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El presidente Carlos Alvarado participó como testigo de honor en la firma de la convención colectiva el 16 de octubre . Cortesía ANDE.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) firmó con sus sindicatos una nueva convención colectiva de 86 cláusulas sin hacer el cálculo sobre el efecto económico que el pacto tendrá sobre las finanzas públicas.
La institución alega que no realizó estudios porque ninguna cláusula tiende a aumentar costos.
La Nación solicitó al MEP el estudio matemático que respalde la afirmación del viceministro administrativo, Steven González, de que la nueva convención colectiva no iba a generar un costo adicional para el erario público.
“En todo el articulado de la convención colectiva no se encuentra ninguna disposición que otorgue un beneficio económico adicional a los funcionarios, por lo que no corresponde realizar un estudio como el que solicita”, dijo González.
Justamente, la falta de ese estudio y análisis técnico hace que la afirmación de González sea incierta es estos momentos
Por ejemplo, la convención establece que el incentivo didáctico, que se le paga a los docentes para la compra de materiales para su labor, dejará de ser un 8,33% sobre el salario más los pluses, para ser un sobresueldo nominal correspondiente al 12,6% sobre el salario base, en atención a lo que indica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9635).
Este medio analizó seis ejemplos del efecto que este cambio tendría sobre diversos tipos de salario y estos muestran que sí habría un aumento salarial. Se analizaron salarios con y sin recargos, con distintos pluses, y la diferencia al incluir ese cambio en el cálculo del incentivo, oscilaba entre ¢840 y ¢21.000 adicionales en el sueldo mensual.
El MEP no tiene un informe matemático del impacto que en los distintos tipos de salarios vaya a tener el adicionar un 12,6% al salario base a los cerca de 60.000 docentes con los que cuentan.
Hay que recordar que los profesores, por la naturaleza de su puesto, reciben dinero adicional por los recargos (de huertas, cooperativas, laboratorios, etc) , que son porcentajes de dinero adicional que se calculan sobre el salario base y no se consideran pluses. Al adicionarle el incentivo didáctico al salario base, el monto que recibirán por estos recargos podría aumentar.
Sin embargo, no hay un estudio que explique a ciencia cierta este impacto o el impacto que este cambio del incentivo didáctico vaya a tener en el futuro.
Pagos de más
La Convención Colectiva incluye un nuevo artículo (el 38) sobre la imposibilidad del Ministerio de cobrar las sumas generadas de más que hayan recibido los funcionarios debido a que la institución no ajustó el sistema de Integra II a las remuneraciones, de acuerdo con lo establecido por la reforma fiscal, aprobada en el 2018.
Días después de firmada la convención, el MEP indicó que fueron 72.000 funcionarios los que podrían haber recibido dinero de más, pero informó de que aún no estima a cuánto asciende dicha suma. Por este motivo, se desconoce el impacto en las finanzas de este nuevo artículo de la convención.
Plazas nuevas
En la convención el MEP se comprometió con los sindicatos a otorgar plazas a 2.000 cocineras en 2021 y a otras 2.000 en 2022.
Las cocineras actualmente son contratadas por las Juntas de Educación que, aunque manejan el dinero del MEP, son entes privados. Ellas son empleadas de las Juntas, no del Ministerio. Al ser contratadas por la institución van a disfrutar de pluses como anualidad, zonaje o salario escolar que en la Juntas no se les paga.
Las primeras 2.000 plazas fueron incluidas en el presupuesto del 2021. La ministra de Educación, Guiselle Cruz, defendió esa contratación el 6 de octubre anterior, 10 días antes de firmarse la convención colectiva, en una audiencia de la Comisión de Hacendarios, donde se revisó el presupuesto del 2021, que incluía esos nuevos puestos.
Sin embargo, según la diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado, en la comparecencia, Cruz no pudo demostrar que otorgar esas plazas no generarían un gasto adicional. Por eso, ella y los diputados de su bancada, Silvia Hernández y Gustavo Viales, solicitaron detalles al MEP.
La institución confeccionó un estudio de proyección a 10 años que entregó a los legisladores, en el cual indicó que contratar a las cocineras en propiedad (las primeras 2.000) generaría un ahorro promedio anual para el MEP de ¢2.000 millones anuales y no habría ninguna pérdida en los años de estudio (2021-2030).
La Nación informó días atrás que ese estudio tenía errores de cálculo, entre estos, subestimó ampliamente el costo de las anualidades, no incluyó el salario escolar ni el plus de zonaje y calculó las cargas sociales solo sobre el salario base en vez del sueldo total.
Tras la publicación de La Nación, el MEP hizo nuevamente estudio, también a 10 años, llamado Análisis de viabilidad de trasladar a las cocineras nombradas por las Juntas al MEP en donde se compara el costo de tener a las cocineras contratadas por las Juntas versus tenerlas en la planilla del MEP. Ya, para cuando se hizo este análisis, estaba firmada la convención colectiva con la promesa de dar las plazas.
En este nuevo estudio, al incluir los rubros omitidos en el anterior (salario escolar, etc) el promedio anual de ahorro bajó a ¢677 millones. Sin embargo, ese mismo análisis indica que para 2029, contratar a las cocineras en plaza va a generar pérdidas por ¢35 millones y en el 2030 de ¢139 millones.
Aún estas proyecciones son inciertas porque este nuevo estudio remitido a los diputados, no incluye el plus de zonaje y, además, varió los porcentajes de incremento salarial anual para las cocineras en las Juntas con respecto al informe anterior, de 2,39% a 2,5% anual.
También se hizo solo a 10 años aunque una de las premisas de la convención es la estabilidad laboral. Es decir, que estas plazas perdurarán por más tiempo.
Zonaje
La nueva convención elimina el incentivo que se pagaba en los distritos con menor desarrollo (IDS) y se reconoce ahora junto al zonaje y peligrosidad, como un solo rubro con cargo a zonaje, sustituyendo la fórmula porcentual de cálculo por un sistema de puntos de valor fijo.
Según el MEP, a partir de este cambio normativo, se reúne en una sola cuenta presupuestaria lo que antes se giró como IDS y lo que se pagó como zonaje, siendo ese el único monto a pagar, “sin incremento alguno”.
¿Cuál es el efecto de esa transformación en las finanzas del MEP?
Se desconoce. El MEP remitió una presentación de Power Point que explica cómo se calculará el incentivo incluyendo las variables que se tomarán en cuenta pagar pagar ese plus y los puntos que tendrán cada uno de ellos. Sin embargo, no detalla a cuánto equivale cada punto ni el costo total de lo que piensa pagar.
A la diputada Ana Lucía Delgado le preocupa las 2.000 plazas para cocineras que se incluyeron en el presupuesto 2021, actualmente en discusión.
Delgado dijo que si el plenario acoge el dictamen de mayoría de la Comisión de Haciendarios, que recomienda rechazar el presupuesto, el plenario se podría constituir en comisión y allí los diputados pueden proponer los cambios que quieran.
“Si se mantiene esta ausencia de claridad técnica, de justificación presupuestaria, en cuanto al supuesto ahorro mediano y largo plazo, vamos a procurar meter la moción (para eliminar esas 2.000 plazas del presupuesto)”, dijo la legisladora.
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