El Liceo de Costa Rica ha estado en las últimas semanas en el centro de una polémica por un terreno que les pertenece y que la administración de Rodrigo Chaves Robles requiere para construir el proyecto Ciudad Gobierno.
Esto es lo que debe saber del tema:
- El colegio es dueño de un terreno de 10.000 metros cuadrados, ubicado entre las avenidas 20 y 22, en Plaza González Víquez, San José, el cual recibió por una donación en agosto de 1974, fue consignada en la ley 5570. El inmueble que ocupa el terreno es alquilado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por ¢16 millones mensuales, dinero con el que financian la operación del colegio. Es decir, pagan servicios públicos, conserjes, cocineras y otros.
- El 1.° de junio, los miembros de la Junta Administrativa sostuvieron una reunión con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, así como con Jéssica Martínez, ministra de Vivienda, y Luis Amador, jerarca del MOPT. En ese encuentro los ministros pidieron a la Junta Administrativa del Liceo que cediera el terreno sin ningún pago de por medio. Además, les dijeron que en caso de no aceptar el MOPT dejaría de alquilar el inmueble.
- Rodrigo Soto, integrante de la Junta, denunció “presiones del Gobierno” y calificó lo sucedido como “ un chantaje” pues, según dijo, el MEP ofreció asumir los pagos que ahora se cancelan con el dinero del alquiler.
- El 5 de junio los miembros de la Junta tomaron la decisión de firmar el convenio con el Gobierno. Se trata de un acuerdo por 25 años, durante los cuales el Estado se compromete a hacerle frente a los gastos del colegio que hoy son sufragados con el alquiler del inmueble.
- El 7 de junio el Ministerio de Educación Pública (MEP) envió un comunicado de prensa en el que negó la existencia de las presiones denunciadas por Soto. Enfatizó en que, según el artículo 144 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, todos los bienes inmuebles adquiridos por las Juntas o recibidos a través de donaciones deben inscribirse a nombre del Ministerio.
- El 9 de junio, el MEP ratificó la firma del convenio con la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica; mientras que el MOPT se comprometió a mantener el pago del alquiler hasta diciembre de 2023.
- El 21 de junio, el presidente del Gobierno Estudiantil de ese centro educativo, Fernando Orozco, y un egresado presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo donde solicitaban detener las obras de “Ciudad Gobierno”. Insisten en que el terreno les pertenece, pues fue cedido a través de la Ley 5570 del 30 de agosto de 1974.
- El 22 de junio, el juez contencioso José Solano resolvió darle tres días al Estado (hasta el martes 27 de junio) para que presenten un descargo. Sin embargo, no aprobó la medida solicitada de frenar el proyecto de construcción en uno de los terrenos del liceo.
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