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El 16 de marzo, Casa Presidencial y el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunciaron que la comunidad de San Vicente de Talamanca, en Limón, estaba esperanzada porque por fin se había adjudicado la construcción del nuevo Liceo Rural Usekla. La obra fue encargada al consorcio LEMA-Dimmsa, por un monto de ¢755 millones.
El MEP permitió la contratación a pesar de que la empresa LEMA S. A. había incurrido en un incumplimiento con la Escuela de Batán, en Matina, cuya construcción comenzó el 15 de mayo del 2020 y debía entregarse el 10 de diciembre del mismo año, según el oficio DVM-A-DIEE-DEC-0806-2020 enviado por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP a Luis Leandro, representante legal de LEMA S. A.
De acuerdo con la directora de la Escuela de Batán, Xinia Hernández, el inmueble para 900 escolares sigue sin concluirse. El proyecto de ¢1.213 millones permanece con un avance del 52% y al menos durante estos primeros meses de 2022 no ha experimentado ningún adelanto.
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Por medio de la oficina de prensa, Catalina Salas, directora de Infraestructura Educativa, confirmó que el proyecto está en mora. “El contratista tiene la obligación de terminar con las obras, desde el punto de vista contractual. En caso de que el contratista no avance con las obras o abandone el proyecto, esto implica una causal más para hacer una resolución contractual”, dijo.
La funcionaria ratificó que la construcción está en un 52% aunque la nueva fecha de finalización de las obras se pactó para el 26 de febrero del 2022. Al viernes 25 de marzo, el contratista tenía una mora de 26 días.
“Los incumplimientos del contratista se han evidenciado y se está valorando realizar una resolución contractual. Durante el proyecto, el funcionario a cargo de la inspección, ha realizado gran cantidad de acciones para que el contratista termine, las cuales incluyen: advertencias verbales y escritas, reuniones con los profesionales destacados en el proyecto y con administrativos de la empresa contratista, reorganización de actividades en el cronograma, etc. Por lo que, en seguimiento del debido proceso, se ha realizado todo lo necesario y posible para que el contratista cumpla con lo establecido en el contrato”, dijo el MEP.
La Nación solicitó información sobre las razones del incumplimiento que ha dado la empresa y la adjudicación de una nueva obra, pero al cierre de esta nota no se habían recibido respuestas.
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Decisión de las Juntas
¿Por qué se adjudicó una nueva escuela al contratista incumpliente?
El argumento de Catalina Salas es que las decisiones no corresponden al MEP. Según dijo, las resoluciones de incumplimiento las resuelve la administración contratante, que en este caso son las Juntas de Educación o Administrativas de cada centro educativo, consideradas “administraciones independientes”.
Son estas, añadió, las que pueden inhabilitar a una empresa para futuros actos.
“Otras juntas no podrían descartar a empresas a menos que exista un hecho inhabilitante que impida a la empresa participar por otros motivos. El proceso de resolución debe quedar en firme para que una empresa se pueda inhabilitar; hasta que no quede en firme no se tienen por finalizado el proceso”, explicó Salas.
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La funcionaria aseguró que como el plazo para la entrega de Escuela de Batán se agotó, se han realizado múltiples acciones con el objetivo de encontrar un camino para el proyecto. Informó de reuniones con personal de la Contraloría General de la República, de la Dirección Jurídica del MEP, así como con el director regional y director de Gestión y Desarrollo Regional.
“Con esas reuniones, se ha logrado definir un camino tanto para el proceso de resolución contractual como para la gestión ante la CGR del trámite de la continuidad de proyecto para lograr su conclusión”, declaró.
