenderlos, aunque aseguró que la DIE busca una estrategia.

La mitad de estos centros educativos afectados se encuentra en la provincia de Limón.

Para la funcionaria, la preocupación por las órdenes sanitarias en realidad se queda corta, porque la situación va mucho más allá.

“Un tema importante es que se dio el mensaje de que atendíamos órdenes sanitarias, y en este país, en infraestructura pública, todo es muy viejo. Si yo llevo al Ministerio de Salud a todas las escuelas del país, muy seguramente todas tienen orden sanitaria”, aseveró la directora de la DIE.

La situación se explica en el hecho de que la mayoría de centros educativos tiene entre 50 y 60 años de haberse construido, por lo que muchas instituciones no cumplen con la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad) o con el Código Eléctrico del 2012.

Préstamo para infraestructura

En consonancia con las altas autoridades de gobierno, Lourdes Sáurez se sumó al pedido para que se apruebe el préstamo por $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la funcionaria, recursos de ese crédito para infraestructura se utilizarían en proyectos como la escuela de barrio Limoncito, en Limón, que ella califica como un caso “caótico”. Esta escuela tiene un costo de ¢7.000 millones y, según Sáurez, eso absorbería prácticamente todo el presupuesto de la DIE.

“Realmente, abarcamos zonas donde hay peligro inminente y los chiquitos se ven en riesgo, y no tenemos plan B porque son proyectos muy caros. Son proyectos que en este momento no podemos asumir, sabemos que la necesidad existe y se necesita la plata, y la estamos buscando (...). Ese crédito es la única oportunidad que tenemos de construir y atender simultáneamente 126 centros educativos”, declaró Sáurez.

Como la escuela de barrio Limoncito, son decenas los centros que esperan el cumplimiento del compromiso del MEP desde hace varios gobiernos.

Entre esas está la Escuela Carlos J. Peralta, ubicada en Guadalupe de Cartago y que atiende a 900 estudiantes. Ahí los padres de familia se han acostumbrado a que cada vez que llueve, deben ir por sus hijos, porque el inmueble se inunda rápidamente.

Las aulas tienen más de 84 años de construidas, por lo que el mal estado de los cielorrasos, pasillos, ventanas y techos se suma al hacinamiento. La orden sanitaria de esta institución data del 6 de mayo del 2017.

Teresita Cubero, la directora, recordó que en su gira por Cartago, por las celebraciones de la Independencia, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, abogó por el préstamo.

La promesa es que, con ese financiamiento, se podrían realizar las inversiones más urgentes en esta escuela y muchos centros educativos más.

Sáurez, por su parte, insistió en que los problemas en centros educativos como este de Guadalupe de Cartago se deben en parte a que los inmuebles fueron construidos por padres de familia o por la comunidad; muchos incluso son de madera.

“Hay problemas en el sistema eléctrico, canalización de aguas de lluvia, los bajantes no dan abasto; pero hay muchas escuelas que, si usted les da un poquito de plata y se pintan y se les cambia la cubierta del techo, ya no se inundan y les podemos alargar un poquito más la vida útil”, expresó la responsable de la infraestructura educativa del MEP.

La funcionaria afirmó que en la DIE están conscientes del rezago que afronta la educación costarricense en materia de infraestructura; no obstante, tienen claro que solucionar el problema se va a llevar muchos años más.

Su prioridad es construir centros educativos, por lo que una orden sanitaria no significa una atención más rápida.

Por ejemplo, mencionó que existen 65 escuelas que no tienen orden sanitaria, pero es porque imparten sus lecciones en iglesias o salones comunales luego de un cierre por problemas en infraestructura.

“Nosotros sabemos que hay un rezago fuerte a nivel país y que hay que empezar a atenderlo como corresponde, pero es muy importante que todo el mundo tenga una escuela. Nuestra meta es que todo el mundo tenga una escuela”, afirmó la funcionaria.

Ni presupuesto ni capacidad

El presupuesto asignado y la capacidad operativa de la DIE se suman a la lista de problemas. Solo para atender lo urgente necesitan ¢410.000 millones, fondos que no tienen.

“Yo le puedo decir que tenemos 108 proyectos que tienen planos constructivos y podemos trabajar, eso asciende a ¢152.000 millones. Pero hay una realidad y es la capacidad operativa de la DIE. Si usted me da a mí ¢100.000 millones, yo no los puedo trabajar. Hay 70 ingenieros, son 4.759 centros educativos. Si usted divide eso entre ingenieros, es insostenible”, alegó.

Por otro lado, mencionó que para el 2024, la suma de dinero destinada a infraestructura será aproximadamente de ¢9.000 millones.

“Esa plata ya está distribuida. Vamos a construir 12 proyectos, una escuela en Nicoya que cuesta ¢3.000 millones, el gimnasio del San Luis Gonzaga (en Cartago) y así, varios proyectos a lo largo de todo el país”, dijo Sáurez.

Infraestructura sin monitoreo

De acuerdo con el IX Informe del Estado de la Educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señaló en el 2020 la necesidad de mayor inversión en infraestructura, pero Costa Rica tomó decisiones contrarias a las recomendaciones internacionales.

“El país sigue sin un sistema de monitoreo del estado de la infraestructura que permita conocer las condiciones reales de los centros educativos”, aseguran los investigadores. Incluso la propia DIE coincide con eso y acepta que no conoce cuántos centros educativos están bien y cuántos, mal.

El informe insiste en que la propuesta del MEP implica continuar centrándose en la atención de urgencias, dejando de lado las labores de mantenimiento necesarias para asegurar el buen estado físico de los centros educativos.

“La gestión de infraestructura educativa no está cumpliendo con su propósito, puesto que los procesos no son sistemáticos ni simplificados y no se dispone de información integrada, confiable, útil y oportuna”, advirtió el informe.

Colaboró Keyna Calderón