EscucharEl Ministerio de Educación Pública (MEP) incurrió en un error al solicitar datos personales sensibles a menores de edad sin tener el consentimiento de sus padres, al momento de aplicar el llamado cuestionario de Factores Asociados, el viernes pasado, como parte de las pruebas nacionales FARO.
Así se pronunció este lunes la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) en un comunicado de prensa en el cual aclaró que a pesar de haber recomendado al Ministerio no darle tratamiento a los datos recabados por no tener la autorización de los padres, nunca sugirió destruir los formularios, como se pretendió.
El cuestionario se componía de 600 ítems, algunos relacionados con el entorno socioeconómico del hogar, los cuales fueron planteados a 77.000 niños de quinto grado.
De acuerdo con la Prodhab, desde el sábado por la mañana, el MEP buscó su asesoría sobre lo acontecido el día anterior con los cuestionarios de FARO, específicamente en lo concerniente a las preguntas mediante las cuales se solicitaron datos del hogar.
Para entonces, llovían las críticas y cuestionamientos de los padres y otros actores no solo por los datos requeridos sino por la extensión de los cuestionarios y el tiempo que les tomó responderlos a los escolares de 11 y 12 años.
“Al respecto, la Prodhab fue clara en que debido a que no medió el consentimiento informado de los padres de familia, era necesario suspender cualquier tipo de tratamiento a esta información. Esto debido a que los menores de edad no pueden ejercer esos derechos por sí mismos, sino a través de sus representantes legales”, indicó la Agencia.
Según su comunicado, fue clara con el MEP en que debía encontrar los mecanismos adecuados para recopilar la información.
“Se les hizo una recomendación de devolver los formularios a los padres de familia, que son finalmente los dueños de la información, y que posterior a un plazo razonable, si no eran retirados, entonces el MEP tomara las medidas que considerara necesarias y oportunas”, detalló Elizabeth Mora, directora de la Agencia.
El Ministerio ordenó a los directores regionales y de centros educativos entregar el formulario a los padres de familia si así lo solicitan o, en caso contrario, les instruyó el proceso para destruir aquellos no reclamados. No obstante, estas disposiciones las frenó el Tribunal Contencioso Administrativo que ordenó al MEP abstenerse de destruirlos y, más bien, los pidió para su custodia.
Tal disposición se tomó al acoger una solicitud de medida cautelar provisionalísima a solicitud del Sindicato de la Judicatura (Sindijud).
Por estos hechos, Giselle Cruz Maduro renunció la noche de este domingo al cargo de ministra de Educación. También dejaron los cargos la viceministra académica Melania Brenes y el director de Gestión de Calidad, Pablo Mena.
Protección de derechos
La Prohab dijo desconocer el contenido de las pruebas FARO y los “factores asociados” que el Ministerio iba a consultar, por lo que su papel en este tema fue únicamente como fiscalizador, según lo estipula la normativa.
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley N.° 8968, las atribuciones que se le otorgan a la Prodhab se limitan a resolver como órgano administrativo. No obstante, la Agencia informó de que en este momento revisa tanto las notas de prensa ligadas al caso como cualquier otra información vinculada para determinar si en próximas horas abre de oficio un procedimiento de protección de derechos como lo dicta la ley.
“En ocasión de esto, se han recibido múltiples presiones para que Prodhab interponga una medida cautelar, no obstante, no nos dan tiempo de reacción: los hechos se dan a conocer el sábado, y ayer domingo el Juzgado Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José lo solicitó”, finalizó la directora.
En esta misma línea, la Agencia insistió en que el encargado de cualquier base de datos es responsable de cumplir la normativa ante cada uno de los titulares de los datos que trata, y en caso de incumplir con lo establecido, enfrentar las sanciones conforme los artículos 29 al 31 de la ley.
