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El Ministerio de Educación Pública (MEP) insistirá en la intención de contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para el desarrollo de infraestructura educativa.
Para lograrlo, sin embargo, deberá encontrar los recursos necesarios, luego de que en abril la Contraloría le negó la autorización para suscribir un contrato con esta agencia de la ONU, por no disponer de contenido presupuestario.
Así lo informó el viceministro administrativo del MEP, Marco Fallas, quien explicó que el Ministerio está impulsando, en el tema de infraestructura educativa, "modelos de gestión para elevar los niveles de eficiencia y efectividad".
Días atrás, el MEP afirmó a este medio de que el modelo de gestión de las Juntas de Educación para desarrollar infraestructura educativa estaba "rebasado", lo que provoca atrasos en la entrega de los proyectos. A marzo del 2017, las Juntas tenían sin uso ¢133.000 millones a pesar de las necesidades de nuevas escuelas.
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"Consideramos de la mayor importancia aprovechar la reconocida experiencia técnica, y acreditación de agencias de cooperación internacional como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El MEP cuenta dentro de sus metas, con la premisa para disminuir las brechas sociales y económicas, utilizando diferentes estrategias, una de ellas la cooperación internacional al más alto nivel, pero siempre bajo los principios y normas de la legalidad y transparencia", dijo el funcionario.
El MEP firmó el convenio con UNOPS pese a que en el país esta agencia no ha podido agilizar obra pública. La construcción de puentes y pasos a desnivel a cargo de UNOPS han tenido poco avance en 3 años.
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El contrato con UNOPS que la Contraloria General de la República (CGR) no refrendó incluía el gerenciamiento de 18 proyectos de infraestructura y la gestión para el levantamiento inicial del Inventario Nacional de Infraestructura Educativa.
Dicho convenio, suscrito por un monto de $32,7 millones, fue rechazado por un error presupuestario del MEP, debido a que le asignó una subpartida para Juntas de Educación que se encontraba dentro del presupuesto del Programa de Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo.
El ente contralor le cuestionó al MEP cómo serían utilizados los fondos para cubrir el contrato, si la subpartida podría tener un uso previamente determinado y que no podía ser utilizado para otro fin.
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"Considerando que sobre el tema de fondo la Contraloría General de la República no plantea objeciones, se procurará atender lo relativo a la debida ubicación presupuestaria de los recursos correspondientes. Ni este ni ningún otro proyecto se ha elaborado con la intención de cambiar los objetos del gasto previstos en el plan operativo anual del MEP", dijo Fallas.
