El MEP utilizó casi ¢1.000 millones, destinados a la construcción de nuevas escuelas y colegios, para pagar los castigos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le impuso por no ejecutar a tiempo el fideicomiso, un fondo de $167,5 millones, aportados por el propio organismo financiero para levantar 80 centros educativos y 23 canchas techadas.
El efecto de esta situación es doble. Además de que las obras no se levantan, el dinero disponible para hacerlas se usa para atender dichas sanciones causadas por atrasos de las partes que forman parte del proyecto del fideicomiso.
El fideicomiso lo administra el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), mientras que el MEP figura como la Unidad Supervisora del proyecto. A causa de que la ejecución de obras no caminaba, el BID le pidió al Nacional cancelar ¢984 millones por atrasos de los montos que no se han podido desembolsar y que permanecen en el fideicomiso. Este castigo está previsto en el contrato de fideicomiso.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este martes la situación en el informe DFOE-S OC-IF-13-2017.
"El pago de dichas comisiones se ha realizado con recursos del préstamo de Fideicomiso que están disponibles para la construcción de las 103 obras de infraestructura. Acorde con ello existe un atraso de dos años para poder ejecutar las transferencias que el BID realizó en el período 2014-2016", indicó el ente contralor.
Según detalló, entre el costo de los atrasos en los desembolsos (¢984 millones) y ¢350 millones de gastos propios de la gestión fiduciaria, se han pagado ¢1.334 millones.
"Ese monto equivale aproximadamente a la construcción de cuatro centros educativos completos", estimó la CGR.
Lento avance
Este fideicomiso educativo BID-MEP-BNCR fue aprobado en 2013, por un monto de $167,5 millones (unos ¢95.000 millones al tipo de cambio actual) provenientes de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según la Contraloría General de la República, al 30 de junio del 2017, se había ejecutado un 9.12% (¢8.739 millones) del total de recursos. Se determinó un atraso de dos años en la utilización de los recursos transferidos por el BID en el período 2014-2016. El MEP atribuye el atraso a que el Banco Nacional tardó dos años en conformar la Unidad Ejecutora (encargada del desarrollo del proyecto); sin ese órgano no podían comenzar.
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A la fecha, de los 103 proyectos, solo dos se han terminado: el Liceo de Mata de Plátano, ubicado en El Carmen de Goicoechea, y el Liceo Rural de San Isidro de León Cortés. Además, uno se encuentra en la etapa de inicio de construcción: la Escuela Finca La Caja en La Carpio.
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Según la CGR, ninguna de las 101 obras pendientes, ha superado las etapas previas que le permitan iniciar la construcción de la obra.
El Ministerio de Educación refutó lo señalado por la Contraloría e indicó que el 94% de los recursos está comprometido, según informó Geovanny Rodríguez Santamaría , director de la Unidad Supervisora del Fideicomiso.
Faltante
La Contraloría señaló que el dinero del fideicomiso no alcanzará para levantar todas las obras previstas.
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El déficit para cumplir con las obligaciones del fideicomiso oscila entre $57,8 millones y $67,2 millones. Rodríguez explicó que las obras de infraestructura que no puedan finalizarse serán atendidas con dinero de la Dirección de Infraestructura (DIEE) del MEP.
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"Este aspecto (asumir el déficit con recurso del Ministerio) deberá ser valorado con especial atención por parte de la autoridades del MEP, de cara a la situación fiscal que presenta el paísen la actualidad", advirtió el ente contralor.
Para el próximo año, el presupuesto de las Juntas de Educación para la construcción, mantenimiento y adecuación de obras de infraestructura se verá reducido en un 45%. En el 2017, las juntas recibieron ¢138.518 millones; en el 2018 recibirán ¢76.000 millones.
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El fideicomiso vence en julio del 2018. La Contraloría determinó que solamente 25 de las 101 obras pendientes hubiesen sido entregadas dentro del plazo de ejecución del proyecto originalmente establecido.
"Cabe señalar que el MEP, realizó ante la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría General, una solicitud de autorización de modificación contractual, vinculada con el plazo del proyecto, la cual fue otorgada en el mes octubre de 2017, lo cual implica que el nuevo plazo otorgado para la ejecución de todas las obras será el 3 de julio de 2020", informó la CGR.