Niños de escuelas dañadas por terremoto hace 6 años reciben clases entre árboles o latas de cinc

"No se justifica. Seis años después del terremoto de Nicoya no debería haber avances en la reconstrucción de las escuelas, hace mucho debieron haber terminado con eso. Simplemente, no se justifica".

Luis Ángel Villagra Quirós, supervisor del circuito 07 del MEP, en el cantón de Nandayure, muestra con estas palabras su indignación de que a cinco años y cinco meses (2.000 días) del terremoto de 7,6 grados del 5 de setiembre del 2012, nueve de los 17 centros impactados por el sismo en ese cantón guanacasteco aún no se hayan podido reconstruir.

La situación se repite en otras regiones afectadas: de las 145 escuelas y colegios dañados por el terremoto de ese miércoles a las 8:42 a. m. aún el MEP no ha podido terminar de reconstruir 65.

Los alumnos continúan recibiendo clases en estructuras dañadas y falseadas o se han tenido que acomodar en sitios no aptos para recibir lecciones, como un salón comunal, un galerón o en un comedor.

De los 65 centros en los que aún no se han terminado las obras, 13 están en construcción, en 25 aún no se ha iniciado su levantamiento, 11 están todavía en etapa de diseño, 9 en fase de contratación de servicios profesionales y los 7 restantes aún en primeras gestiones.

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Lo anterior ocurre a pesar de que el Gobierno de ese entonces emitió el decreto de emergencia N° 37305 para ordenar una intervención "urgente y a la mayor brevedad posible" para reconstruir los edificios dañados, cuyo costo se calculó en ¢8.000 millones de ese entonces.

Esa declaratoria habilitó un mecanismo excepcional que permite a las instituciones contratar, de una manera más ágil, las obras de reconstrucción. Con este mecanismo se evitan los lentos procesos de licitación: simplemente, se piden cotizaciones a empresas constructoras, se contrata la más conveniente y se levanta la obra.

Villagra explicó que en Nandayure "la escuela La Soledad fue declarada inhabitable por el Ministerio de Salud, siete niños estudian en un galerón viejo,al igual que hace seis años. La escuela La Roxana también quedó inhabitable, siguen trabajando en un comedor. La DIEE se ha demorado mucho la reconstrucción, uno no sabe por qué, considerando que los niños no están recibiendo clases en un lugar agradable. Uno no se explica qué pasa, si la plata ya está depositada en las cuentas de las Juntas de Educación pero no se qué pasa con ese departamento".

La misma auditoría interna del MEP regañó a las autoridades de Ministerio porque por los atrasos en la ejecución de las obras “algunas empresas han rescindido los contratos de construcción de las obras que les fueron adjudicados”.

"Los directores reclamaron que en las cuentas de las Juntas de los centros educativos se encuentran dineros depositados desde el año 2012, con la finalidad de suplir esas carencias, que a la fecha no se han solucionado, lo que es contraproducente pues el dinero se devalúa y los costos de los materiales aumentan", indica la Auditoría.

En el informe se cuestionó que, por la lentitud de las autoridades en la reconstrucción, los niños y docentes han estado expuestos a riesgos e inclemencias del tiempo e incomodidades; "recibiendo clases a la intemperie, debajo de los árboles, en los corredores o en aposentos cerrados por latas sin ventilación".

Por ejemplo, en el Colegio Naranjo el terremoto dañó el taller de industriales, salón de actos, un taller de prevocacional, la biblioteca y un pabellón con siete aulas. Los primeros tres fueron demolidos y se suponía que se debían arreglar la biblioteca y el pabellón.

Floribeth Mora, directora del centro educativo, contó que a la fecha eso no se ha hecho. Los casi 2.000 estudiantes que reciben clases allí continúan recibiendo estudiando en las aulas con las paredes agrietadas y siguen usando la biblioteca con un auditorio que tiene una orden sanitaria que les impide usarlo pues es un riesgo para los alumnos.

"Tenemos que seguirlo usando porque hay que acomodar a los alumnos. El 4 de agosto del 2016 fuimos a la DIEE para ver qué se podía hacer para reparar las necesidades del colegio tras el terremoto pero a la fecha no tenemos fechas para iniciar las obras, planos ni nada", contó Mora.

Según el Ministerio de Educación, el Colegio de Naranjo se encuentra en la etapa de "contratación de servicios profesionales".

Costo de obras se disparó

Marco Fallas, viceministro administrativo del MEP, atribuye el atraso a varios factores. Entre ellos, explicó que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP realizó el registro de los daños en los centros educativos pocos días después de que ocurriera el terremoto, pero no se tomaron en cuenta las réplicas que ocasionaron otros daños.

Dijo que en algunos centros ocurrió, por ejemplo, que cuando el contratista se hizo presente a ver los daños para hacer el diseño, el deterioro era más del indicado en el levantamiento inicial.

"Se tuvo que cambiar los alcances, variar presupuestos. (Al entrar a la administración en 2014) nos encontramos proyectos detenidos. Algunos procesos de licitación resultaron infructuosos. Además, en el MEP no había una estructura para atender emergencias", explicó Fallas.

La variación de los presupuestos hizo que el costo de las obras de reparación de los daños ascendieran a poco más de ¢18.000 millones, que es lo que actualmente se le ha transferido a las Juntas de Educación para la reconstrucción aunque una parte de ese dinero no se ha invertido.

Fallas añadió que, cuando entraron en el 2014, solo seis de los 145 centros habían sido reparados y entregados, pero que hoy ya llevan 80 centros reconstruidos.

Indicó que, además, a nivel institucional, se creó el Programa para Atención de Emergencias.

En infraestructura educativa, el MEP no solo ha tenido atrasos con las obras dañadas por el terremoto; además se han atrasado con la ejecución del fideicomiso educativo, aprobado en 2013 con el objetivo de construir 80 centros educativos y 23 canchas techadas.

A la fecha, de los 103 proyectos, solo dos se han terminado y uno se encuentra en la etapa de construcción.

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Millones esperan en cuentas

En la escuela Presbítero José Daniel Carmona Briceño, en Nandayure, afectada por el terremoto, llevan un año con ¢312 millones depositados en las cuentas de la Junta de Educación para reparar el salón de actos y un pabellón, que fueron los más afectados por el sismo.

Sin embargo, aún la construcción no se ha iniciado. Los 280 alumnos reciben lecciones en algunas aulas dañadas y, según el director, Jobnan Gamboa, tuvo que dividir un grupo de 46 estudiantes en dos para bajar el hacinamiento (uno recibe clases en la mañana y otro en la tarde).

"Ahorita están en demolición y para el curso lectivo 2018 tenemos que irnos a un salón comunal a dar las clases porque se supone que la reconstrucción (que no ha iniciado) finaliza hasta en agosto", contó Gamboa.

Justamente, por el atraso en la ejecución de las obras es que la Auditoría interna del MEP reprendió a las autoridades del Ministerio en un informe dado a conocer en octubre del 2016.

"La gestión y el desarrollo del proyecto Sámara se ejecuta sobre la base de una capacidad institucional técnica y administrativa débil, pues el departamento de Gestión de Proyectos Específicos de la DIEE, muestra una estructura organizativa frágil en donde no se dispone de regulaciones efectivas, ni de los recursos necesarios para desarrollar con eficiencia un proyecto de 145 construcciones", comentó la Auditoría en el informe.

La Auditoría cuestionó que del 5 de setiembre del 2012 al 30 de setiembre del 2015 se terminaron reparaciones únicamente 21 de los 145 centros educativos.

Según el "Informe 10-16 Proyecto Sámara" los atrasos en la ejecución y conclusión de las obras son producto de la "falta de esfuerzo e interés suficiente" de los diferentes directores que ha tenido la DIEE en los últimos seis años.

"Por esta lentitud e ineficiencia operativa del proyecto, algunas empresas han rescindido los contratos de construcción de las obras que les fueron adjudicados, ocasionando que los centros educativos no se construyan y por ende en detrimento de la enseñanza y aprendizaje de los niños y jóvenes, que reciben lecciones a la intemperie o en aposentos no aptos", se explica en la investigación.

Inclusive, la Auditoría se detectó que ¢3,6 millones de los fondos del Proyecto Sámara fueron "desviados" para atender las necesidades de otro centro educativo que no formaba parte de las escuelas y colegios afectados por el terremoto.

Tras la investigación, la Auditoría solicitó al viceministro Marco Fallas, entre otras cosas, la conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario que diseñara un plan estratégico remedial para agilizar los procesos de construcción.

Además, pidió informes mensuales de la ejecución y evaluación de las obras del proyecto para mantener un "estricto control" de los avances.

También se pidió establecer las responsabilidades a Carlos Villalobos Argüello, anterior director de la DIEE, por "extralimitarse en sus competencias y variar el destino de una partida presupuestaria" al transferir dinero a otro centro educativo que no formaba parte de los que fueron afectados por el terremoto.

Estado de proyectos pendientes