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Desde este momento y por “los siguientes años” no se podrán realizar trabajos de mantenimiento en los centros educativos públicos. Esa fue la orden que recibieron las Juntas de Educación (de escuelas) y las Juntas Administrativas (de colegios) como medida de ‘austeridad’ ante la crisis en las finanzas estatales.
Sin embargo, al tiempo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) pide no gastar en obras preventivas con el riesgo de mayores deterioros que provocan órdenes sanitarias, no cesa en su objetivo de crear 2.000 plazas más. Es decir, el Gobierno recorta la inversión en mantenimiento de escuelas por la “cultura de austeridad”, pero le pide a los diputados, por segundo año consecutivo, autorización presupuestaria para crear 2.000 plazas de cocineras escolares para el 2022.
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Las plazas implicarían erogaciones adicionales por pago de pluses, los cuales actualmente no se les paga a esas trabajadoras que ya están contratadas, a nivel privado, por las Juntas de Educación. De acuerdo con la instrucción emitida por el MEP, la única excepción para realizar trabajos en las instalaciones es la atención de órdenes sanitarias urgentes y avaladas por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE).
Así consta en la circular DVM-PICR-0040-2021 enviada por la viceministra de Planificación Institucional, Paula Villalta, el 31 de agosto, sobre restricciones presupuestarias a las Juntas debido “a la cultura de austeridad que se ha solicitado al Gobierno Central como mecanismo paliativo de la crisis que enfrenta el país”.
Indicaciones
El documento enviado por Villalta recuerda que las Juntas de Educación y Administrativas están sometidas a las disposiciones legales que regulan la asignación, uso, supervisión y control de fondos de los recursos públicos canalizados por el Presupuesto Nacional y otras fuentes de financiamiento con el fin de atender las necesidades de los centros educativos y mejorar el bienestar de la población estudiantil.
Según el MEP, de acuerdo con la promulgación del decreto ejecutivo N° 42798-H de Medidas para la Reducción del Gasto Público, publicado en La Gaceta, el 12 de enero de 2021 y lo instruido en el oficio (DM-0292-2021), “se ve en la obligación de subejecutar una serie de rubros que incluyen gastos operativos para el funcionamiento de los centros educativos”.
El decreto al que hace referencia establece un techo a la ejecución presupuestaria del presente año basado en la aplicación de la regla fiscal, la cual está incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Al amparo de estas disposiciones, el MEP solicitó a las Juntas de Educación y Administrativas aplicar las siguientes medidas de limitación del gasto, “durante los siguientes años”:
-No realizar erogaciones en nuevos procesos de contratación administrativa para la adquisición de bienes o servicios que no sean urgentes e indispensables para el funcionamiento del centro educativo, menos cuando no disponga de la totalidad de los recursos para realizarlo, es decir, no deben contar con ingresos futuros que no han recibido.
“Esto incluye no realizar gastos en mantenimiento del centro educativo, excepto que se trate de órdenes sanitarias urgentes y avaladas por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE)”, explica la circular.
-No contratar nuevo personal de apoyo a la gestión directa de las Juntas, tales como secretarias, asistentes, administradores entre otros.” Sí podrán contratar amanuenses, cocineras, guardas o misceláneos, siempre que sean indispensables para el funcionamiento del centro educativo”.
-No comprar mobiliario o equipo de oficina o de otro tipo no indispensable, para los centros educativos ni para las Juntas.
“En el caso de equipo de cómputo solo se podrán adquirir si los mismos son urgentes e indispensables”, explicó la viceministra.
-En el caso de los recursos provenientes de la Ley 7552 (sobre la Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades), el MEP ordenó dar prioridad a la atención de los gastos de operación básicos de los centros educativos y “no incurrir en gastos que no sean indispensables para el funcionamiento de la institución o de la Junta”.
Ricardo Riveros, director de Gestión y Desarrollo Regional del Ministerio, expresó que esa circular debe ser entendida como un “llamado a la prudencia” a las Juntas para realizar los gastos estrictamente necesarios en medio de la situación presupuestaria que vive el país.
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Explicó que muchas veces los miembros de Juntas usan el dinero que se les da para gastos operativos en atención de mantenimiento o reparaciones menores en los centros educativos, debido a que la DIE no les deposita dinero para este fin.
La circular advierte de que los gastos que no sean estrictamente necesarios se deben evitar para que el centro educativo cubra primero sus gastos de operación para lo que resta del año.
“No es un cierre irrestricto de la inversión o del uso de estos recursos, es un llamado a la prudencia, para que se haga uso en los casos que sea estrictamente necesario para poder garantizar medidas de contención para el tema de covid-19 como jabón de manos, la provisión de agua, alcohol en gel, etc”, manifestó el funcionario.
Riveros aclaró que si se rompe un tubo o se daña la instalación eléctrica y la Junta tiene dinero puede invertirlo, porque son gastos básicos para la operación normal del centro educativo. Así lo manifestó aunque la circular señala textualmente “no realizar gastos en mantenimiento del centro educativo”, a no ser que sean a causa de órdenes sanitarias que dicta el Ministerio de Salud.
Órdenes sanitarias
No obstante, aun y cuando se permita usar fondos para atender esas órdenes sanitarias, el propio MEP ha admitido la imposibilidad de hacerlo.
En el país hay 4.400 escuelas y colegios públicos, de los cuales 874 tiene órdenes sanitarias. De esas 72 son órdenes de cierre dadas las malas condiciones de los edificios. Estos últimos casos son los considerados en categoría “roja”, de “riesgo para la vida humana”. Los restantes 802 están en condición amarilla y verde, con necesidad de mantenimiento mayor y menor.
Steven González, viceministro del MEP, reconoció que la causa de las órdenes sanitarias es la falta de mantenimiento a los centros educativos que ha prevalecido por años. Dada la situación, la nueva instrucción podría derivar en un mayor número de órdenes.
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Según informó el Ministerio a La Nación, en julio de este año, se necesitarían al menos $500 millones para atender las órdenes sanitarias existentes, lo que al tipo de cambio actual son unos ¢310.000 millones. Se trata de recursos que no tiene. De hecho, la cifra es casi 15 veces el presupuesto actual de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), que para este año recibió ¢21.000 millones para ejecutar obras.
El MEP estimó requerir una inversión anual de ¢61.000 millones solo para el rubro de mantenimiento de centros educativos. Ese dinero no incluye la construcción de obra nueva.
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