La reunión que sostuvieron miembros de la Fundación Conservatorio de Castella y la ministra de Educación, Anna Katharina Muller, el pasado martes 22 de mayo, activó las alarmas de la Junta Administrativa, sobre la aparente intención de vender el terreno del teatro Arnoldo Herrera, ubicado en Sabana Norte.
Tanto la sede principal del centro educativo, ubicada en Ulloa de Heredia, como el teatro están registrados a nombre de la Fundación; no obstante, la presidenta de la Junta, Ingrid Vargas, alegó que derecho de uso o usufructo lo tienen ellos.
“Hay un juicio contencioso administrativo donde se impugna ese registro, pero el usufructo desde hace 23 años es de la Junta Administrativa, constituida por padres y madres de personas estudiantes, así como egresados”, declaró Vargas a La Nación.
El presidente de la Fundación, el actor Gustavo Rojas, reconoció que han recibido ofertas de empresas interesadas en comprar el inmueble de Sabana Norte; aclaró que la opción de venta es “una alternativa pero no la definitiva”.
Según Rojas, el Conservatorio de Castella tiene “órdenes sanitarias porque el edificio se está cayendo” en referencia al centro educativo y por esa razón, la Fundación “pretende buscar alternativas para salvarlo” y están analizando “20 alternativas”.
“Efectivamente, hay ofertas de distintos empresarios de la zona por comprar el Conservatorio de Castella, que no es nada nuevo; a don Arnoldo Herrera (fundador) le ofrecieron comprar eso hace mil años. (...) Ha habido conversaciones, incluso se han llamado peritos para valorar porque es una alternativa pero no la definitiva”, manifestó.
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‘Un cliente’
El pasado lunes, una corredora asociada a la Cámara de Bienes Raíces de Costa Rica ingresó a las instalaciones del centro educativo. La visita quedó captada en videos a los que tuvo acceso este diario.
La Nación contactó a la corredora, de apellido Goulart, para consultar si su visita a las instalaciones se debe a algún interés de venta de esta propiedad o del Teatro Castella, en Sabana Norte.
“Tengo un cliente potencial para que lo compre, pero es confidencial. La negociación sería directa con la Junta Directiva (sic) del Castella y, por motivos obvios, no me gustaría que se haga público para no entorpecer la negociación”, dijo la corredora en referencia, específicamente, al terreno del Teatro.
Según Ingrid Vargas, hasta el momento nadie se ha comunicado para hablarle de alguna opción de compra.
La representante adelantó que la Junta Administrativa pedirá medidas cautelares con el objetivo de “garantizar la continuidad del colegio”.
¿Público o privado?
El Conservatorio Castella cuenta con 1.100 estudiantes, entre primaria y secundaria. En 2001 se emitió el decreto 29324-MEP, mediante el cual el ministro de Educación de ese entonces, Guillermo Vargas, le daba y reconocía al Castella su condición de ente público.
En dicho decreto se le asignaron al Conservatorio los códigos presupuestarios 573-02-59-0068 y 573-01-59-1380, que equivalen al pago de 4.437 lecciones.
“Siempre el Estado ha financiado la parte de planilla que incluye a docentes académicos, administrativos, personal de mantenimiento, vigilancia y el programa Panea”, precisó Ingrid Vargas.
La vocera explicó a La Nación que la Junta Administrativa ofrece el servicio de transporte y lo que no cubre el Estado deben aportarlo ellos. Por esa razón, cobran ¢75.000 por mes.
“Esos dineros se destinan a los gastos del colegio como servicios públicos, Internet, limpieza, papel higiénico, mantenimiento del teatro, etcétera”, dijo.
Gustavo Rojas, por su parte, sostiene que el colegio tiene una condición de ente privado.
“La Fundación, que es un ente de derecho privado con dos propiedades inscritas, no pretende más que hacer valer los derechos como propietaria de los terrenos, que han sido ocupados desde hace 20 años a través de un decreto ejecutivo donde ilegítimamente dice que el Conservatorio es público, pero resulta que las propiedades son de la Fundación”, aseveró.
‘No se está cayendo’
La Junta también vela por la infraestructura del Conservatorio, ya que al estar el colegio en una propiedad privada, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no puede intervenir.
La ministra Müller declaró en un video enviado a los medios de comunicación la semana anterior, que la reunión con la Fundación se dio con el interés de “intervenir la situación de infraestructura”. Afirmó que el encuentro nació de la necesidad de “brindarle a los estudiantes un espacio seguro y digno”.
En relación con el tema, Ingrid Vargas refutó que el colegio está en mal estado, como lo indican Rojas y Müller.
“Esta infraestructura no se está cayendo, no es cierto; el colegio no se está cayendo, los aportes de los padres están aquí todos los días”, dijo la presidenta de la Junta durante un recorrido por las instalaciones.
Sobre el peligro de derrumbe en un sector de la propiedad, del que advirtió la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en 2019, la condición cambió.
Según aquel informe, a unos 10 metros de la corona principal de un deslizamiento se ubicaban infraestructuras como el anfiteatro y zonas verdes que presentaban “una condición de riesgo, debido al efecto de inestabilidad”.
No obstante, un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de mayo de 2023, indicó que: “la zona deslizada en 2017 recuperó su equilibrio y estabilidad, ya que no se observaron nuevas evidencias de crecimiento del área inestable ni cicatrices de desprendimientos recientes en el plano del deslizamiento, indicando que en el sector evaluado no se han presentado nuevos deslizamientos de material”.
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Tras una serie de observaciones, señalaron que “se puede considerar que el talud ubicado al costado sur de las instalaciones del colegio Conservatorio Castella resulta estable”.
La presidenta de la Junta mencionó que, con este informe, ya podrían volver a utilizar ese espacio del centro educativo, que actualmente tiene unas mallas por prevención y el césped alto.
En eso, precisamente, trabajaba Olman Contreras, agrónomo y padre de un estudiante de quinto año, quien ayudaba en las tareas de limpieza de ese terreno con la idea de reforestar.
“Siempre me ha llamado la atención esto, que no se ha aprovechado ese terreno. Con una reforestación nos sirve de muro de contención y también para ser carbono neutral. Estamos trabajando en esto”, dijo Contreras.
El MEP, entretanto, no ha dado a conocer la acción concreta que promoverían dada su intención de ayudar al centro educativo, es decir, si comprarían la propiedad o gestionarían una donación.