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Hasta noviembre del 2023, el Ministerio de Educación Pública (MEP) había tramitado 265 casos relacionados con algún tipo de maltrato a estudiantes. Sin embargo, un 67% de los expedientes seguía sin resolver; entre otras causas, por la falta de plazas suficientes para dar seguimiento a cada denuncia.
En una audiencia para un caso de este tipo, ni el personal de Psicología del MEP ni las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se presentaron en los tres días diferentes en que se programó la entrevista.
Lo anterior constata el incumplimiento de parte del MEP y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de una ley que empezó a regir en el 2021 (la número 9.999) y cuyo propósito es prevenir la revictimización y garantizar los derechos de los menores de edad en el sistema educativo costarricense, según advierte la Defensoría de los Habitantes.
Para la Defensoría, el proceso administrativo en el que niños, niñas y adolescentes denuncian maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en los centros educativos sigue siendo revictimizante.
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Según un reporte de la Defensoría, en los dos años que lleva la ejecución de la nueva ley los casos que procesa el Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP han ido en aumento:
| Año | Casos | % sanción |
|---|---|---|
| 2021 | 20 | 51% |
| 2022 | 356 | 65% |
| 2023 | 265 | 71% |
| Fuente: Defensoría |
En el primer año de la ley, las regiones donde más denuncias se tramitaron fueron San Carlos y Coto Brus. En los años siguientes, se sumaron Alajuela y Heredia. Sulá es donde se presentan menos denuncias.
Por lo anterior, la Defensoría emitió una lista de recomendaciones tanto al MEP como al PANI para que estas situaciones no se repitan.
Las recomendaciones al MEP son las siguientes:
- Realizar un estudio de cargas de trabajo, pues hasta agosto del 2023 contaba solo con siete asesores para todo el país.
- Solicitar a la Autoridad Presupuestaria las plazas necesarias para enfrentar la responsabilidad que exige la ley.
- Gestionar el traslado de plazas para tramitar los expedientes que quedaron pendientes del 2023.
- Indicar las acciones para instalar espacios adecuados que garanticen la integridad emocional de los menores de edad.
- Indicar los resultados de las inspecciones a las direcciones regionales para verificar si reúnen las condiciones mínimas para las audiencias, según lo establecido en la ley.
- Iniciar un proceso de capacitación este año y convocar una comisión interinstitucional con un representante del Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, la Contraloría de Derechos Estudiantiles y del Instituto Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano.
- En un plazo de seis meses, remitir copia del reglamento a la Ley 9.999 y sus reformas.
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A la Presidencia Ejecutiva del PANI se le recomendó emitir una circular a las Direcciones Regionales informando sobre la Ley 9.999 y el deber de acompañar a los menores de edad víctimas.
Circular a directores regionales del PANI para socializar ley 9999.
Según la oficina de prensa de esa institución, ese pedido se cumplió el 14 de marzo anterior por parte de la presidenta ejecutiva del Patronato, Kennly Garza Sánchez, quien envió la circular PANI-PE-CIR-004-2024, en la cual solicitó socializar la mencionada ley.
Garza también dispuso que, ante cualquier conocimiento de una situación violatoria de derecho relacionada con la normativa, esta se abordara conforme a los lineamientos internos establecidos.
La Nación envió consultas al MEP sobre este llamado de atención de la Defensoría. Al cierre de la publicación no se había recibido respuesta.
Información actualizada a las 11:27 a. m. del martes 21 de mayo, con respuesta del PANI.
